Pedro Castillo recurre a la CIDH: ¿Qué puede lograr en instancias internacionales?

La medida fue anunciada por el ex ministro de Defensa Walter Ayala, uno de los tantos abogados que asesoran al expresidente mientras cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por presunta rebelión y conspiración.

Otro de los abogados que rodean a Castillo, Wilfredo Robles, había adelantado recientemente que no confían en los jueces peruanos y buscarían agotar la vía interna para que el caso llegue a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esto tiene que ser atendido por los tribunales internacionales, como la CIDH, que debería presentar el caso ante la Corte. Ya pedimos una medida cautelar, que no es atendida hasta la fecha”, señaló el pasado 12 de enero, durante la presentación del ‘Comité para la Liberación de Pedro Castillo’, un grupo que integra junto con el congresista Pasión Dávila, suspendido de sus funciones por agresión física, y otros personajes cercanos al exmandatario.

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El primer ministro Alberto Otárola también adelantó el viernes pasado la estrategia de Castillo.

Otárola añadió en entrevista con RPP que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “viene trabajando activamente un grupo de abogados de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países”.

Según el primer ministro, el grupo de abogados ha estado “dando vueltas por [el penal de] Barbadillo, y pretende enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte”.

No obstante, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la estrategia de Castillo de recurrir ante la CIDH “carece de sustento jurídico convencional”.

En opinión de Maldonado, se trata de una estrategia “más de corte efectista en el ámbito político interno, que de eficacia jurídica”.

El ex procurador precisó que la Corte no es una cuarta instancia en los casos judiciales sometidos a su consideración.

“Lo máximo que podría lograr la defensa de Castillo es que el sistema interamericano, concretamente la Corte Interamericana, diga que el Estado fue responsable de violar los derechos del debido proceso de Castillo, pero no es papel de la Corte determinar la restitución”, dijo.

Además, precisó que un requisito indispensable para acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el agotamiento de la vía interna; es decir, que el caso haya sido sometido a todas las instancias administrativas y jurisdiccionales del país. “Van a pasar unos años antes de que eso ocurra”, señaló.

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En tanto, el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia añadió que el Perú es reconocido a nivel internacional por contar con un sistema de administración de justicia independiente del poder político. “¿Cómo acreditará [Castillo] que está siendo víctima de una persecución política utilizando el sistema de administración de justicia?

"La estrategia de Castillo pasa por señalar hechos que no se condicen con la realidad”

Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción

Vargas Valdivia precisó que la CIDH tendría que encontrar elementos que permitan sustentar que hay una persecución política que instrumentaliza al Poder Judicial y al Ministerio Público, “lo que es imposible”, o que se han afectado los derechos de Castillo, “pero no es así, porque él ha cometido delito”.

Valdivia añadió que la decisión de Castillo de recurrir a la CIDH “se veía venir” desde que designó como abogado al argentino Eugenio Zaffaroni, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el 2016 y el 2022.

Por su parte, el ex primer ministro y ex ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor señaló que el sistema interamericano es subsidiario. “Eso significa que solo funciona en la medida que los órganos de jurisdicción interna no otorguen justicia”.

Para Jiménez Mayor, la defensa legal de Castillo se ha apresurado en recurrir a la CIDH. “El hecho de que haya presentado [el caso ante la CIDH] no significa mucho y puede no significar nada porque finalmente la comisión puede desecharlo”, dijo.

En opinión de Jiménez Mayor, “es bastante lejana la posibilidad de que Castillo pueda ser repuesto por una medida cautelar”. Esto debido a una razón objetiva: un día después del golpe de Estado, la CIDH señaló en un comunicado que el ex mandatario desconoció lo previsto en el artículo 134 de la Constitución, relativo a la disolución unilateral del Congreso.

“Ya existe una valoración de los hechos por parte de la propia CIDH”, remarcó Jiménez Mayor.