Poder Judicial Anticorrupción declaró fundado en parte la tutela de derechos presentada por la defensa legal de José Luna Gálvez. (Foto: GEC)
Poder Judicial Anticorrupción declaró fundado en parte la tutela de derechos presentada por la defensa legal de José Luna Gálvez. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción declaró fundado en parte la tutela de derechos presentada por la defensa legal del fundador de , .

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Asimismo, dicha instancia ordenó que la fiscal deje de utilizar la denominación “Los gángsteres de la política” en la investigación que se le sigue por organización criminal y otro en agravio del Estado.

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Días atrás el Poder Judicial confirmó en segunda instancia los 36 meses de detención domiciliaria que se dictaron contra Luna Gálvez, quien es investigado por supuestamente pagar coimas para influir en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Especializada rechazó así la apelación que presentó su abogado, Mateo Castañeda, para revocar el arresto que está cumpliendo desde el 31 de diciembre del 2020.

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El Ministerio Público, a través del equipo especial dedicado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y que tiene a su cargo las investigaciones contra Luna Gálvez, desistió su pedido para que se dicte prisión preventiva en lugar de detención domiciliaria.

Según la imputación del Ministerio Público, Luna Gálvez sería el líder y financista de la red criminal que habría influido en los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer a la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE en 2017.

Tras ello, según el Ministerio Público, habría copado los puestos más importantes de dicha institución a fin de poder inscribir a su partido político. Según la tesis de la fiscalía, la organización criminal “se habría constituido en abril del 2016 y vendría realizando sus principales actividades delictivas hasta la fecha”.

Esta presunta red criminal, cuya investigación se inició en setiembre del 2019, se habría ramificado hacia diversas instituciones. Tras la confesión del aspirante a colaborador Nro. 2109-2018, la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro, pudo conocer detalles del alcance que habría tenido en la ONPE.

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