Lourdes Flores fue candidata a la presidencia en el 2006 y a la alcaldía de Lima en el 2010 (Foto: El Comercio)
Lourdes Flores fue candidata a la presidencia en el 2006 y a la alcaldía de Lima en el 2010 (Foto: El Comercio)
Víctor Reyes Parra

El equipo especial Lava Jato de la fiscalía pidió al Poder Judicial que se impongan 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones a La excandidata es investigada por presuntamente haber recibido aportes de origen ilícito de las constructoras brasileñas y Camargo Correa a sus campañas del 2006 y 2010, con montos que suman más de 300 mil dólares.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Luis Ordóñez Choque. Inicialmente, iba a ser evaluado el lunes 20 de marzo por parte del juez Richard Concepción Carhuancho. Sin embargo, ese día la defensa de Lourdes Flores presentó elementos para contradecir el pedido de la fiscalía, por lo que se dispuso postergar el debate hasta el 24 de abril a las 9:00 a.m.

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La en el que se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos, comenzó en abril del 2019. Ese mismo año, el caso se adecuó a la ley contra el crimen organizado e incluyó al excongresista Hildebrando Tapia, al exdiputado Horacio Cánepa y al empresario Carlos Neuhaus, todos ellos ligados al Partido Popular Cristiano (PPC), del que Lourdes Flores fue lideresa.

En diciembre del 2022, culminada la etapa preliminar de la indagación, el Ministerio Público dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria. Este mes, la fiscalía dispuso requerir que no pueda salir del país por tres años y que se le impongan una serie de restricciones mientras dure todo este proceso penal, lo que incluiría un eventual juicio.

Consultada por El Comercio sobre este requerimiento, Lourdes Flores se excusó de declarar, pero pidió a la fiscalía “ser objetiva y revisar la información recabada en 42 meses”.

En tanto, la abogada Valeria Morón, su defensa legal, dijo a este Diario que se opondrán al pedido fiscal: “Lo único que puedo decir es que una decisión que tomará finalmente el juez y nosotros vamos a oponernos en términos generales. Es todo lo que puedo comentar”.

Respecto a si la excandidata admite o niega haber recibido los aportes de las constructoras brasileñas para sus campañas, evitó responder, pero recordó que “la audiencia es pública y seguramente lo van a escuchar ese día”. En el pasado Lourdes Flores ha atribuido a, negando que ella haya solicitado dinero a la constructora.

El caso

Según pudo conocer El Comercio, el Ministerio Público sostiene en su requerimiento que en diciembre del 2005, cuando Lourdes Flores Nano se perfilaba como candidata a la presidencia, hubo una reunión en su casa en la que participaron ella, Carlos Neuhaus, Horacio Cánepa y dos directivos de Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Raymundo Trindade Serra, para “conversar sobre el apoyo” a su campaña.

Horacio Cánepa también es investigado en el caso de los arbitrajes a favor de Odebrecht.
Horacio Cánepa también es investigado en el caso de los arbitrajes a favor de Odebrecht.

“En esas circunstancias, se habría hablado de un apoyo de 500,000 dólares”, monto que los ejecutivos de la constructora “se comprometieron a pagar directamente a Flores Nano, mientras que Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra habrían estado mencionando todas las obras que deseaban realizar en Perú”.

La fiscalía añade que “los pagos los habría recibido directamente Lourdes Flores de parte de Barata o de Trindade Serra” y que “este dinero habría pasado a ser parte de la contabilidad interna de la campaña y Carlos Neuhaus habría estado a cargo de esta contabilidad interna”.

Posteriormente, según la tesis fiscal, Jorge Barata habría entregado $ 20 mil o $ 30 mil a Trindade Serra para aportar a la campaña, a través de actividades de campaña en un chifa de San Isidro. “En una o dos oportunidades, previa coordinación con el investigado Horacio Cánepa, Raymundo Trindade Serra a la persona que estaba recibiendo el dinero de la actividad pro fondos de la campaña”.

En cuanto a los aportes de Camargo y Correa, la fiscalía alega que Flores Nano habría recibido, entre febrero y marzo del 2006, una contribución de 100 mil dólares a través de Marcos de Moura Wanderley. De ese monto, 20 mil dólares habrían sido entregados a Horacio Cánepa para su campaña al Congreso, la cual no tuvo éxito.

Respecto a la campaña del 2010, cuando Lourdes Flores Nano postuló por el PPC a la Municipalidad de Lima, la tesis fiscal es que Raymundo Trindade Serra financió dos encuestas por US$ 10 mil y US$ 15 mil para medir la popularidad de la candidata.

Jorge Barata ha declarado a la fiscalía sobre supuestos aportes a Lourdes Flores en el 2010 y luego a Susana Villarán en su campaña por el No a la revocatoria. (Foto: Andina)
Jorge Barata ha declarado a la fiscalía sobre supuestos aportes a Lourdes Flores en el 2010 y luego a Susana Villarán en su campaña por el No a la revocatoria. (Foto: Andina)

Posteriormente, se habla de un acuerdo entre Lourdes Flores y los directivos de Odebrecht para financiar su campaña, el cual “habría sido [de] US$ 200,000, la cual habría sido pagada en cuatro partes de US$ 50,000 cada una”. “Raymundo Trindade Serra habría entregado dicho dinero en efectivo a Horacio Cánepa en las oficinas de Odebrecht y esta entrega se habría efectuado en pequeñas cajas parecidas a cajas de antiguos VHS”.

El dinero habría sido usado por Horacio Cánepa, por orden de Lourdes Flores, para realizar pagos vinculados al marketing, así como para financiar artículos favorables a su candidatura.

Así, a Lourdes Flores se le imputa el delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de origen ilícito, como beneficiaria final, de parte de Odebrecht (US$ 10,000 y US$ 15,000 dólares) y de Camargo Correa (US$ 100,000) en el 2006; así como de Odebrecht (US$ 200,000) en el 2010. Sumados los presuntos aportes de las ambas constructoras entre el 2006 y 2010 se llega los US$ 325 mil dólares.

Las restricciones solicitadas

El documento fiscal también detalla las restricciones que se buscan imponer a Lourdes Flores mientras dure el proceso en su contra: no ausentarse de la localidad donde reside sin permiso judicial, presentarse ante la fiscalía y el Poder Judicial cada vez que se le cite, no comunicarse son sus coninvestigados o testigos del caso, justificar sus actividades cada 30 días ante el juzgado y pagar S/ 250 mil de caución.

Sobre el impedimento de salida del país, se sostiene que la investigada podría llegar a recibir una condena de 24 años de prisión si llega a ser hallada culpable, lo que supera los 3 años como mínimo requeridos para imponer una medida de este tipo. Además, se considera que es una medida necesaria e idónea para asegurar que Lourdes Flores se someta al proceso judicial, siendo menos grave que una prisión preventiva.