Alllanamiento de los fiscales del despacho de Richard Rojas en el local de Perú Libre de Lima.
Alllanamiento de los fiscales del despacho de Richard Rojas en el local de Perú Libre de Lima.
Redacción EC
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Más de dos meses después de los allanamientos en la casa de en Junín y el local de en Lima, la Fiscalía contra el lavado de activos podrá acceder a la totalidad de la información de las computadoras del máximo dirigente de Perú Libre, equipos incautados el 28 de agosto pasado.

El fiscal Richard Rojas Gómez, a cargo del caso, solicitó a inicios de octubre “la intervención del derecho a la intimidad” para extraer la información de los artefactos y dispositivos informáticos. Como se recuerda, la medida no podía concretarse por la ausencia de Cerrón en las diligencias. En dos oportunidades, el exgobernador regional alegó que no podía asistir a la citación. Sin su presencia, se requería de una autorización judicial.

Así, tras una audiencia reservada que se realizó el martes último, el juez John Pillaca autorizó el deslacrado del material incautado.

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Con ese fin, se establecieron las siguientes fechas: del martes 16 al viernes 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. Durante esos cuatro días, la fiscalía podrá ejecutar la medida suspendida por varias semanas.

El Ministerio Público podrá revisar las dos computadoras halladas en la vivienda de Vladimir Cerrón, en Huancayo, además del equipo incautado en el local de Perú Libre, en Breña. El contenido de los CPU y 14 CD está vinculado directamente al fundador del partido.

En tanto, como parte de los artefactos informáticos relacionados específicamente a la organización política, se encuentran otras dos computadoras incautadas en Breña.

, Bertha Rojas, a pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el monto de S/ 1.3 millones.

Estas medidas adoptaron como parte de la investigación abierta a los dirigentes de Perú Libre y al propio partido por el presunto delito de lavado de activos. La fiscalía considera que la campaña electoral de la agrupación política fue financiada con recursos de la presunta red criminal Los Dinámicos del Centro, procedente de cupos indebidos de trabajadores contratados en el gobierno regional de Junín.

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