En un escrito enviado a la fiscalía, Orellana presentó a Betssy Chávez como su abogada. Ambos firmaron el oficio del 21 de julio del 2016.
En un escrito enviado a la fiscalía, Orellana presentó a Betssy Chávez como su abogada. Ambos firmaron el oficio del 21 de julio del 2016.
Rodrigo Cruz

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En julio del 2016, antes de que se conocieran las delaciones de la constructora Odebrecht, el principal escándalo de corrupción en el país era el de la red Orellana. Por entonces, el abogado Rodolfo Orellana ya había sido arrestado en Colombia, y la fiscalía lo señalaba de encabezar una gigantesca organización criminal que se infiltró en diferentes instituciones del Estado. Además, un año antes fue trasladado de Piedras Gordas I (Ancón) al penal de máxima seguridad de Challapalca (Tacna) por haber introducido un celular a su celda luego de sobornar a un agente del INPE.

Por esas fechas, Orellana alegaba que no contaba con recursos, por lo que se le asignó un abogado de oficio. Sin embargo, el 21 de julio del 2016, el interno sorprendió a la fiscalía de lavado de activos con un escrito en el que solicitaba que se le entregase documentación relacionada al allanamiento de su ‘búnker’ de San Isidro. Para ello, presentó a su nueva defensora: una joven de 27 años que seis meses atrás había obtenido su título de abogada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Su nombre: Betssy Betzabet Chávez Chino.

El Comercio obtuvo una copia de ese escrito, firmado por Orellana desde el penal de Challapalca y por la hoy ministra de Trabajo y congresista de Perú Libre. “Nombro a la doctora Betssy Chávez, con casilla electrónica N° 55516, como mi abogada a fin de que se brinden las facilidades que establece el Código Procesal Penal”, dice el oficio. Además, este Diario revisó el registro de visitas de Ester Carolina Furland, expareja del interno que se encargó de pagar US$1.000 a un agente penitenciario para que ingresase un celular a Piedras Gordas I, cuando estaba recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. En ese reporte figura que Chávez la visitó el 1 de julio del 2016 por 3 horas y 48 minutos; es decir, 20 días antes del escrito de Orellana.

Primera página del escrito enviado por Orellana a la fiscalía en el 2016.
Primera página del escrito enviado por Orellana a la fiscalía en el 2016.
Segunda página del escrito enviado por Orellana a la fiscalía en el 2016.
Segunda página del escrito enviado por Orellana a la fiscalía en el 2016.

—Versión de la ministra—

En julio de este año, el portal El Foco informó que en el 2016 la ministra visitó al menos cinco veces a Orellana en Challapalca. Cuando fue consultada al respecto, su respuesta fue que las visitas se dieron con fines académicos y para ver casos administrativos, tales como el ingreso de medicamentos al penal. Aquella vez, Chávez emitió un comunicado en el que aseguró que acudió al penal por una tesis que estaba realizando para obtener el título de abogada (luego dijo que, en realidad, era para su tesis de maestría) relacionada a los derechos humanos de personas privadas de su libertad en las cárceles de Tacna (ella es de esa región). “Descarto cualquier relación o vínculo personal con algún reo de ese establecimiento penitenciario”, afirmó.

Esta semana, este Diario le consultó a Chávez sobre el tiempo en que ejerció la defensa de Orellana, a lo que ella respondió que no representó al interno en ninguna de sus causas ni lo defendió en alguna audiencia. “Lo niego tajantemente”, dijo. Reiteró que en el 2016 estaba realizando una investigación en materia penitenciaria y que en ese contexto conoció al cabecilla de la presunta organización criminal. Agregó que, al igual que con otros internos, “se solicitó copias de sus expedientes y temas administrativo-penitenciarios propios de la ejecución penal”.

“Si una persona interactúa con personas privadas de su libertad, eso no necesariamente significa que la patrocine, como es el caso de mi persona, que visitó por motivos académicos y humanitarios los centros penitenciarios de Tacna y Challapalca”, expresó la ministra. Pero no hizo referencia al documento en que el mismo Orellana la presenta como su abogada, que además está firmado por ella.

—Visita a Furland—

En cuanto a la visita que hizo a la expareja del interno en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, la ministra contestó que lo hizo para llevarle una carta de Orellana aprovechando que tuvo un viaje a Lima. “[Como] tenía familia viviendo en Chorrillos, no era ninguna molestia acercarme al penal de mujeres”, detalló.

Según Chávez, como estuvo desarrollando actividades académicas en diferentes centros penitenciarios, “muchos reos me pidieron algunas veces pequeños favores como que les llevara su medicina o le llevara alguna carta a sus familiares”. Según el registro de visitas del INPE, el 1 de julio del 2016 Chávez fue la única persona que visitó a Ester Carolina Furland. Ingresó como abogada al penal a las 9:11 a.m. y se retiró a las 12:59 p.m.

La ministra niega vínculos con la red Orellana y asevera que los ilícitos de esa organización se dieron décadas atrás, “cuando era niña”. De acuerdo a la acusación fiscal, la red operó del 2002 al 2014, con total impunidad y en diferentes instituciones.

Registro de visitas de Ester Carolina Furland en el 2016 cuando estaba en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
Registro de visitas de Ester Carolina Furland en el 2016 cuando estaba en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
Página 2 del registro de visitas a Ester Carolina Furland donde figura el nombre de la ministra Betssy Chávez.
Página 2 del registro de visitas a Ester Carolina Furland donde figura el nombre de la ministra Betssy Chávez.

Nuevas restricciones para conocer quiénes visitan a los internos

Como parte de su investigación, El Comercio solicitó meses atrás al INPE, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el registro de visitas de Rodolfo Orellana y de su hermana Ludith en los respectivos penales donde están recluidos. Pero en setiembre la entidad respondió que no era viable entregar la información a pesar de que en ocasiones anteriores sí lo había hecho con otros internos.

En su respuesta, el INPE se basó en un fallo reciente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información en que analiza la denegatoria a un pedido hecho para conocer el registro de visitas que recibió el expresidente Alberto Fujimori en el centro de reclusión de la Diroes.

En la resolución, el tribunal autoriza la entrega de la información, pero solo cuando se trata de visitas que realicen “servidores y funcionarios públicos en el ejercicio de funciones”; es decir, solo se podrán compartir dichos datos cuando los visitantes cumplan ese filtro. En el fallo también se señala que hacer lo contrario sería vulnerar el derecho a la intimidad de los internos. El INPE aseveró que se actuará de la misma manera en todos los casos.

Más datos:

De acuerdo con la hoja de vida que presentó cuando fue candidata al Congreso de la República, en el 2016 Betssy Chávez era jefa de prácticas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. También que trabajó en el Congreso como auxiliar(2017), asesora (2018) y técnica (2019). Laboró con el legislador Jorge Castro y para la Tercera Vicepresidencia del Legislativo, de Yeni Vilcatoma.