Marianella Ledesma instó a que el Congreso de la República modifique el uso de la incapacidad moral otorgándole garantías de debido proceso (Foto: Alonso Chero/El Comercio)
Marianella Ledesma instó a que el Congreso de la República modifique el uso de la incapacidad moral otorgándole garantías de debido proceso (Foto: Alonso Chero/El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

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Tras la decisión de la mayoría de magistrados del () de declarar improcedente la demanda competencial y no pronunciarse sobre cómo aplicar la “incapacidad moral permanente” para vacar a un presidente, la titular de dicha institución , advierte que se deja “un terreno minado” para cualquier próximo mandatario del país.

En entrevista con El Comercio instó a que, ante el silencio del TC, sea el mismo el que regule su reglamento para ofrecer mayor garantías al momento de aplicar dicha figura constitucional.

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¿Qué tan importante era definir la permanente incapacidad moral permanente para vacar a un presidente?

No solo se trata de definir la causal de qué se entiende por “permanente incapacidad permanente” sino de generar un escenario de garantías en el que se utilice esta causal para promover la vacancia.

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Y tampoco se pronunciará sobre algo tan básico como determinar si ello está vinculado a una incapacidad mental que le afecte el discernimiento del mandatario o está referido a su conducta de quien ostenta la Presidencia de la República…

Mi ponencia se orientaba en lo último. Considera que solo será aplicable a aquellos hechos de la mayor gravedad que atentan contra los valores éticos comúnmente compartidos en nuestra sociedad y que hacen insostenible la permanencia en tan importante cargo público; pero además esta conducta tiene que estar ocasionando un notorio desequilibrio social o que genere daño social.

Otro aspecto que ha quedado sin ser esclarecido es, ¿Cuál es el real uso que puede darle el Congreso ante cualquier situación? Porque podría darse un control político pero con fines de juzgamiento paralelo.

Un tema que lo tengo bien claro, es que esta causal de la incapacidad moral, no puede ser utilizada como mecanismo de control político o para debatir la posible comisión de delitos. Dejar las cosas así, es dejar un terreno minado, porque le puede pasar a cualquier presidente de la República. La regla que debió fijarse es que solo se puede utilizar de manera excepcional y no se puede repetir.

Más allá de las personas, que por ejemplo en el caso del expresidente Martín Vizcarra debe dar las explicaciones a la justicia como corresponde, ¿el Congreso actuó de acuerdo a sus atribuciones como dijo el magistrado Ernesto Blume?

Este Congreso ha hecho un mal uso de la vacancia presidencial. Así de claro y directo y por ello resulta importante que la causal de permanente incapacidad moral se defina para evitar que se siga poniendo en riesgo la estabilidad política de nuestro país. El TC tenía la gran oportunidad histórica de poner límites al uso de la vacancia en la interpretación que hubiere hecho de la Constitución.

Otra reflexión que hizo Blume fue que al haber desaparecido el eje de la demanda no tenía “nada que decir” ¿Es atendible una respuesta así en el contexto que hemos vivido?

Es la posición de la mayoría de magistrados que votaron en ese sentido, es una respuesta legal, una respuesta al caso, que no la comparto. Es que en la vida hay que tener posiciones, para bien o para mal.

Durante este Gobierno, el país ha pasado por dos momentos temporales en que el Congreso hizo uso de la incapacidad moral permanente para vacar a los presidentes….

Así es, en este quinquenio de Gobierno, tanto PPK (Pedro Pablo Kuczynski) como (Martín) Vizcarra han sido sometidos a dos procesos de vacancia; en caso de PPK renunció antes de la votación y Vizcarra si fue vacado. Está latente el riesgo arbitrario. Por eso considero que se hace necesario poner límites para evitar la arbitrariedad se vuelva a repetir

¿Quién puede poder esos límites ahora que el TC no lo hará?

Se puede poner los límites en una reforma constitucional y en la modificatoria del reglamento del propio Congreso. Si existe la voluntad política, si los congresistas están arrepentidos, una muestra de sellar ese cambio, es modificar el propio reglamento del Congreso e insertar las ideas de generar un proceso de vacancia con mayores garantías para el Presidente de la República. Es hora que se muestre ese arrepentimiento con hechos. Sería un buen gesto para la ciudadanía ante la omisión o silencio del TC.

¿Qué modificaciones podrían contemplarse para que el Congreso pueda realizar un proceso de vacancia con garantías, como usted indica?

Un proceso con garantías debe contemplar los fundamentos de hecho y de derecho del pedido de vacancia, que los documentos o medios probatorios que acrediten o corroboren los hechos cuestionados puedan ser examinados por una Comisión Especial de Investigación que presenta un informe dentro del plazo que fije el pleno del Congreso. Otros procedimientos parlamentarios lo tienen, me pregunto ¿por qué el de vacancia no puede también tenerlo? Además, se debe otorgar tiempo y los medios necesarios para la preparación de la defensa de quien ostente la Presidencia de la República.

En su ponencia usted también proponía elevar la valla para vacar a un presidente...

Era en relación a la votación, por la causal de permanente incapacidad moral, que deba ser igual o mayor a los 4/5 del número legal de Congresistas. Y que además se requiera una segunda votación y sobre todo, lo fundamental, que no proceda el pedido de vacancia en el último año de ejercicio de la Presidencia de la República. Si no es posible cerrar el Congreso en el último año, también debe limitarse el ejercicio de la vacancia por dicha causal.

Ayer, la gran mayoría ha expresado su preocupación por la decisión del TC, sobre todo porque la ciudadanía tenía mucha expectativa en esa decisión.

Somos siete magistrados, y cada uno tiene una lectura especial de la Constitución y de la oportunidad del pronunciamiento. La decisión se ha tomado en mayoría de cuatro magistrados; esa es la decisión oficial, que desde ya no comparto. Considero que las normas deben ser interpretadas en atención a la realidad peruana de hoy. Ser juez constitucional implica que las normas se apliquen a una realidad, a un contexto; hay que recordar que las normas son instrumentos para alcanzar valores que van mas allá de su simple enunciado, muchas veces genérico e indeterminado; por ello, comprendo que la ciudadanía necesita respuestas a definir, cómo ¿qué se entiende por incapacidad moral?

¿Qué les diría a los jóvenes que protestaron ante la vacancia?

Les diría que son la esperanza del nuevo país, que son seres vivos con una gran sensibilidad para expresarse con una sana indignación, diría indignación patriota. La ciudadanía está despertando en el país y la República de ficción tiene que asentarse en una realidad…nada es estático en la vida, no tener una lectura de esa manera es vivir ajena de la realidad.

¿Cuál es su última reflexión sobre este tema?

Los actores políticos no se han dado cuenta que este Congreso ha dado un golpe a la Constitución y a la democracia. A la Constitución porque no ha respetado los artículos donde se proscribe el abuso de derecho, porque usó de modo arbitrario la causal de vacancia y por no respetar el debido procedimiento. Y, a la democracia, porque ha cortado abusivamente la competencia del presidente de la Republica para dirigir la política de gobierno por un mandato de cinco años.

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