Casos Lava Jato y 'club de la construcción’: las implicancias de la colaboración de Graña y Montero

El último viernes fue un día clave para la empresa Graña y Montero. Poco después de conocerse su desistimiento de solicitar un arbitraje contra el Estado Peruano por el proyecto del gasoducto sur peruano, un oficio dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores reveló que la compañía ha suscrito un documento preliminar para establecer −a corto plazo− un acuerdo de colaboración eficaz. El documento también fue firmado por el equipo especial Lava Jato y la procuraduría ad hoc.

De este modo, la persona jurídica Graña y Montero S.A.A. estaría obligada a brindar información relevante sobre los casos Lava Jato y ‘club de la construcción’ a cambio de beneficios acordados previamente.

Para el abogado penalista Rafael Chanjan, el acuerdo aún permanece “en la etapa inicial del procedimiento”. Consideró que a estas alturas la fiscalía ya debe haber valorado las declaraciones realizadas por representantes de esta empresa para luego “dar paso a la corroboración”.

“La información deberá ser importante y nueva, que sirva para detectar nuevos hechos de corrupción que de momento no se conocen”, señaló a El Comercio.

Iván Meini, exprocurador anticorrupción, destacó que para llegar a este punto la constructora debe haber admitido culpabilidad, lo cual calificó como “sano”.

Según agregó, la estrategia de buscar un acuerdo es válida, pues, a diferencia de lo que opinan algunos sectores sobre una supuesta persecución a políticos, “yo centralizaría en que esto se orienta al esclarecimiento de la verdad”.

—Nuevos frentes—

Pese a que no habría una relación directa con el acuerdo firmado entre la justicia peruana y Odebrecht, un eventual convenio con Graña y Montero podría permitir contrastar lo revelado por la empresa brasileña. “Podría dar fe sobre lo que los colaboradores están diciendo”, aseguró Chanjan.

A su vez, Meini afirmó que, en ese panorama, la constructora peruana estaría obligada a no solo brindar detalles sobre su actuación en el ‘club de la construcción’, sino también sobre el desempeño de otras empresas.

“Con el transcurrir de este proceso, la posibilidad de que las otras compañías hagan lo mismo va a ser más reducida”, sostuvo.

Agregó que la fiscalía y la procuraduría deberán ser cautelosas respecto a las concesiones que darían a la empresa a sabiendas de las críticas que ya ha recibido este modelo de colaboración.