(Composición: Ángela Peña / El Comercio)
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María Isabel Álvarez

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afrontará una segunda investigación fiscal por un caso de presunto lavado de activos y organización criminal, vinculado al financiamiento de su campaña. Esta vez, el equipo especial realizará indagaciones preliminares sobre Fuerza Popular y el proceso del 2021.

Sobre Keiko Fujimori ya pesa una acusación fiscal por estos mismos delitos, además de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El equipo especial Lava Jato ha solicitado 30 años y 10 meses de pena en su contra tras la investigación a los aportes de sus campañas 2011 y 2016.

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Este nuevo caso también estará dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, quien sostiene que, tras recoger nuevos elementos, “la persona jurídica Fuerza Popular estaría, bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener, en grado de sospecha simple, que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del 2021”.

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Nuevos elementos: Audios de Montesinos y una denuncia

En la disposición fiscal que abre la investigación preliminar a Keiko Fujimori se han incluido los audios del encarcelado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, Pedro Rejas y Guillermo Sendón, difundidos días atrás por diferentes medios de comunicación.

En las conversaciones que el fiscal adjunta en su disposición, se habla sobre la campaña presidencial de Keiko Fujimori. También fueron incluidas las grabaciones donde Montesinos trata sobre una estrategia post campaña electoral vinculada a la nulidad de las actas electorales.

En el 2019, el fiscal José Domingo Pérez programó en diversas ocasiones interrogatorios a Vladimiro Montesinos en la Base Naval del Callao, pero estos no se concretaron, y el equipo especial no pudo obtener el testimonio.

Otro elemento por el que se abre la investigación es una denuncia presentada por el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, donde se informa sobre una audio de una conversación entre empresarios sobre supuesto financiamiento para Fuerza Popular.

De acuerdo a la disposición fiscal, la coordinación del equipo especial Lava Jato informó al despacho de Pérez que “en el contexto anotado, se puede establecer válidamente que el primer despacho del Equipo Especial (José Domingo Pérez) ya tendría un conocimiento previo de la información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncia, con connotación delictiva (...)”.

Primera diligencia del caso

El fiscal José Domingo Pérez ha dispuesto, como primera diligencia en la investigación, requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un informe sobre las operaciones sospechosas vinculadas a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y toda persona natural y jurídica vinculada a estas en el periodo de la campaña electoral de este año.

En este periodo de la investigación también se recabará los actos de investigación pertinentes e idóneos al objetivo del caso.

En el documento que dispone el inicio de la investigación también se ha establecido 36 meses como plazo máximo para las diligencias preliminares, “sin perjuicio de culminarse antes de este plazo”.

En el caso de la investigación preliminar por el caso de los aportes a las campañas 2011 y 2016, tuvo una duración de poco más de un año.

“He actuado en cumplimiento de mis deberes funcionales”

Después de emitir la disposición para abrir nueva investigación, Keiko Fujimori y su defensa anunciaron que solicitarán la exclusión de José Domingo Pérez de este caso.

Al respecto, en declaraciones para El Comercio, José Domingo Pérez rechazó haber actuado de forma irregular. “He actuado en cumplimiento a mis deberes funcionales”, enfatizó.

Pérez señaló que un recurso de esa naturaleza será analizado por la Fiscalía Superior, “en el marco de la ley”.

“Siendo que mi exclusión o no de este nuevo caso no dependerá de mi decisión sino de la Fiscalía Superior, quien deberá evaluarlo en el marco de la Ley, si considera que he actuado irregularmente, situación ésta última que niego porque he actuado en cumplimiento a mis deberes funcionales”, expresó.

Agregó que el caso debe investigarse en el equipo especial “según la decisión del fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba del 17 de junio de 2021, en que me asigna la presente denuncia”.

“Los fiscales del Equipo Especial somos respetuosos de los derechos de los investigados y de la norma procesal penal, en ese sentido, primero la investigada deberá apersonarse a la presente investigación, designando a la doctora Giulliana Loza como su abogada defensora para este caso”, explicó.

Evidenciar el delito previo

En diálogo con este Diario, el abogado penalista Rafael Chanjan Documet, señaló que se cuentan con elementos que podrían ser importantes para una hipótesis de lavado de activos, pero que ahora corresponde establecer cuál sería la procedencia ilícita de los presuntos aportes, aunque dijo que esto se irá determinando con el avance de las investigaciones.

“Tenemos elementos que pueden ser importantes para una hipótesis de lavado de activos, pero creo que falta un elemento fundamental que es la procedencia ilícita, de los audios no se evidencia claramente que el dinero que se ha entregado presuntamente haya provenido de algún delito, ese es el elemento fundamental, pero en la medida que es diligencias preliminares solo se necesita sospecha simple”, sostuvo.

Chanjan agregó que los nuevos elementos “se pueden ir evidenciando en el caso y eso es lo que va a tener que hacer la fiscalía, algún acto de corrupción, defraudación tributaria, aportes no contabilizado, pero no descartaría que la hipótesis pueda ser delito tributario o fraude en la administración de personas jurídicas”.

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