¿Keiko Fujimori podría volver a prisión preventiva por el caso Odebrecht?

La lideresa de Fuerza Popular (FP) es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude en la administración de personas jurídicas, entre otros.

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A más de cinco años de haberse iniciado las primeras investigaciones, la actual candidata presidencial ya estuvo bajo prisión en dos oportunidades a pedido del Equipo Especial Lava Jato.

La medida de 36 meses de prisión preventiva dictada en octubre del 2018, fue anulada por el Tribunal Constitucional. La segunda vez, los 15 meses de carcelería preventiva dictada en enero del 2020, fue revocada por la Sala Penal de Apelaciones contra el Crimen Organizado dos meses después.

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Este último caso, se encuentra aún en manos de la Corte Suprema que deberá definir si la candidata presidencial vuelve o no a cumplir la medida restrictiva en un penal de la capital.

Justamente, el próximo 5 de febrero, la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial calificará sendos recursos de casación que interpusieron el Equipo Especial Lava Jato para que Keiko Fujimori Higuchi regrese a prisión; y su defensa legal que cuestiona los elementos de convicción imputados.

En esa primera etapa, se verá solo el cumplimiento de requisitos de forma y, de ser admitida, se fijará una audiencia pública con la participación de ambas partes para evaluar el tema de fondo: que es la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular pueda o no regresar a prisión.

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Detalles del caso

En octubre del 2015, el Ministerio Público decidió que Fujimori Higuchi debía rendir cuentas y aclarar presuntos aportes de dinero no justificado, durante su campaña electoral presidencial al frente de Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular).

Lo mismo ocurrió, en el 2016, al abrirse una nueva pesquisa contra la hija del expresidente Alberto Fujimori, cuando el dinero recaudado en “rifas” y “cocteles” no habría sido sustentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Por entonces, ambos casos venían siendo investigados junto a decenas de otras carpetas que podemos encontrar en los despachos fiscales y que se avanzan de acuerdo al tiempo y a las evidencias que se obtengan.

Todo ello cambió en junio del 2017 cuando la efervescencia de los actos de corrupción de la empresa transnacional brasileña Odebrecht, era la comidilla de varios países y se conocía que varios políticos habían sucumbido ante poder del dinero sucio. El Perú no quedó exento.

El portal IDL Reporteros publicó una copia de la anotación de la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht (CEO de la constructora brasileña) que sería el primer elemento sólido para que la fiscalía siga la ruta del dinero ilícito que hoy, se tiene como tesis, se usó presuntamente para financiar las candidaturas de Fujimori Higuchi.

“Aumentar Keiko 500” fue una de las frases más comentadas en el país tras publicarse dicha anotación.

Sin embargo, el caso fue tomando forma, tras la confesión del exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, en febrero del 2018, ante Equipo Especial Lava Jato. Tal como lo informó en ese momento El Comercio, Barata dijo que la constructora entregó millones para las campañas electorales a distintos partidos y líderes políticos en Perú, entre ellos Keiko Fujimori.

¿Qué es un recurso de casación?

El especialista en derecho penal André Sota, explica que este es un recurso “extraordinario” contemplado en el Código Procesal Penal. Y, se interpone, por ejemplo, cuando el peticionario considera que se ha infringido un derecho fundamental o, cuando hay una incorrecta aplicación de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema.

Pero, además, para que dicho recurso sea admitido por las instancias supremas, se debe plantear una causal adicional donde proponga a la Corte Suprema un tema que pueda ayudar a crear doctrina.

“Entonces, como esa causal es muy subjetiva, queda en manos de la Corte Suprema determinar si admite o no un recurso de casación”, señaló Sota.

Para ello, agregó el abogado, existe una audiencia de calificación en la que no participan las partes del proceso y donde se realiza un análisis formal.

“Básicamente se analiza si el recurso estuvo bien concedido, no entrará a analizar el fondo”, puntualizó. Esa etapa será cuando de la calificación se declare su admisibilidad.

Esta es una etapa previa que realiza la instancia suprema -de manera privada y sin intervención de las partes- antes de analizar el fondo de los pedidos.

-Temas propuestos-

En su recurso de casación, el Equipo Especial Lava Jato cuestiona dos aspectos que considera han vulnerado el debido proceso y que tuvieron como efecto se otorgue irregularmente la libertad de Keiko Fujimori.

En el primero, cuestionó que el juez Víctor Zúñiga admitiera la apelación a la prisión preventiva que dictó el 28 de enero del 2020, fuera de plazo. Dijo que el plazo venció el 31 de ese mes, pero el magistrado dio por admitido la apelación el 3 de febrero.

En ese momento, la defensa de la candidata presidencial alegó que no ingresaron el documento por una cuestión administrativa del juzgado.

El segundo punto está vinculado al primero. Y es que, para la fiscalía, el tribunal superior no debió admitir la apelación por haberse presentado fuera de plazo.

Si estos dos argumentos son acogidos por la Corte Suprema, la resolución que revocó su prisión preventiva podría quedar nula y Fujimori Higuchi deberá regresar a cumplir la medida restrictiva en un penal de la capital.

Una respuesta definitiva por parte de la máxima instancia del Poder Judicial podría ser emitida después de las elecciones de abril próximo. Esto, tomando en cuenta un anterior recurso de casación que interpuso la defensa de Fujimori Higuchi contra su primera orden de prisión preventiva.

En ese momento, el recurso llegó al tribunal en febrero del 2019, y dos meses después se dio por admitida la casación y programó la audiencia de fondo para junio de ese año. La primera resolución del caso, que fue emitida con votos en discordia, se dio en agosto. Es decir, seis meses después de haber sido puesta en conocimiento del Tribunal Supremo.

En tanto, la defensa de la lideresa de FP, también pidió que la Corte Suprema se pronuncie sobre uno de los argumentos de la segunda instancia superior que ordenó la libertad. Esta, se vincula a la existencia de graves y fundados elementos de convicción, sobre la comisión del delito de lavado de activos en organización criminal.

El tribunal arribó a la conclusión de que dichos elementos fueron acreditados por el Ministerio Público, pues así se ha corroborado con los colaboradores eficaces como Jorge Yoshiyama Sasaki, Rolando Reátegui, algunos empresarios que han declarado los aportes a las campañas de Fujimori Higuchi, y otros que decidieron colaborar con la justicia tras la revelación de la misma empresa Odebrecht.

Y, en un segundo aspecto, la defensa de la candidata presidencial, cuestionó que se concluya que esta haya tenido conocimiento sobre la procedencia ilícita del dinero que aportó la empresa Odebrecht y otros.

-Esperan sea una calificación positiva-

En diálogo con El Comercio, Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori; dijo confiar en que la Corte Suprema califique “positivamente” su recurso de casación y que sea “admitida” para que se señale una fecha para la audiencia de fondo de su pedido.

“La anterior casación también fue admitida y esperamos que esta también (lo sea). Esta, sobre todo, va dirigida al tema de la motivación respecto al cumplimiento del primer presupuesto que son los suficientes y graves elementos de convicción”, dijo.

De otro lado, indicó que esperan que se ratifique la libertad de su patrocinada, pero que la Corte Suprema pueda analizar las incidencias de las reglas de conducta impuestas a la candidata presidencial.

Fujimori Higuchi, quien se encuentra en plena campaña electoral, debe pedir permiso al Poder Judicial para poder ausentarse del lugar donde domicilia. Esto, luego que la judicatura rechazó suspender las actividades políticas de su partido político Fuerza Popular.

Maldonado: “Argumentos de la defensa serían poco sólidos”

El exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que los argumentos de la defensa de Fujimori Higuchi en este recurso de casación, serían poco sólidos.

En un análisis general del caso, explicó a El Comercio que la Sala de Apelaciones que la liberó, procedió de acuerdo a sus atribuciones al momento de calificar si existían graves y fundados elementos de convicción, pues esta debía analizar si los requisitos de la prisión preventiva solicitada se configuraban o no.

Recordó que estos elementos son tres: El primero, que se refiere a la probable vinculación de la persona de quien se solicita la prisión preventiva con el delito que se le imputa. En segundo lugar, la gravedad de delito que en este caso es lavado de activos, y el tercer elemento, si este conlleva a una pena grave.

Por tanto, el primer elemento sin ser uno que prejuzgue si la persona es inocente o culpable -que solo puede ser en una sentencia de fondo- dijo, sí puede ser evaluado por la instancia superior.

“Yo allí no veo que la sala superior se haya extralimitado en sus funciones y no vería, por tanto, razón por la cual esa casación sea admitida. No veo que se haya vulnerado el debido proceso o presunción de inocencia”, indicó.

Sobre el cuestionamiento de la Fiscalía contra la decisión del juez de aceptar la apelación a la prisión preventiva, fuera del plazo establecido, explicó dos escenarios.

Si fue responsabilidad del juzgado no poder admitir el escrito de la apelación dentro del plazo, no se le puede atribuir ello a la defensa de Fujimori. Sin embargo, agregó, si fue presentado fuera del plazo, esa sí sería una vulneración a la norma procesal.

“Las normas de juego están establecidas y no pueden estar libradas a una interpretación que distorsione su contenido y los plazos deben ser respetados. Eso sí es una vulneración de una norma que afecta el debido proceso”, explicó.

Nuevamente el futuro de Keiko Fujimori está en manos de la Corte Suprema.

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