José Peláez desiste de apelar y acepta jubilarse de la fiscalía

"Ya no tengo mayor interés de reclamar, que nombren nomás a mi reemplazo". El ex fiscal supremo José Peláez Bardales, confirmó, de esta manera, que renunció a su pretensión de quedarse en la fiscalía hasta cumplir los 75 años de edad.

José Peláez, ex fiscal de la Nación, dijo ello al ser consultado sobre la decisión que tomó, el martes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), de nombrar a Víctor Rodríguez Monteza como su reemplazo en la Fiscalía Suprema. 

Peláez fue cesado de su cargo el pasado domingo, a través de una resolución firmada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber alcanzado el límite de edad que tienen los magistrados supremos para ejercer un cargo: 70 años.  

El ex fiscal de la Nación dice que el único debate pendiente que tiene es el de convencer a su abogado de retirar la apelación que presentó la semana pasada: la cual pide a una instancia superior que le permita continuar su carrera en la fiscalía. 

"Mi abogado cree que tengo derecho de seguir apelando, y que al final la sala me dará la razón. Así que estamos en esa discusión. Él me insiste en que debo mantener ese recurso. Pero vamos a ver si lo convenzo para que desista", dice Peláez. 

La resignación del ex fiscal se puede explicar de la siguiente manera: él cree que hay un sector político de izquierda que ejerció presión para que no siguiera en su cargo. Y que esa presión pudo más, dice, que su derecho a continuar trabajando.  

— Pero la ley dice que si cumple 70 años debe de ser cesado, ¿por qué responsabilizar a un sector de su salida? 
— Porque es así. Ese grupo, denominado caviares, quiere dominar las instituciones. Si hay una vacante, la quieren cubrir con gente que sea de su tendencia de izquierda.

Así termina la carrera de uno de los fiscales de la Nación más controversiales que ha tenido el Ministerio Público en sus 35 años: su carrera llegó a la cima cuando se convirtió en el primer fiscal en excarcelar a un ex presidente; y conoció el declive cuando estuvo al borde de la destitución, el año pasado, por presuntamente haber favorecido a una red criminal en Áncash.      

Peláez, nacido en Chachapoyas, llegó a la fiscalía a los 35. Empezó su carrera en la 12° Fiscalía Penal de Lima, como fiscal provisional. Fue nombrado fiscal titular tres años después. Luego pasó a trabajar en una Fiscalía Suprema en lo Penal. Hasta que en 1990 alcanzó el cargo de fiscal adjunto titular de ese mismo despacho.

En esa década empezó la era de Blanca Nélida Colán Maguiño, la ex fiscal de la Nación que terminó, luego de la caída del fujimorismo, en prisión por haber favorecido a la mafia de Vladimiro Montesinos. Colán cesó a Peláez de la fiscalía en 1992.

Peláez, dice, se dedicó entonces a ejercer su carrera como abogado penalista. Hasta que en el 2003, el Tribunal Constitucional ordenó que sea reincorporado a su cargo de fiscal adjunto en la Fiscalía Suprema. Su carrera en la fiscalía recién cobraría repercusión mediática cuando, en el 2007, fue designado como el fiscal a cargo de acusar a Alberto Fujimori.

(Peláez interveniendo en una de las audiencias en el juicio a Fujimori)

Fujimori venía extraditado de Chile y le esperan varios juicios, entre ellos, la matanza por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Peláez pidió para el ex presidente 30 años de prisión por delitos como homicidio calificado. Era enero del 2009. Tres meses después, la Corte Suprema dictó condena de 25 años de cárcel para Fujimori. El entonces fiscal supremo y su adjunto Avelino Guillen eran los protagonistas del caso más sonado que ha tenido la fiscalía.

Un año después, Peláez inició su carrera para llegar a ser fiscal de la Nación. Tenía un gran aliado: su hermano, Edmundo Peláez Bardales, era miembro del CNM, institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. El CNM, entonces presidido por Edmundo, nombró a Carlos Ramos Heredia y Pedro Chávarry como fiscales supremos en el 2011.  

Fueron los votos de estos dos últimos que convirtieron a Peláez en el fiscal de la Nación para el periodo 2011-2014. La gestión del fiscal tuvo varios casos controvertidos, y decisiones polémicas, algunas de las cuales lo llevó a comparecer varias veces ante el Congreso.

Son las investigaciones por enriquecimiento ilícito a los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García, las que terminó marcando mediáticamente la era de Peláez al frente del Ministerio Público. Pero fue, más que otras, la investigación a García la que le causó más críticas.

Si de algo se le acusó a Peláez en su época como fiscal de la Nación fue de tener una supuesta cercanía con el Partido Aprista. Peláez es de familia aprista. Al menos tres de sus hermanos fueron militantes del partido de la estrella. Uno de ellos, Eduardo Peláez, fue legislador de ese partido hasta en tres oportunidades. De hecho, este Diario publicó, en diciembre del 2013, una fotografía de José Peláez con sus hermanos al lado Víctor Raúl Haya de la Torre.

(La familia Peláez junto a Haya de la Torre en Villa Mercedes)

Uno de los momentos en los que más se le acusó de tener una “influencia” aprista fue cuando el entonces procurador anticorrupción Julio Arbizu reveló que el perito de la fiscalía, que determinó que Alan García, no tenía desbalance patrimonial, figuraba en el padrón del Partido Aprista. Peláez dijo que desconocía esa militancia.

Pero ninguno de esos casos se compara a lo sucedido en Áncash. Al terminar su mandato en el 2014, se conoció que Peláez había removido a varios fiscales anticorrupción que investigaban y denunciaban a César Álvarez, entonces todo poderoso gobernador de Áncash.  

Además, se supo que, en su facultad de fiscal de la Nación, designó a fiscales que militaron en el partido de Álvarez, para que trabajen en esa región. Peláez, entonces, fue denunciado tanto en el Congreso como en el CNM de haber sido parte de la red de magistrados que le dieron impunidad a la presunta organización criminal ancashina. 

(Ramos Heredia junto a Peláez,cuando el primero fue elegido fiscal de la Nación)

Hay quienes dicen que Peláez debió de correr la misma suerte que Ramos Heredia, quien fue destituido en el 2015, entre otras cosas, por haber favorecido, como fiscal supremo de Control Interno, a la red de Álvarez. Y otros que el CNM prefirió esperar a que se jubilara. Pero eso solo lo sabe el consejo que, por 4 votos contra 2, decidió, en septiembre del año pasado, no destituirlo.

El ex fiscal de la Nación dice que, ahora lejos de la fiscalía, volverá a ejercer su profesión de penalista. Y añade que se le verá de nuevo en los tribunales, pero desde el otro lado: como abogado defensor. “Aún tengo uso de mis facultades físicas y mentales”, asegura el ex fiscal, hoy jubilado.    

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