César Hinostroza: el papel del Congreso disuelto en la reducción de delitos para su extradición

Después de 21 meses rehuyendo de la justicia peruana, el exjuez supremo César Hinostroza tendrá que rendir cuentas por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El Gobierno de España aprobó este martes su extradición al Perú, del que se fugó el 7 de octubre del 2018.

La extradición será por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal, cuyas penas máximas alcanzan juntas los 16 años de cárcel. Decisiones que tomó el Congreso disuelto influyeron para que las autoridades españolas dejaran fuera el delito de organización criminal, que tiene una pena máxima de 20 años de prisión.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, Hinostroza encabezó Los Cuellos Blancos del Puerto para realizar gestiones a favor del nombramiento de jueces y otros funcionarios en el sistema de justicia. El caso se hizo público mediante la revelación de una serie de audios de conversaciones telefónicas que entablaba con otros jueces, a los que llamaba “hermanitos”. El primer audio fue revelado por IDL reporteros el 8 de julio del 2018.

En opinión del abogado penalista Carlos Caro, “que quede fuera el delito de organización criminal significa que la teoría del Ministerio Público sobre el caso Los Cuellos Blancos se debilita”. En esa línea, consideró que “la estrategia de Hinostroza ha logrado, por lo menos, un éxito parcial, porque baja los delitos por los que se le persigue”.

La pena más alta por tráfico de influencias es de ocho años de cárcel; por patrocinio ilegal, seis años; y por negociación incompatible, dos años.

La ruta del caso

El Congreso aprobó en octubre del 2018 la imputación a Hinostroza por el presunto delito de organización criminal, pero no hizo lo mismo con otros supuestos involucrados con Los Cuellos Blancos del Puerto, los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe.

Por ello, el tribunal español que evaluó la extradición de Hinostroza, señaló que “parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”.

La historia de cómo el Congreso llegó a tomar su polémica decisión se inició en julio del 2018, cuando la fiscalía de la Nación y congresistas de las bancadas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Nuevo Perú y Alianza para el Progreso presentaron denuncias constitucionales contra César Hinostroza tras la difusión de los primeros audios.

Las denuncias ingresaron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y se fueron acumulando. Ese grupo de trabajo le encargó al entonces parlamentario Oracio Pacori (Nuevo Perú) que se encargue de elaborar el informe del caso.

Pacori presentó un informe que identificaba cinco delitos a investigar: negociación incompatible, tráfico de influencias, organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico.

El documento fue aprobado por la subcomisión y enviado a la Comisión Permanente. En esta segunda instancia se decidió por mayoría excluir el delito de organización criminal. La cuestionada resolución fue tomada en la madrugada del 28 de setiembre del 2018.

En medio de cuestionamientos, el pleno del Congreso (última instancia del Poder Legislativo) optó por volver a incluir el delito de organización criminal en el caso de Hinostroza, pero no en los casos de los exconsejeros. Esto ocurrió el 4 de octubre del 2018, tres días antes de que Hinostroza se fugara del Perú a través de la frontera con Ecuador.

Han pasado 21 meses desde aquella vez y ahora, tras conocerse la resolución de España, Oracio Pacori ve con optimismo el futuro de las investigaciones a Hinostroza y otros miembros de los Cuellos Blancos.

“De manera general, la decisión que ha tomado el Gobierno Español es saludable, entendiendo que César Hinostroza tiene que ponerse a derecho. La única forma de lograrlo era el mecanismo de extradición. Creo que esto facilitará que la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto continúe y se encuentren a todos los responsables de esta red criminal que actuó dentro del sistema de justicia”, dijo.

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