En un oficio enviado al mandatario, la titular de ese poder del Estado pidió “abordar y hallar soluciones” al problema de la provisionalidad de los jueces del país. (Foto: El Comercio)
En un oficio enviado al mandatario, la titular de ese poder del Estado pidió “abordar y hallar soluciones” al problema de la provisionalidad de los jueces del país. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
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La titular del Poder Judicial, , solicitó al presidente de la República, , convocar al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ), a fin de debatir “temas urgentes” que son prioritarios para el mejoramiento del servicio de justicia.

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A través de un oficio enviado al mandatario, la titular de ese poder del Estado pidió “abordar y hallar soluciones” al problema de la provisionalidad de los jueces del país, tema que consideró “es de vital importancia”.

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Barrios Alvarado recordó que pedido para debatir dicho punto también ha sido formulado, de forma pública, por el nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Ávila Herrera.

Oficio enviado por la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, al mandatario Pedro Castillo. (Foto: Poder Judicial)
Oficio enviado por la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, al mandatario Pedro Castillo. (Foto: Poder Judicial)

Cabe indicar que la CRSJ es una instancia formada para impulsar la reforma del sistema de justicia, coordinar la ejecución de la política a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia y realizar el seguimiento de la implementación y ejecución del proceso de la reforma.

El último lunes la Sala Plena de la Corte Suprema, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial, emitió un comunicado por el cual considera que es imperativo que la JNJ suspenda el procedimiento de ratificación de jueces, y adapte sus disposiciones a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia recaída en el caso Cuya Lavy y otros vs. Perú.

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Agrega que la CIDH no solo declaró que el procedimiento de ratificación es violatorio de la protección judicial, del derecho a la honra y de la dignidad, y de los derechos políticos de los magistrados, sino que, además, el Estado peruano debe adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros fijados en el indicado fallo supranacional.

Además, consideró que es indispensable que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia brinde lineamientos y pautas de reforma para garantizar la independencia y de inamovilidad judicial.

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