Keiko Fujimori retornó ayer al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva. El juez Víctor Zúñiga dio la orden el último martes. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori retornó ayer al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva. El juez Víctor Zúñiga dio la orden el último martes. (Foto: GEC)
Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, , fue internada ayer en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para cumplir una nueva orden de prisión preventiva.

Como previendo su destino, el martes, día que se ordenó que fuera encarcelada por 15 meses, adelantó la estrategia que seguirá y pidió a su esposo Mark Vito Villanella que presente su caso a gobiernos extranjeros y entes internacionales.

El secretario general del partido, Luis Galarreta, detalló ayer que se trabaja en “un cronograma de viajes” a distintos países, entre los que se incluiría Estados Unidos. Añadió que entre las “directivas” dadas está acudir a medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, especialistas consultados por El Comercio sostuvieron que el camino que pretende tomar Fujimori es muy complicado. “No veo qué países de la región vayan a poner en riesgo la relación con el Perú, a no ser que quiera, más que a gobiernos, acercarse a grupos políticos de otros países”, dijo el internacionalista Óscar Vidarte. Acotó que, de ser el caso, se podría generar un malestar en el Gobierno Peruano, pero que no tendría mayor impacto.

El internacionalista Ernesto Velit señaló que si un poder del Estado no cuestiona la decisión judicial, “menos lo puede hacer un gobierno extranjero”.

El excanciller Eduardo Ferrero, además, recordó que la medida es de primera instancia. Apuntó que primero tendría que agotarse el fuero nacional.

Sobre el asunto, el primer ministro Vicente Zeballos y la titular de Justicia, Ana Teresa Revilla, descartaron alguna injerencia del gobierno. En tanto, Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, señaló que el ente que dirige “ya no tiene nada que decir”.

Por los constantes cuestionamientos y calificativos desde el fujimorismo, incluidos los de su lideresa, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH, órganos de los que incluso plantearon el retiro del Perú, estos no parecen ser una vía. Para Vidarte, algunas opciones serían las Naciones Unidas o la Unión Europea.

—Estrategia fallida—

Sobre la nueva medida contra Fujimori, la abogada penalista Vanessa Valverde señaló que la fiscalía fue más ágil y estratégica que la defensa legal de la excandidata presidencial para sustentar el pedido de cárcel, y que se cuidó de no repetir los mismos argumentos de octubre del 2018 ante el juez Richard Concepción, quien ordenó la anterior prisión preventiva.

Para Valverde, Giulliana Loza debió profundizar en las razones para descartar el peligro de obstaculización de la justicia. “Keiko Fujimori ha estado libre dos meses. Se pudo abordar si en ese tiempo ha podido hacer algo que obstaculice la justicia, en los términos planteados por la fiscalía. Pero no he visto, leído ni escuchado nada de la abogada que ataque ese punto con un razonamiento similar”, dijo.

En opinión del penalista Rafael Chanjan, la estrategia de Fujimori estuvo errada desde que optó por recurrir al TC con el hábeas corpus que Sachie Fujimori presentó en paralelo a la casación ante el Poder Judicial. “Si uno hace sumas y restas, esa estrategia [...] fue un error. Si no se hubiese ido al TC para anular la prisión preventiva, estaría muy pronto a salir”, dijo.

En noviembre del 2019, el TC anuló la prisión preventiva para Fujimori. Esta ya había sido reducida de 36 a 18 meses por la Corte Suprema. Para cuando recuperó la libertad, llevaba 13 meses encarcelada.

Chanjan agregó que Loza se esmeró en asegurar que la fiscalía solo presentaba pruebas “que eran más de lo mismo” y que no evidenciaban lavado de activos. “Pero con la argumentación del juez quedó demostrado que sí existen elementos de convicción fuertes”, dijo.