Reynaldo Abia estuvo a cargo del allanamiento a la vivienda de Luciana León. (Foto: GEC)
Reynaldo Abia estuvo a cargo del allanamiento a la vivienda de Luciana León. (Foto: GEC)
Redacción EC

El fiscal anticorrupción , quien estuvo a cargo del allanamiento a la vivienda de , integrante del Congreso disuelto, por sus presuntos nexos con la organización criminal Los Intocables Ediles, señaló que los miembros de esta red se hicieron de varios contactos para favorecerse.

Según aseveró, “tenían a la policía, el Congreso y muchos entes del Estado que los ayudaban” y, entre ellos, según agregó, estaría la militante aprista Luciana León, quien habría sostenido llamadas con el exalcalde de La Victoria Elías Cuba, presunto líder de la organización criminal, y Alexander Peña Quise, otro cabecilla.

“Tengo un cuadro de la señora Luciana León, Elías Cuba y Alexander Peña. Hay frecuencia de llamadas entre Luciana [León] y el exalcalde, y luego Luciana y Alexander Peña. Ellos tendrán que explicar cuáles fueron los motivos de estas llamadas”, indicó a Canal N.

Además, detalló que también se registraron llamadas entre Rómulo León Romero, hermano de Luciana León, y Alexander Peña.

“Ellos habrían invocado tener influencias dentro de los estamentos del Estado, por ejemplo, de manera concreta, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas”, acotó.

Reynaldo Abia señaló que cuentan con “aproximadamente más de 171 mil registros de comunicaciones telefónicas entre muchos miembros de esta investigación” y aseguró que la investigación continuará con el respaldo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“El trabajo de investigación va a continuar. Nosotros ya tenemos el apoyo de la Fiscalía de la Nación. Nos han dotado de mayor personal administrativo”, manifestó.

El fiscal también contó que en el allanamiento de este martes, se incautaron “agendas, tarjetas (de personas vinculadas), documentos y contratos” que procesarán como parte de la investigación.

Según la tesis del Ministerio Público, Luciana León habría usado su condición de congresista para obtener beneficios indebidos a cambio de gestionar recursos o presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento de obras en la Municipalidad de La Victoria.