Juez señala que José Miguel Castro presionó a testigos

Por Mario Mejía / Karem Barboza

El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso ayer, en audiencia pública, la medida de prisión preventiva por 18 meses para José Miguel Castro Gutiérrez, gerente de la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.

La fiscalía le imputa al ex funcionario edilicio haber solicitado dinero a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocación y para financiar el intento de reelección de la ex burgomaestre, por US$10 millones en total.

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El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria sostuvo en su resolución que varió la comparecencia que tenía Castro por la medida de prisión preventiva porque considera que hay graves y fundados elementos de convicción sobre la responsabilidad de Castro en las imputaciones mencionadas.

El magistrado dijo que con los nuevos elementos presentados por la fiscalía es posible sustentar lo siguiente: “Nos encontramos ante un presunto organismo criminal que buscó permanecer en el poder con el objeto de ejecutar actos de corrupción y lavado de activos”.

Agregó que los nuevos elementos permiten establecer que Castro no solo solicitó dinero a las constructoras brasileñas, sino también contribuyó a que el dinero producto de la corrupción ingresara al circuito económico legal mediante las campañas del No y la reelección.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso como nuevos elementos las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que Castro pidió “la entrega de recursos para la campaña del No por medio de contratos en Brasil al publicista Valdemir Garreta y a la empresa Ogilvy, además de los ingresos de dinero a través de Luis Gómez-Cornejo”.

Otro aspirante a colaborador ratificó que Castro Gutiérrez acordó ayudar a OAS para resolver ‘impasses’ en el proyecto de la Línea Amarilla.

El juez expresó que también se cumple con el requisito de la existencia de peligro procesal (riesgo de fuga y obstaculización de la investigación).

Al respecto, la fiscalía había presentado un informe sobre el audio de las conversaciones entre Villarán, Castro y Gabriel Prado, ex gerente de Emape . “Existía coordinaciones de los investigados sobre hechos de la investigación declarado por terceras personas”, dijo la fiscal Ángela Zuloaga.

—Amenazas—
Según la fiscalía, Óscar Vidaurreta, gerente de Ogilvy, narró que Castro lo citó en el hotel Park Plaza en agosto del 2018 y le indicó que dijera que solo lo conocía de una reunión social y le señaló que sus abogados lo iban a acompañar a declarar, lo cual causó temor al testigo. El juez indicó que esa era una muestra de que Castro ejerció presión en los testigos.

La fiscal añadió que otro aspirante a colaborador también “corroboró que Castro presionaba y amenazaba a OAS que si no le pagaba tenía los medios para hacerse pagar”.

De acuerdo con la resolución del juez, otra muestra de obstaculización en las investigaciones por parte de Castro Gutiérrez son sus numerosas inasistencias a las citaciones de la fiscalía en el 2015 y el 2016.

Chávez Tamariz resaltó que la defensa de Castro no ha cuestionado los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Igualmente, el juez recordó que Villarán declaró en radio Exitosa que se demoró en admitir la entrega de dinero de Odebrecht y OAS porque tenía un acuerdo con Castro para no hablar de eso.

“Esta declaración, sumada a que Castro estuvo participando para acogerse a una colaboración eficaz demuestra que existían coordinaciones entre la líder de la organización para mantener coartadas que resultan contrarias a la búsqueda de la verdad”, dijo.

Castro negó que forma parte de una asociación ilícita para delinquir y confirmó: “Hace dos semanas tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración, pero el proceso colapsó el lunes en la noche”.

—Audio de Prado—
En cuanto al audio grabado por Gabriel Prado, el abogado del ex gerente municipal, Benji Espinoza, sostuvo que este estaría editado y agregó: “No hay prueba pericial y la voz no corresponde a mi cliente”.

Espinoza también negó que existiera riesgo procesal. Recalcó que su defendido cumplió con todo lo establecido en la comparecencia con restricciones.

En cuanto a las declaraciones de los aspirantes a la colaboración eficaz, dijo que son recientes y que estos no dicen que han sido intimidados por su defendido.

Castro manifestó que su conducta siempre fue impecable y que iba a someterse a lo que diga la justicia.