Ministerio Público investiga a fiscal por gastos inexistentes

La Fiscalía Suprema de Control Interno investigará, en etapa preliminar, al fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez Villegas, por, presuntamente, haber inventado y, en algunos casos, incrementado gastos de alimentación en cinco jornadas de capacitación realizadas en Cajamarca y San Martín, por un monto de S/.23.469. Los cargos por los que deberá responder son peculado doloso, delito contra la fe pública, falsificación de documentos (uso de documento privado falso) y falsedad genérica.

Este magistrado es uno de los principales candidatos a convertirse en fiscal supremo titular, si así lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el 15 de este mes en el concurso de nombramiento de jueces y fiscales supremos que viene realizando.

Las buenas chances de Gálvez se deben a que obtuvo el mejor puntaje en el examen de conocimientos que lleva a cabo el CNM. Si le va bien en la rueda de preguntas que se realizará ante el pleno del consejo, podría ser nombrado, en el acto, miembro de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano de gobierno del Ministerio Público.

En julio del 2013, Gálvez fue nombrado director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (Caimp), que pertenece a la Escuela del Ministerio Público. Desde entonces, y hasta julio de este año, organizó jornadas de capacitación a ronderos en varias regiones.

Para desarrollar sus funciones, Gálvez efectuaba requerimientos presupuestales al entonces gerente general de la fiscalía Fernando Lazo Manrique y en ellos incluía gastos de alimentación y movilidad de los asistentes a las actividades que organizaba. Luego de ello, rendía cuentas de lo gastado al propio Lazo y adjuntaba recibos sin mayor detalle que las frases “por consumo” o “por movilidad”.

El 13 de agosto pasado, su ex asistente Ginger Salguero Alcalá lo denunció ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por, presuntamente, haber incrementado el número de asistentes a las jornadas de Cajamarca y San Martín. Según la acusación, solo en cinco actividades –de las 52 que organizó en su gestión– Gálvez habría sobrevalorado gastos por S/.23.469. Para probarlo, Salguero entregó fotos, videos y boletas de esas actividades.

Sánchez, titular del Ministerio Público, remitió la denuncia a la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo del fiscal supremo Gonzalo Chávarry, para que dicha entidad se encargara de tramitar la denuncia.

Negocio cerrado
El Comercio obtuvo copia de 36 boletas presentadas por el fiscal Gálvez en sus rendiciones de cuentas. Al llamar por teléfono a dichos negocios, algunos propietarios mostraron su sorpresa.

“El local cerró en el 2010… de repente se han agarrado el talonario”, dijo vía telefónica Juan Abanto Díaz, propietario del restaurante Doña Elena, que funcionaba en el jirón Garcilaso de la Vega, en Hualgayoc, Cajamarca.

En su rendición de cuentas, Gálvez había entregado cuatro boletas por un total S/.6.840 de ese negocio, que cerró hace cinco años. Dos boletas eran del 6 de febrero y dos del 22 de marzo del 2014.

Lo curioso es que las de febrero tienen la numeración 1014 y 1015, y las de marzo, 1016 y 1018. Es decir, al ser correlativas, se entiende entonces que dicho restaurante no habría tenido otros clientes (además de la fiscalía) en dicho período. En otro de sus informes, el magistrado señaló que el 21 de marzo del año pasado pagó al restaurante Miyalu S/.1.500 “por consumo”.

La dueña del local, Rojana Guerrero González, desconoce dicha venta. “Por 1.500 soles no he hecho ninguna boleta, he buscado el talonario [original] y no lo encuentro”, declaró.

La propietaria de la cebichería La Base, Lucy Chuquihuanga Jabo, refirió que nunca preparó los 70 almuerzos por S/.700 que se consignan en otra boleta que sustenta los gastos. “Mi local es para 20 personas, no hemos preparado esa comida para fuera”, dijo.

“Te vas presa”
Según afirmó la denunciante a El Comercio, cuando Gálvez se enteró de su denuncia comenzó a hostigarla y hasta llegó a advertirle: “Si sigues con esto, te vas a ir presa”.

En entrevista con este Diario, el fiscal Tomás Gálvez aseguró que él no tuvo nada que ver con el manejo del dinero. “Lo que quieren es perjudicarme en el concurso para fiscal supremo, esa es la única razón”, declaró. Agregó que sus actividades sí contaron con asistencia masiva.

Manifestó haber cubierto gastos para las capacitaciones con su propio dinero “porque solo nos daban para refrigerio”.

“Suponiendo que hubo alguna irregularidad, tampoco es delito porque no hubo perjuicio. Sería una irregularidad administrativa. La cuestión es cómo se recababan las boletas”, dijo. Indicó que quien manejaba los fondos del Caimp era su entonces coordinador Leopoldo Quispe. No obstante, las solicitudes de dinero y las rendiciones están firmadas por el fiscal.

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