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El expresidente Alberto Fujimori, quien salió recientemente en libertad por decisión del Tribunal Constitucional (TC), solicitó ante el Poder Judicial que se extienda la aplicación de su derecho de gracia que recibió con su indulto humanitario para que no sea procesado por el caso Pativilca.
Antes que se le otorgara la palabra, fue su abogado Elio Riera quien solicitó a la sala de magistrado que se aplicara los mismos motivos por los cuales fue indultado para que se le aparte del proceso judicial. Fujimori insistió en este pedido.
“Yo solicito, apoyando a mi defensa, que se respete el derecho de gracia, pero manifiesto explícita y claramente mi disposición a participar en estas audiencias para que se conozca la verdad, por qué estos militares eliminaron a estos inocentes campesinos”, señaló.
Alberto Fujimori reiteró lo que señaló su abogado, indicando que no se le podía procesar por autoría mediata por los crímenes ocurridos contra los seis campesinos que fueron asesinados en Pativilca por militares en 1992.
“Por ejemplo, en el caso Pativilca, en La Cantuta y en todos los otros casos cometidos por el grupo Colina no sabemos si eran inocentes, cuál era la red que manejaba. Por eso es que se dio énfasis en eso y hacer inteligencia no significa asesinato. Hacer inteligencia significa buscar quiénes quieren y una vez reconocidos, capturarlos como se hizo en su momento”, aseguró el exmandatario.
En su participación, también detalló que desde el 2017 cuando se le otorgó el indulto hasta el 2023 se le ha diagnosticado fibrilación auricular y una enfermedad pulmonar que lo hace oxígenodependiente, insistiendo así en su pedido para no ser procesado como acusado.
“No quisiera colisionar con el derecho a la verdad. Soy el primer interesado en que se conozca la verdad. Porque los mandos responsables de las FF.AA., de la PNP y del SIN no ordenaron, no tenían esa política de eliminación y sobre todo de gente inocente como los campesinos de Pativilca”, concluyó.
La fiscalía solicita 25 de prisión contra Fujimori, excarcelado el pasado 6 de diciembre por decisión del Tribunal Constitucional (TC), y quien es acusado por este caso como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía y en contexto de lesa humanidad, por la matanza de seis personas en 1992 por parte del Grupo Colina.
