El Poder Judicial admitió a trámite la apelación del expresidente Martín Vizcarra a la inhabilitación política por 10 años que el Congreso. (Foto: Archivo Grupo El Comercio)
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación del expresidente Martín Vizcarra a la inhabilitación política por 10 años que el Congreso. (Foto: Archivo Grupo El Comercio)
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Redacción EC
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El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que instruya a la Procuraduría de este poder del Estado para que “asuma de manera inmediata la defensa” del Legislativo en la apelación presentada por el expresidente a la inhabilitación política por 10 años que se le impuso el viernes 16 de abril.

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“Solicito a usted se sirva disponer se instruya a la Procuraduría del Congreso de la República a fin que se apersone formalmente a esta instancia jurisdiccional y asuma de manera inmediata la defensa de los intereses en representación del Poder Legislativo, tomando en consideración que se nos está corriendo traslado a cada uno como ‘emplazados’ a todos los integrantes de la Comisión Permanente”, indica el oficio.

El congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicitó se instruya a la Procuraduría para la defensa del Legislativo. (Documento)
El congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicitó se instruya a la Procuraduría para la defensa del Legislativo. (Documento)

El último martes, el Sexto Juzgado Constitucional del Poder Judicial del expresidente Martín Vizcarra a la inhabilitación política por 10 años que el Congreso le impuso por recibir la vacuna contra el COVID-19 de manera secreta e irregular.

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En su apelación, el exmandatario considera que no solo se afectan sus derechos, sino también los de 208 000 ciudadanos que lo eligieron para representarlos en el próximo Parlamento en las Elecciones Generales del pasado 11 de abril.

El legislador Pérez Ochoa considera que esta acción judicial de parte del exmandatario “busca declarar la nulidad y/o inaplicabilidad de las denuncias constitucionales N°423 y 427 juicio político, seguido contra el expresidente de la República por la vacunación irregular”.

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Como se recuerda, el Parlamento decidió inhabilitar por 10 años al expresidente en base a un informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se consideró que le correspondían 10 años de sanción como consecuencia del juicio político por presuntos actos irregulares al haber pedido y recibido las dos dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

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