Ejecutivo plantea crear una autoridad de transparencia

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, sustentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el pedido de facultades legislativas en materia anticorrupción. 

De todas las medidas, la propuesta que generó mayor debate fue la creación de una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública. Según Pérez Tello, desde que se promulgó la Ley de Transparencia en el 2003, la norma no se aplica en reiteradas ocasiones. 

“La falta de entrega de información pública no genera ninguna consecuencia, debido a que hay información que se pierde y nadie es castigado. Necesitamos una autoridad que exija la publicidad de toda la información pública”, afirmó.
Sin embargo, el parlamentario aprista Mauricio Mulder cuestionó que se pretenda crear un nuevo ente burocrático para dichos efectos. “Se está creando más burocracia que va a pedir más y más presupuesto”, señaló.

El congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza dijo que es un “despropósito” querer aprobar una ley cuya principal función es hacer cumplir otra ley. 

(El Comercio)

-Miles de quejas-
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en el 2003, se han presentado alrededor de diez mil quejas por el incumplimiento de sus disposiciones en los tres niveles de gobierno. La gran mayoría de estos reclamos se debe a la negativa de funcionarios de entregar información pública a los ciudadanos. 

Una supervisión de la Defensoría del Pueblo, por otro lado, evidenció que las municipalidades distritales de Lima Metropolitana registraron, en promedio, solo un 53% de cumplimiento en la difusión de información pública en sus portales webs de transparencia durante todo el 2015. Y en las regiones la situación es peor. 

Actualmente, cada municipio, gobierno regional o ministerio es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia dentro de su propia institución. 

Según la ministra de Justicia, la autoridad nacional de transparencia tendría autonomía funcional y se encargaría principalmente de garantizar el cumplimiento de la ley mediante la fiscalización de sus obligaciones a todas las entidades públicas y de sancionar a quienes incumplan. 

Asimismo, este organismo resolvería las controversias a nivel administrativo y generaría criterios vinculantes con sus decisiones.

Según Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, muchas instituciones se niegan a dar información con diversas excusas y el único canal que existe para reclamar alguna afectación es el recurso de hábeas data que se presenta ante el Poder Judicial. “Este camino es extremadamente lento y costoso para los ciudadanos, inclusive puede durar años”, indicó.

El jefe de Idea Internacional, Percy Medina, señaló que una autoridad de este tipo no solo regulará qué información debe ponerse a disposición de los ciudadanos, sino que tendrá la facultad de obligar a la entidad a que entregue la información requerida. “Si el funcionario no cumple o no quiere cumplir, podrá ser gravemente sancionado, cosa que no ocurre hoy”, manifestó. 

Este organismo funciona con buenos resultados en países como México, Chile y Panamá desde hace varios años.

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