El día en que César Álvarez financió a sus investigadores

El 31 de enero del 2008, el ex presidente regional de Áncash y ahora encarcelado César Álvarez exhortó a la entonces fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, a crear una fiscalía anticorrupción en su región para que investigue la corrupción y encarcele a “todos los ladrones de saco y corbata”.

Lo dijo tras firmar un convenio con esa institución en la que se comprometía a entregar en una primera partida dos millones de soles para construir la sede de la fiscalía en Chimbote. “No se puede ejercer la justicia en una casucha en la que cuando llueve los expedientes se mojan”, dijo lamentando el penoso  estado de los locales del Ministerio Público en la región. 

Alvarez, quien asumió su cargo en el 2007 y cuyas primeras denuncias ya se conocían en el 2008 , lo que en realidad buscaba era congraciarse con el Ministerio Público que ya lo investigaba.

El 7 de abril de ese año volvió a Lima y depositó el cheque N° 37446513 del gobierno regional por S/.2 millones en la cuenta corriente del Ministerio Público, en una oficina del Banco de la Nación.

Cuatro días más tarde Gladys  Echaíz, entonces encargada de la Fiscalía de la Nación por el fallecimiento de Adelaida Bolívar, firmó la resolución que autorizaba recibir el dinero. En este documento, tras reconocer que el Gobierno Regional de Áncash había transferido la suma señalada, se resolvió autorizar un crédito suplementario en el presupuesto institucional para el año fiscal 2008 por dos millones de soles en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias para destinarse a la construcción de la sede. 

El edificio se levantó sobre un área de más de mil metros cuadrados y se inauguró el 29 de octubre del 2009. En la ceremonia estuvo el fiscal supremo Pablo Sánchez, en representación de Echaíz, y el entonces fiscal decano del Santa, Dante Farro, actualmente suspendido e investigado.

Al firmarse el convenio, Álvarez, tenía tres denuncias en la fiscalía del Santa, una de ellas por irregularidades en la construcción del hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Por eso el procurador anticorrupción Christian Salas lo cuestiona. 

“Las instituciones vinculadas a la administración de justicia deben tratar de evitar recibir, vía convenio, cualquier tipo de apoyo como construcción de locales de funcionarios de gobiernos regionales o municipales”, dijo. Agregó que  eso “podría implicar una suerte de compromiso con ellos” a la hora de investigarlos.  

La ex fiscal Echaíz precisó que ella no suscribió el convenio y que solo lo cumplió. “Yo no lo hubiera firmado para evitar suspicacias”. La ex magistrada dijo que Álvarez quiso donar otros seis millones, pero eso no fue aceptado. “Cómo íbamos a recibirle más dinero si estaba en nuestra mira investigarlo”, dijo. 

En el Congreso, la Comisión Áncash investiga los convenios de colaboración que hizo Álvarez con el Ministerio Público  y con el Poder Judicial. “Estamos indagando cuál es el impacto de esos convenios, no puedo  dar más detalles por la reserva”, dijo Mesías Guevara (AP), presidente de ese grupo de trabajo.