Actualmente la militancia de León en el Apra está suspendida. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)
Actualmente la militancia de León en el Apra está suspendida. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)
Redacción EC

La defensa legal de , investigada por sus presuntos vínculos con la organización criminal , anunció esta tarde que se allana al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses.

La fiscalía investiga a León por presuntamente ser el ‘brazo político-legal’ de la organización, acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria para obtener ingresos ilícitos. La aprista habría recibido pagos de hasta S/20 mil mensuales por gestionar obras a favor de ese municipio ante al menos cuatro ministerios, aprovechando su cargo de congresista.

Durante dos horas, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca evaluó la solicitud del Ministerio Público y anunció que dará a conocer su decisión en el plazo de ley.

El fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzáles Rodríguez ratificó los argumentos contra la integrante de la Comisión Permanente y agregó que en su caso existe peligro de fuga, pues “no tiene arraigo laboral por la coyuntura actual” debido a la instalación del nuevo Congreso de la República en las siguientes semanas.

En base a esto, agregó que León “no tendrá inmunidad ni la posibilidad de hacer uso del poder que una autoridad de ese nivel tiene”.

Asimismo, sobre el riesgo de fuga el fiscal indicó que la parlamentaria “tiene recursos para abandonar el país" y registra varios viajes al extranjero, por lo que tampoco posee arraigo domiciliario.

Por su parte, el abogado de León, Bryan Kabsther, rechazó las imputaciones. Sin embargo, dijo que están colaborando con las pesquisas y en ese contexto anunció que se allanan a la medida.


-NOTA PREVIA-

Sobre el impedimento de salida del país, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló a El Comercio que “es lo máximo que puede solicitar la fiscal de la Nación en estos momentos”.

Rospigliosi precisó que León perderá su inmunidad 30 días después de que culminen sus funciones congresales y el nuevo Parlamento se declare constituido, pero conservará el derecho al antejuicio político, que la protegerá, por ejemplo, de una eventual detención preliminar.

El abogado constitucionalista Luciano López explicó que a León se la acusa de presuntos delitos de función, no de un delito común, por lo que la protege el derecho al antejuicio; es decir, tendría que prosperar una denuncia constitucional formulada ante el nuevo Congreso para que la fiscalía pase a otra etapa de la investigación.

En octubre del 2019, el juez Hugo Núñez autorizó que la fiscalía allanara el departamento y el despacho parlamentario de Luciana León. Ella apeló la medida, pero su recurso fue rechazado por la Corte Suprema.

De presentarse una denuncia constitucional contra León en el Congreso, esta tendrá que ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y, por último, el pleno. Si es aprobada, la fiscal de la Nación estará en condiciones de formalizar la investigación preparatoria.