El ex presidente Alejandro Toledo es investigado por la fiscalía por presuntamente haber recibido sobornos de empresas brasileñas. (Foto: EFE)
El ex presidente Alejandro Toledo es investigado por la fiscalía por presuntamente haber recibido sobornos de empresas brasileñas. (Foto: EFE)
Karem Barboza Quiroz

El juez  rechazó el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato para aumentar de S/2.7 millones a  S/12 millones el monto provisional de la reparación civil que deberá pagar el ex presidente y sus coprocesados en la investigación a Camargo Correa.

El magistrado tomó esa decisión al determinar que la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc estaba mal planteada y no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley.

Como se recuerda, El Comercio informó que la cifra a considerar como reparación civil era de S/12’901.276,73 millones. El monto, indicó la defensa jurídica del Estado,  aumentaría a medida que avancen las investigaciones.

Sin embargo, durante la audiencia pública celebrada la mañana de hoy en la Sala Penal Nacional, el juez Concepción cuestionó a la defensa del Estado por no haber realizado un adecuado desarrollo de la petición y haber alcanzado los estándares que exigen los conceptos de la reparación civil.

A la audiencia no acudió la defensa de Toledo Manrique, pero sí de las empresas constituidas como terceros civiles responsables. Todos ellos solicitaron que se rechace el pedido de la procuraduría.

En su resolución, el juez Concepción Carhuancho se pronunció sobre dos aspectos. El primero es que "sí es viable jurídicamente que se solicite un aumento de reparación civil a pesar de que dicha figura no está prevista legalmente; siempre y cuando la medida se sustente en nuevos hechos y se sustente en el artículo 100 del Código Procesal Penal".

El segundo aspecto se refirió a si el pedido de la procuraduría era amparable o no.

"Sobre el pedido de incrementar el monto de reparación civil formulado por la procuraduría, este despacho la va declarar inadmisible por no haber cumplido con los requisitos legales", resolvió el magistrado.

Explicó que la pretensión del despacho dirigido por el procurador Jorge Miguel Ramírez, "no ha cumplido con los requisitos legales básicos de su pretensión"

"Está pretendiendo el incremento de la reparación civil en la suma de S/12’901.276,73 millones; sin embargo en todo el contenido de su escrito no se aprecia contra quiénes específicamente está dirigiendo dicha pretensión (investigados y terceros civiles responsables)", remarcó.

Otro aspecto, señaló Concepción Carhuancho, la procuraduría señala un monto, pero "no precisa el tipo de daño exigible y cómo se llega a dichos montos, es decir si es por concepto de daño patrimonial, extrapatrimonial, daño emergente, lucro cesante u otros".

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