Caso Ramírez: ¿Se justifica inclusión de Keiko en indagaciones?

La corrupción promovida por Odebrecht ya no es el único tema del que se habla en el ambiente político local. Ayer se conoció que la fiscalía ha iniciado una investigación preliminar a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos.

La ex candidata presidencial fue incluida por el Ministerio Público en las pesquisas que se le siguen al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

Entre los elementos que habría valorado Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, figura información proveniente de indagaciones de dos despachos fiscales especializados en lavado de activos.

La fiscalía sustenta su decisión en que Keiko Fujimori habría entregado US$15 millones a su ex secretario general en 2011 con el objetivo de “lavarlos” para la campaña que se realizó ese año. Dicho dinero habría sido “blanqueado” a través de la cadena de grifos del actual legislador fujimorista Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez.

Vale anotar que los datos sobre la supuesta entrega de dinero fueron proporcionados por el piloto Jesús Vásquez, quien colaboró en una operación de la Drug Enforcement Administration (DEA) sobre el ex secretario de Fuerza Popular.

Asimismo, la fiscalía también sospecha de la adquisición de dos inmuebles por parte de Joaquín Ramírez, valorizada en más de US$2 millones. Los predios, finalmente, fueron utilizados por Fuerza Popular como local de campaña y para el funcionamiento de la ONG Oportunidades.

Como se esperaba, la reacción de los integrantes de Fuerza Popular llegó en tiempo récord. “La única que tiene las manos limpias con el tema de la corrupción de Odebrecht es Keiko Fujimori”, defendió la legisladora Cecilia Chacón.

En un tenor similar, el vocero fujimorista Luis Galarreta señaló que hay una campaña orquestada contra su lideresa y su agrupación política. “Están desesperados y buscan cómo desprestigiar", cuestionó.

Teniendo en cuenta las reacciones políticas y el sustento legal esbozado por el Ministerio Público, se levanta una interrogante: ¿La decisión de incluir a Keiko Fujimori en las investigaciones sobre el Caso Joaquín Ramírez está justificada?

Para el ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Mario Amoretti, la determinación de la fiscalía en torno a la hija del recluido ex mandatario Alberto Fujimori no debería ser cuestionada, pues sí se basa en argumentos jurídicos válidos.

“En una investigación de lavado de activos se hace uso de informaciones, indicios, reportes de compras y de gastos. De haber alguna sospecha sobre irregularidades queda en obligación del Ministerio Público investigarlo. Eso no significa que se sindiquen responsabilidades”, dijo en diálogo con El Comercio.

Según agregó, se podría considerar que este es un “trámite usual” respecto a actividades en las que se erigen sospechas cotidianas, como en lo referido a fondos partidarios.

“El Ministerio Público cometería una negligencia si es que no tomara cartas en el asunto”, recalcó.

El abogado penalista Carlos Caro, por su lado, explicó que es natural que si la fiscalía tiene noticias de un hecho criminal incluya en el proceso a los presuntos vinculados, pues el trabajo de dicha entidad radicará también en corroborar las suposiciones.

“El detalle es ese. Si la fiscalía no tiene más que un testimonio posiblemente no le será suficiente para probar el hecho”, advirtió.

Diligencias necesarias
Carlos Caro manifestó que es de suma importancia para los intereses de la investigación que se interrogue al piloto Jesús Vásquez y que no solo se haga uso de las declaraciones que se hayan obtenido a través de la prensa.

“Se tiene que buscar al piloto, citarlo con nombres y apellidos al Ministerio Público, o ver la forma de, si no viene al Perú, acudir a la cooperación internacional para recabar ese testimonio, y evaluar si es que lo dicho se puede comprobar o no”, dijo.

Respecto a adquisiciones de inmuebles y el alquiler de bienes, se deberá conocer quiénes fueron las personas que se encargaron de los trámites y cuáles son los fondos que respaldaron los tratos.

“Si en ese contexto aparece tomando decisiones o autorizando pagos la señora Fujimori, podría ser incorporada. Esto también estará condicionado a cómo el fiscal manejará la estrategia de la investigación”, remarcó el abogado.

“El tema de transferencias dependerá de quiénes han participado y de cuál ha sido la fuente del dinero. Si fue en físico, si fue bancarizado […] Por ejemplo, los bancos tienen sistemas de prevención, se supone que la plata viene limpia”, acotó.

Aspecto político
El abogado Mario Amoretti consideró que Keiko Fujimori y Fuerza Popular harían bien en colaborar con las futuras citaciones, más aún teniendo en cuenta que se trata de una investigación preliminar.

De otro lado, Carlos Caro mencionó que las acusaciones sobre un trasfondo político en la decisión del Ministerio Público no tienen sustento, pues “en la fiscalía solo se hacen procesos técnicos” y lo único que se estaría generando es “ruido”.

Además, estimó que las críticas pueden significar “un gesto para la tribuna”, pero que desde el punto de vista jurídico ello quedará como un tema anecdótico, pues el trabajo se realizará "de acuerdo a los estándares ya conocidos del sistema respecto a los delitos de lavado de activos".

“Estamos en etapa de diligencia preliminar. Recién se ha iniciado la investigación, se obtienen pruebas. Lo esencial es que la fiscalía halle datos probatorios. Si esto es muy vago, muy poco sostenible, esto podría archivarse pronto”, sentenció.

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