Sepa quiénes son todos los investigados por corrupción bajo arresto domiciliario

Luego, el pasado 15 de abril, el Poder Judicial ordenó la excarcelación del exárbitro Richard Martín Tirado y dispuso que continúe afrontando su investigación por el caso Odebrecht bajo arresto domiciliario. La razón para variar la prisión preventiva que venía cumpliendo ha sido el riesgo de contraer el coronavirus en su centro de reclusión.

Actualmente, son varios los investigados o procesados por casos de grave corrupción como Lava Jato que están cumpliendo esa medida coercitiva que si bien significa la privación de la libertad es menos gravosa que la prisión preventiva.

A continuación, les presentamos los principales personajes (políticos, exfuncionarios públicos, empresarios, etc.) que viene cumpliendo dicha medida cautelar por mandato judicial y el estado en que se encuentran sus procesos.

1- Pedro Pablo Kuczynski

El expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local debido a problemas cardiacos el día en que el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos (en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento) por medio de una organización criminal. Era el 19 de abril del 2019 y él había sido internado un día antes. Eso lo salvó de ser llevado a un penal.

Una semana después, la decisión de Chávez Tamariz fue revocada por la Primera Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la cual dispuso que PPK siguiera su proceso bajo arresto domiciliario durante 36 meses. Según la resolución del tribunal, la variación obedece a que el exgobernante tenía serios problemas de salud y 81 años de edad.

El 2 de mayo de ese año, Kuczysnki fue dado de alta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica en la que estaba internado y regresó a su vivienda para cumplir el arresto domiciliario.

Cuatro meses después, el fiscal José Domingo Pérez volvió a solicitar prisión preventiva contra el exmandatario bajo el argumento de que este habría incumplido las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial al recibir las visitas de políticos como Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta en su casa de la calle Choquehuanca, en San Isidro.

Sin embargo, el 23 de agosto del 2019, el juez Chávez declaró infundado el requerimiento fiscal y ratificó la medida de detención domiciliaria para Kuczynski. La fiscalía no quedó conforme con esa decisión y presentó una apelación que llegó hasta la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción. Este colegiado confirmó el 11 de setiembre del 2019 la resolución del magistrado Chávez Tamariz.

PPK está procesado porque presuntamente habría participado en actos de corrupción entre el 2001 y 2006, en la concesión de los proyectos Integración de la Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA Sur (tramos 2 y 3) y del trasvase Olmos. La fiscalía le imputa haber usado su cargo como ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo para emitir decretos que habrían beneficiado a Odebrecht. En retribución, siempre según la tesis fiscal, la empresa Wetsfield Capital, de propiedad de PPK, recibió pagos por las asesorías que hizo a Odebrecht. El exmandatario ha negado tales imputaciones.

2- Luis Castañeda Lossio

El exalcalde de LIma Luis Castañeda Lossio pudo regresar a su casa de Surco el pasado 10 de marzo gracias a que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el 5 de marzo la medida de prisión preventiva que le impuso un juzgado y la modificó por el arresto domiciliario.

Si bien la resolución de los jueces que integran la sala confirmó que se cumplen los presupuestos por los que se dictó la prisión preventiva a Castañeda, es decir reconoce la gravedad de los hechos imputados y la obstaculización a la investigación realizada por el exburgomaestre, concluye que la pretensión del imputado de cumplir arresto domiciliario a causa de su avanzada edad (74 años) y sus enfermedades es válida.

En el documento se lee que en un primer momento “no se habría valorado adecuadamente los informes y documentación presentados” por la defensa de Castañeda Lossio.

En su decisión, la Sala tuvo en cuenta los dos infartos agudos de miocardio que Castañeda sufrió en 2015 y 2016, su hipertensión arterial y su miositis de inclusión, una enfermedad inflamatoria degenerativa de los músculos que provoca debilidad.

Cabe anotar que la jueza María Álvarez Camacho dictó, el pasado 14 de febrero, 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda en el marco de la investigación que le ha abierto el equipo especial Lava Jato. La magistrada fue contundente al sostener que existían elementos “graves y fundados” para presumir con alto grado de certeza que Castañeda Lossio habría cometido los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Según la fiscalía, el exlíder de Solidaridad Nacional habría constituido y promovido a fines del 2014 una organización criminal con su personal de entera confianza de la Municipalidad de Lima con el fin de llevar a cabo una serie de actos irregulares como lograr la realización del Bypass 28 de Julio en lugar del Proyecto Río Verde.

Igualmente le imputa haberse reunido y coordinado con ejecutivos de las empresas OAS y Odebrecht, para presuntamente beneficiarlos a cambio del dinero ilícito que aportaron durante su campaña municipal 2014. La primera empresa habría entregado, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, US$480.000, y la segunda entre US$100.000 y US$120.000.

En dicha investigación también están implicados José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú y dueño de la Universidad Telesup, y Giselle Zegarra, exexgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima. La fiscalía pidió prisión preventiva para ambos pero el Poder Judicial solo dispuso comparecencia restringida.

3- Luis Nava Guibert

Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia del segundo gobierno del fallecido Alan García, es otro de los políticos investigados por corrupción que desde el 23 de octubre del 2019 cumple arresto domiciliario en su vivienda de La Planicie en La Molina. Esto, luego de que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Anticorrupción ordenó el 17 de octubre el cambio de la prisión preventiva que venía cumpliendo en el penal Castro Castro por la detención en su casa.

La prisión preventiva por un plazo de 36 meses había sido impuesta el pasado 30 de abril del 2019 por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, como parte de la investigación que se sigue a Nava por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso del Metro de Lima. Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declaró a los fiscales peruanos que la constructora brasileña entregó dinero a Nava con el fin de que se garantice las obras en la segunda gestión de García.

La jueza María de los Ángeles Álvarez, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dejó sin efecto la orden de prisión preventiva atendiendo el delicado estado de salud de Luis Nava, quien tiene 73 años, y los riesgos de su seguridad en el penal. El también exministro de la Producción del segundo gobierno aprista denunció que fue amenazado en prisión por algunos internos, quienes le habrían advertido que si se “metía con el Apra”, lo iban a matar.

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial, estuvo conforme con la decisión de la jueza, pues consideró que Nava está colaborando con la averiguación de la verdad. En efecto, días antes, el investigado reveló a la fiscalía que Jorge Barata visitó en diferentes oportunidades a Alan García portando loncheras y maletas llenas de dinero en efectivo y que el propio exgobernante le habría dicho que eran para solventar gastos de la campaña presidencial del 2006.

Según el testimonio de Nava, difundido por IDL Reporteros, este habría identificado tres pagos de Barata a García: US$60 mil el 31 de diciembre del 2006; US$600 mil el 6 de abril del 2007 y US$20 mil el 27 de setiembre del 2007. Además, dijo que Barata había indicado que el 12 de diciembre del 2006 hizo una entrega de US328 mil. Cuando se publicó esa información, el Partido Aprista la rechazó tajantemente a través de un comunicado, en el que se decía que Nava “se ha prestado a una patraña” para obtener la detención domiciliaria.

Junto con el arresto domiciliario, Luis Nava deberá cumplir algunas reglas de conducta como no mantener comunicación con otros implicados, coimputados, testigos o peritos del caso. Tampoco le está permitido reunirse o comunicarse con personas vinculadas al Apra. La medida exceptúa a su hijo, Luis Nava Mendiola, quien también está incluido en la investigación.

4 - César Villanueva

El 11 de diciembre del 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 18 meses de prisión preventiva contra César Villanueva, investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. La drástica medida fue confirmada el 27 de diciembre por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Al también ex gobernador regional de San Martín se le imputa haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht en el 2008, cuando ejercía ese cargo, a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

Villanueva estuvo cumpliendo prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro hasta que su suerte cambió gracias, en cierta forma, al coronavirus. La misma Sala Penal de Apelaciones dispuso variar la medida que había dado y ordenó que cumpla detención domiciliaria por 18 meses mientras continúan las investigaciones en su contra.

La sala presidida por el juez Ramiro Salinas Siccha señaló en su resolución que para dar la medida se tomó en cuenta la propagación del COVID-19 y “el peligro latente para las personas mayores con enfermedades graves preexistentes como las tiene el investigado Villanueva Arévalo”. El excongresista tiene 73 años y su abogado ha indicado que de acuerdo el peritaje médico legal Villanueva es "portador de una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, irreversible, grave e incurable”.

Junto con la detención domiciliaria se le ha impuesto a Villanueva una serie de restricciones como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con sus coimputados o cualquier otra persona vinculada a la investigación como testigos o peritos. También le han prohibido dar información de la presente investigación a los medios de comunicación. Además, deberá pagar una caución de S/100 mil.

5- Víctor Muñoz Cuba

Víctor Muñoz Cuba, sobrino de Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Transporte y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García. está procesado, al igual que su tío, por el presunto delito de lavado de activos en el Caso del Metro de Lima.

Él venía cumpliendo prisión preventiva,pero el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el pasado 30 de marzo su excarcelación debido al vencimiento del plazo de esa drástica medida.

Muñoz Cuba recibió la orden de prisión preventiva por 18 meses el 29 de setiembre del 2017, pero cuando finalizó ese plazo la fiscalía solicitó la ampliación de la medida cautelar por 12 meses más, lo cual fue aceptado por el juez Concepción.

El mes pasado, si bien se ordenó la excarcelación de Muñoz Cuba, también se dispuso, al mismo tiempo, otra medida restrictiva. El magistrado Concepción Carhuancho consideró, al igual que la fiscalía, que existe peligro de fuga y riesgo de obstaculización por parte del investiagado, por esa razón dictó la detención domiciliaria en su contra por un plazo de 18 meses.

Ahora Muñoz Cuba sigue afrontando el proceso privado de su libertad, pero en su casa. Respecto a esta investigación por el Metro de Lima, el fiscal José Domingo Pérez presentó el año pasado la acusación contra los implicados por los delitos de corrupción y lavado de activos. Sin embargo, hasta la fecha, el Poder Judicial no ha podido iniciar la etapa del control de acusación que es previa al juicio oral.

6-Richard Martín Tirado

El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso la semana pasada, como lo señalamos líneas arriba, que el abogado y exárbitro Richard Martín Tirado prosiga su proceso penal con arresto domiciliario.

Él es investigado con otros 15 árbitros por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para fallar a favor de la constructora en una serie de laudos que esta tuvo con el Estado Peruano por proyectos como los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis.

Dichos árbitros son investigados por los presuntos delitos de cochecho pasivo, colusión agravada, asociación ilícita y lavado de activos.

La variación de la medida limitativa se tomó en atención a que el abogado Richar Martín Tirado padece de hipertensión arterial y diabetes y, según su defensor César Nakazaki, ha tenido hace un par de años un infarto, lo cual lo convierte en población vulnerable ante el riesgo de contagio de coronavirus.

El magistrado también le impuso una caución económica de S/ 50,000.00 que deberá depositarse en el Banco de la Nación. Además, Richard Martín Tirado deberá cumplir algunas reglas de conducta como no reunirse ni comunicarse con sus coprocesados y personas vinculadas a la investigación como testigos o peritos. Del mismo modo esta prohibido de salir del país.

El 14 de noviembre del 2019, Richard Martín Tirado se puso a disposición del Poder Judicial tras la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra que el 4 de noviembre dictó Chávez Tamariz. Dicha medida fue confirmada más tarde, el 25 de noviembre, por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente.

6- Miguel Atala

El exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala, quien también forma parte de la investigación que involucra a Luis Nava, cumple arresto domiciliario en su casa de San Isidro desde el 30 de abril del 2019, fecha en que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, dispuso esa medida de restricción. Al ex funcionario se le imputa el delito de lavado de activos.

Inicialmente el fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para Atala, pero luego pidió que la privación de su libertad se cumpla en su vivienda en el mismo plazo debido a que el empresario se acogió a la confesión sincera el 26 y 29 de abril del 2019.

Miguel Atala reconoció ante la fiscalía que la suma de US$1′312.000 que la constructora Odebrecht le depositó en una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA), era en realidad un soborno para el exmandatario Alan García. En su interrogatorio dijo que en setiembre del 2008, en Sao Paulo, Luis Nava le dijo que “el dinero que había recibido era del presidente Alan García”. Atala agregó que en el segundo semestre del 2010, el fallecido gobernante le manifestó que el dinero que estaba en la cuenta del BPA "era dinero suyo y que, por favor, le lleve dicho dinero de forma progresiva”.

"Desde 2010 hasta 2018, cumplí de forma progresiva con hacerle diversas entregas de dinero al ex presidente Alan García, hasta completar la cantidad de dinero que me fue depositada en la cuenta de la BPA a nombre de Ammarin Investment Inc, esto es los US$1’312,000”, declaró ante el fiscal Pérez.

Ricardo Pinedo, quien se desempeñó como secretario de García, consideró que el testimonio que Miguel Atala dio a la fiscalía corresponde a un “modus operandi” de atribuirle delitos a fallecidos para librarse de responsabilidades.

El juez Sánchez Balbuena también le impuso a Miguel Atala algunas reglas de conducta como la prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, a excepción de su hijo, el también imputado Samir Atala. Igualmente, está impedido de comunicarse con testigos y peritos y realizar reuniones sociales en su vivienda donde cumple el arresto domiciliario.

7- Adriana Tarazona (caso Fuerza Popular)

Adriana Tarazona, quien fuera secretaria nacional de actas y tesorera de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), estuvo bajo arresto domiciliario desde noviembre del 2018 hasta el 19 de diciembre del año pasado cuando la Sala Penal Permanente revocó esa medida restrictiva y la cambió por comparecencia con restricciones.

De 73 años, Tarazona es investigada junto con Keiko Fujimori en el caso de los irregulares aportes de Odebrecht a Fuerza 2011. Según la fiscalía, ella se encargaba de entregar recibos falsos a Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui para consignar supuestos aportes para la campaña electoral del 2011.

Tarazona, quien también fue asesora de Keiko Fujimori en el Congreso del 2006 al 2011, presentó en el 2019 ante la Corte Suprema un recurso de casación “por inobservancia de norma procesal” contra la Segunda Sala Nacional de Apelaciones que el 18 de febrero 2019 confirmó su detención domiciliaria.

El 12 de diciembre del 2019 se realizó una audiencia publica, en la que La Sala Penal Permanente escuchó los argumentos de la defensa de Tarazona y los de la fiscalía. Una semana después dicho tribunal dejó sin efecto la prisión preventiva y Tarazona ahora afronta el proceso en libertad.

8-Alejandro Álvarez Pedroza

El árbitro Alejandro Álvarez Pedroza es uno de los 16 abogados que están procesados por supuestamente haber emitido laudos arbitrales a favor de la empresa Odebrecht, originando grave perjuicio económico al Estado peruano.

Según el fiscal Germán Juárez Atoche, la constructora brasileña habría sobornado a estos árbitros para ser beneficiada en 26 controversias que tenía con el Estado Peruano por una serie de grandes proyectos de infraestructura en el sur y norte del país.

Álvarez Pedroza cumple arresto domiciliario por mandato de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente que dispuso esa medida el 25 de noviembre del año pasado.

En esa oportunidad, dicho tribunal revocó la prisión preventiva que el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz había ordenado el 4 de noviembre contra 14 árbitros.

Pero mientras que a todos ellos se le varió la prisión preventiva de 18 meses por la medida de comparecencia restringida, a Álvarez Pedroza se le impuso la detención domiciliaria por un plazo de año y medio. Esto se debió a que el mencionado abogado había intentado fugar del país y obstruir las indagaciones.

Cabe recordar que Álvarez Pedroza viajó a Miami el 23 de octubre del 2019, después de conocer el requerimiento de prisión preventiva en su contra. Él compró su pasaje en la madrugada de ese mismo día y pudo abordar el avión porque no tiene vigente ningún tipo de impedimento de salida. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no lo dejaron ingresar y tuvo que regresar al Perú.

9-Emilio Cassina Rivas

El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz no solo dispuso prisión preventiva para 14 árbitros acusados de favorecer a la empresa Odebrecht en la resolución que emitió el 4 de noviembre del 2019, sino también el arresto domiciliario por 18 meses para el abogado Emilio Cassina Rivas y comparecencia con restricciones para su hijo, Emilio Cassina Ramón. Al padre se le impuso esa medida debido a que tiene 87 años. También se estableció que pague una caución de S/50 mil y respete reglas de conducta como no reunirse ni comunicarse con el resto de investigados.

Dicha medida fue confirmada por la resolución que Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente emitió el 25 de noviembre del 2019.

10- Jesús Munive Taquia

Abogado y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Federico Villarreal, Jesús Munive Taquia es otro de los procesados por el Caso Metro de Lima. Él viene enfrentando la investigación con arresto domiciliario. Integró el Comité de Selección que debía otorgar la buena pro a la construcción del viaducto del Tren Eléctrico Línea 1, tramos 1 y 2, y seleccionar a la empresa supervisora con el apoyo técnico de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y de Provías. La fiscalía lo acusa de colusión agravada porque presuntamente habría beneficiado a la empresa Odebrecht con la concesión del proyecto.

Al comienzo, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 36 meses en octubre del 2018. Sin embargo, esa medida se varió luego por la detención domiciliaria, cuyo plazo inicial se venció en enero de este año. Ante esa situación y el riesgo de que podría abandonar el país, el el Poder Judicial amplió por 12 meses más el arresto domiciliario el pasado 13 de enero.

Los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones en Crimen Organizado tomaron esa decisión por mayoría tras aceptar los argumentos del fiscal Pérez, quien advirtió que si Munive Taquia salía en libertad podría darse a la fuga para evitar una posible sentencia condenatoria. La fiscalía presentó el año pasado acusación contra el exservidor público y solicitó para él una condena de seis años de cárcel.

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