Lenz fue el fiscal suizo que incautó los servidores de Odebrecht. Tiene un contrato con la fiscalía peruana para decodificar su contenido.
Lenz fue el fiscal suizo que incautó los servidores de Odebrecht. Tiene un contrato con la fiscalía peruana para decodificar su contenido.
Rodrigo Cruz

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En agosto del año pasado, mientras el país atravesaba los peores estragos de la primera ola de la pandemia, a más de 10.000 kilómetros de distancia, la empresa sufría en secreto uno de sus peores reveses judiciales: la justicia suiza, en última y definitiva instancia, autorizó que la información de los servidores Drousys y MyWebDay, que la firma brasileña creó en el 2006 para gestionar sus millonarios sobornos, pueda ser compartida con los países afectados, como el Perú, mediante asistencias de cooperación judicial internacional de sus fiscalías.

En la ciudad de Ginebra, Odebrecht alojó la versión original de sus servidores. Más de dos millones de documentos y cerca de seis terabytes de información fueron almacenados en esos programas cuya administración dependía de los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas (la división de sobornos). En el 2007, la constructora contrató a la empresa de almacenamiento informático SafeHost para que custodiara el contenido de sus softwares.

Mira también: ¿Por qué es tan importante abrir MyWebDayB, el software de los sobornos de Odebrecht?

Así estuvo hasta el 2016. Ese año, Fernando Migliacio, tesorero de la división de sobornos, fue arrestado en Suiza. Su captura significó que las autoridades dieran con la ubicación de los programas. En otras palabras, con el local de Safehost.

El Comercio ha tenido acceso a la resolución judicial suiza de agosto del año pasado, la cual indica que SafeHost es la única competente en decidir si los datos de los servidores pueden ser compartidos. Dicha empresa se allanó al pedido a pesar de la oposición legal de la constructora. Como resultado, se dio vía libre para que la información pueda ser enviada a los países de América Latina.

Los dos USB

Fuentes de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional (UCJI) de la fiscalía peruana y del equipo especial Lava Jato confirmaron que en setiembre del año pasado llegaron al país dos USB con 16 GB de memoria cada uno, correspondientes a una parte del total de información alojada en los servidores originales.

El 11 de setiembre, la jefa de la UCJI, Rocío Gala Gálvez, puso en conocimiento del arribo de uno de estos dispositivo al fiscal José Domingo Pérez. El segundo llegó 10 días después. Los USB llegaron a raíz de un pedido de asistencia judicial internacional hecho en noviembre del 2016 por el equipo especial que lideraba entonces el fiscal Hamilton Castro, el cual consta de un pedido ampliatorio de enero del 2018.

Aquella vez, se solicitó a los fiscales suizos que se extraiga de los servidores de Odebrecht información relacionada con un listado de 139 nombres, entre proyectos, empresas, cuentas bancarias y nombres de funcionarios, políticos e intermediarios de la constructora.

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A la fecha, el contenido de esos dos USB es un misterio. Desde el equipo especial sostienen que ello se debe a que la información debe ser analizada por el exfiscal suizo Stefan Lenz, en virtud de un contrato que firmó con el Ministerio Público (MP) en agosto del 2017. Lenz fue el fiscal que incautó los servidores en Ginebra en el 2016, pero luego se separó de su institución y ofreció sus servicios de asesoría a diversas fiscalías como la peruana.

El contrato con Lenz, de más de medio millón de soles, consta de tres productos. En el primero, el exfiscal debía emitir recomendaciones, planes de trabajo y asesoría en las cooperaciones internacionales. Lenz cumplió y por ello se le pagó el 35% de lo acordado. Pero la ejecución del segundo y tercer producto dependía de la información que viniera de Suiza de los servidores, de modo que quedó pendiente.

Documentos revisados por El Comercio señalan que, a fines de setiembre del 2020, el fiscal José Domingo solicitó a la gerencia general del MP que se contacte con Lenz para reactivar su contrato y de esa manera analice la información recibida.

Este Diario consultó con la gerencia general de esa entidad sobre lo ocurrido. Ellos indicaron que si bien Pérez solicitó el envío de estos USB a Lenz en Suiza en setiembre, en noviembre el fiscal precisó que estos debían ser enviados bajo una cadena de custodia. La gerencia del MP afirma que el 14 de diciembre le dijo a Pérez que el servicio privado de envío de documentos no aseguraba “la inalterabilidad o filtración” de la información debido a los procedimientos aduaneros. Acto seguido, le propuso que los USB sean trasladados en una valija diplomática.

En la actualidad, las dos memorias se encuentran en la gerencia general del MP y una copia espejo la tiene el equipo especial. Al cierre de esta nota, este Diario fue informado de que el despacho de Pérez tenía previsto dar ayer su visto bueno para que estos dispositivos sean enviados a Lenz a Suiza. Y de esa manera, confirmar si la información recibida es nueva y relevante para el caso.

Este es el informe que el fiscal José Domingo envió el pasado 29 de septiembre al fiscal superior Rafael Vela dando cuenta sobre la llegada de los dos USB y a su vez solicitar la reactivación del contrato de Stefan Lenz con el Ministerio Público.


Este es el fallo en primera instancia de la justicia penal de Suiza. la confirmación en segunda instancia. Ambos fallos, fueron en contra a los intereses de Odebrecht.


Más información:

—En el equipo especial aseguran que la misma Odebrecht ya les compartió la información de sus servidores hasta el 2014 (la empresa reconoció que pagó sobornos del 2005 al 2014)

—Otro de los países que ha recibido información de los servidores originales en Suiza es Ecuador, según pudo conocer este Diario.

—Durante el proceso en Suiza, la constructora brasileña interpuso recursos legales para que estos datos no sean compartidos.

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