El desactivado CNM ahora se llamará Junta Nacional de Justicia. (Foto: Archivo El Comercio)
El desactivado CNM ahora se llamará Junta Nacional de Justicia. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

Una de las reformas constitucionales aprobadas en el del pasado domingo 9 de diciembre hace alusión a la conformación y funciones de la , organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura ().

Como se recuerda, los audios que dieron cuenta de cuestionados manejos del sistema de justicia causaron que, en julio pasado, el pleno del Congreso de la República aprobara la remoción de los miembros del otrora CNM y además declarara en emergencia a dicho organismo.

Esto, con el fin de someter su composición, objeto, funciones y estructura orgánica a un proceso de reevaluación y reestructuración hasta por un período de nueve meses.

Bajo ese escenario, se suspendió la vigencia de la ley orgánica del ex CNM hasta la conclusión de proceso señalado. Posteriormente, vino el referéndum.

Este martes, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. A continuación, algunos puntos claves sobre la nueva institución.

¿Qué está pendiente para su implementación?
Según lo señalado en la reforma aprobada en el referéndum, lo que correspondía primero era que el Ejecutivo o los congresistas elaboren proyectos de ley de desarrollo constitucional sobre la materia.

Por ejemplo, una iniciativa para la ley orgánica de la junta, como la presentada por el Ejecutivo este martes, e incluso otra para nombrar a la comisión especial que elegirá a sus miembros.

Estas propuestas se discutirán en las comisiones parlamentarias y finalmente tendrán que ser aprobadas en el pleno.

¿Cuáles serían sus funciones?
La reforma constitucional aprobada señala que la junta nombrará —previo concurso público de méritos y evaluación personal— a jueces y fiscales de todos los niveles; decidirá la ratificación de estos cada siete años; también aplicará sanción de destitución a jueces y fiscales supremos, así como de amonestación o suspensión de hasta 120 días calendario debidamente motivada y con previa audiencia del interesado.

Otras funciones son: registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales; extender a estos el título oficial que los acredita y presentar un informe anual al pleno del Congreso.

¿Cómo estaría conformada?
Contará con siete miembros titulares, seleccionados para un período de cinco años y con reelección prohibida. Tendrán suplentes que serán convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso de selección.

Entre los requisitos para ser miembro de la junta se señala ser peruano de nacimiento, tener más de 45 y menos de 75 años, ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido cátedra universitaria por no menos de 25 años o haber ejercido investigación en materia jurídica por lo menos durante 15 años; no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral.

¿Cómo se elegiría a sus miembros?
A través de un concurso público de méritos. La selección se realiza en un plazo no mayor de 90 días calendario luego de la entrada en vigencia de la modificación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

El concurso estará a cargo de una comisión especial. Esta debe instalarse, a convocatoria del defensor del Pueblo, seis meses antes del vencimiento de mandato de los miembros de la junta y cesa con la juramentación de los miembros elegidos.

¿Quiénes conformarían la comisión especial seleccionadora?
La comisión cuenta con siete integrantes y es presidida por el defensor del Pueblo.

Los otros seis integrantes son: el presidente del Poder Judicial; el fiscal de la Nación; el presidente del Tribunal Constitucional; el contralor general de la República; un rector elegido en votación por rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad y un rector elegido en votación por los rectores de universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.