(Foto: Archivo Grupo El Comercio)
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/ OSKAR NATTERI
Carlos Neyra
Carlos Neyra

Unidad de Investigación

El juez Segundo Huamán Carrasco del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP) dio por cancelado el monto de la reparación civil impuesta al exgobernador regional de Junín, , y a otros tres exfuncionarios condenados por el delito de negociación incompatible. De esta forma, los sentenciados evitaron que se revoque el fallo de prisión suspendida que la fiscal anticorrupción de Junín Bonnie Bautista había solicitado ante el incumplimiento en el plazo otorgado por el juzgado.

Sin embargo, durante la audiencia judicial, la representante del Ministerio Público informó que había aceptado el pedido de la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, para incautar los fondos depositados por el líder de Perú Libre, ante la sospecha que éstos tendrían procedencia ilícita.

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Según el documento al que accedió este Diario, la medida de incautación fue presentada el viernes último por la abogada del Estado y se dio en el contexto de la investigación seguida por Bautista en el caso Los Dinámicos del Centros.

“Dicte la medida de incautación cautelar con fines de decomiso del total de dinero depositado en concepto de reparación civil realizados”, se señala en el pedido de la procuraduría.

La fiscal Bautista declaró fundado el pedido de la procuraduría antes de derivar la carpeta fiscal a Lima. De los cuatro sentenciados, Cerrón es el único comprendido en Los Dinámicos del Centro y no tiene la posibilidad de apelar la decisión fiscal. Pero los audios y testimonios de los colaboradores eficaces señalan que la presunta organización criminal recaudó fondos para la reparación. Por ello, los otros condenados deberán demostrar ante el juez la procedencia del dinero depositado.

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El jueves 5 de agosto Cerrón anunció en su cuenta de Twitter que había cumplido con el pago de la reparación civil.

“Terminamos de pagar la reparación civil que nos impusieron en una sentencia arbitraria y altamente politizada. El Perú está expectante para que el nuevo ministro de Justicia, Aníbal Torres, haga efectivo el cobro a los que se niegan a cumplir la ley”, escribió.

Los pedidos

Según el abogado Ángel Espinoza, representante legal de Cerrón en el escrito que presentó hace una semana ante el Quinto JIP, hasta el 2 de agosto, los sentenciados por corrupción habían depositado S/ 850.074, con lo cual se cubría el monto total de la reparación civil, impuesta por el juzgado penal de Huancayo en agosto de 2019. Por ese motivo, el juez admitió a trámite el pedido de la defensa del exgobernador.

No obstante, la procuradora Flores tenía otros planes para el monto depositado por Cerrón y sus otros tres co-sentenciados. En su pedido plasmó los argumentos del Ministerio Público en la formalización de la investigación preparatoria contra algunos exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín (GRJ), entre ellos Cerrón, quienes utilizaron la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) para obtener ganancias ilícitas.

La fiscalía incorporó el 26 de julio a Cerrón en las investigaciones bajo la sospecha de que cumplió un papel importante dentro de la organización. Remarcó que existen “indicios reveladores que hacen presumir que el señor Cerrón Rojas, sería integrante de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, quien habría cumpliría el rol de colaborador principal”.

Para el cumplimiento de dicho propósito, según la procuradora, el exgobernador designó a personas de su confianza como Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y otros servidores públicos en la DRTC, quienes aprovechando su condición privilegiada obtuvieron fondos ilícitos. “Habría colocado gente de su entorno político [partido Perú Libre] en lugares estratégicos a fin de dar continuidad a las actividades ilícitas desplegadas al interior de la DRTCJ”, indicó.

En tanto, la defensa del Estado sostuvo que al interior de la DRTC operó una organización criminal conformada por miembros y militantes del partido Perú Libre y aprovechándose de la condición de funcionario público han obtenido fondos ilícitos para dos propósitos. “Primero, el financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre durante la primera y segunda vuelta electoral [de abril y junio de 2021], y en segundo lugar, para el pago de la reparación civil [de Cerrón]”, precisó.

La procuradora Flores explicó también que “nuestro ordenamiento jurídico de ninguna manera permite que fondos del accionar delictivo o ilegal pueda ser blanqueados como el pago de la reparación civil […] no se puede admitir, estaría rompiendo nuestro ordenamiento jurídico. No se puede aceptar el incremento patrimonial ilícito, ahí cabe el decomiso de esos bienes”.

Trasladan caso a Lima

El juez Segundo Huamán Carrasco del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria decidió declinar la competencia de su juzgado y, de esta forma, dispuso el traslado del expediente judicial a Lima para que sea resuelto en la Corte Superior de Justicia especializada en delito de crimen organizado y de corrupción de funcionarios.

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