Allanamiento a revista "Juez Justo" se habría filtrado

ELIZABETH SALAZAR

La noche del martes, cuando la policía allanó la sede de la revista “Juez justo”, la información de valor ya había sido retirada. Dos de las habitaciones los esperaban sin computadoras ni archivadores, solo cables desconectados y trozos de papel regados por el suelo. La casa de San Isidro, desde donde Benedicto Jiménez digitaba este semanario fue vaciada con poca antelación y “por un soplo de adentro”, suponen fuentes de la fiscalía.
 
“Este es un atropello a un medio de comunicación. Es una violación a la Constitución y a la libertad de expresión”, alcanzó a decir el también oficial en retiro cuando regresaba a su otrora centro de operaciones, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), pero esta vez como detenido.
 
Ahora, en un ambiente especial del piso 8 de la Dirincri, se refugia en el derecho al secreto profesional de la prensa y se niega a declarar. En su informe por presunto lavado de activos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluye a “Juez justo TV” y la revista homónima como parte de la red de empresas digitadas por Rodolfo Orellana. Antes de pasar a manos de Jiménez, Orellana fue su gerente. Más tarde, el director ejecutivo fue Churchill Bruce Ríos Vela, el hijo adoptivo de Orellana.

PORTADAS A PEDIDO
Este semanario, pese a carecer de publicidad, se reparte gratuitamente en el Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones del Estado con un claro objetivo: amedrentar.

La procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, y el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, fueron sus blancos favoritos; pero no los únicos.
 
Solo en las 32 ediciones de “Juez justo”, publicadas entre julio y diciembre del 2013, se encuentran páginas dedicadas a descalificar a 33 jueces y fiscales que investigaban a Orellana o a sus allegados. Al mismo tiempo, se escribieron halagos y cerradas defensas para otros 23 magistrados, también vinculados a sus intereses.

Titulares como “Intentan manchar el nombre del Dr. Falconí” santificaron al vocal de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres, Carlos Falconí Robles, quien pese a ser columnista de “Juez justo”, no se inhibió y absolvió a Benedicto Jiménez de una denuncia por difamación que le entabló la procuradora Julia Príncipe.
 
En otra nota titulada “Querida funcionaria judicial”, le llueven halagos a Claudett Delgado, quien dirigía el concurso de selección de nuevos jueces en la OCMA, la oficina en que Orellana y Jiménez denunciaban a todo juez que los ponía en la mira.
 
Uno de ellos fue el juez César Rivero Ramos, protagonista de la nota titulada “La Odecma investiga a juez por irregularidades”, entre otras publicaciones. Todo empezó cuando asumió dos procesos por difamación contra ambos personajes, pero cuando convocó lectura de sentencia fue víctima de seguimiento y quejas ante la OCMA.
 
Al fiscal Freddy Vizcarra, que intentó investigarlos por defraudación tributaria y lavado de activos, le dedicaron portadas denigrantes y terminó inhibiéndose del proceso. Lo mismo sucedió con el fiscal provincial de Santa Anita, César Espinoza, quien se convirtió en portada  desde que asumió un proceso contra Giovanni Paredes, otro de los blancos de Orellana.
 
La última víctima de la revista fue el juez superior René Martínez, quien empezó a anular los amparos emitidos en Ucayali a favor de Rodolfo Orellana.

AMEDRENTAMIENTO
INTELIGENCIA MILITAR
Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana son socios en la empresa Investigaciones Corporativas S.A.C., dada de baja en la Sunat al año de su fundación. En registros públicos figura como una empresa dedicada a “la consultoría y gestión en seguridad, utilizando la investigación, estrategia, metodología combinada de inteligencia militar, detectivismo y seguridad ciudadana’’.

VOX PÓPULI Y QUINTO PODER
Estos otros dos semanarios, también dirigidos por Jiménez, se usaron para desprestigiar a más  magistrados. Una fue Jenny Vargas, jefa de la Odecma de Ucayali, quien tenía en sus manos las quejas contra los jueces que favorecían con amparos a Orellana. “Vox Pópuli” publicó sus informes médicos y ella optó por dejar el cargo.