Keiko Fujimori a prisión preventiva: ¿Cómo impacta a Fuerza Popular?

Con Keiko Fujimori bajo una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht y a la espera de que se resuelva la anunciada apelación de parte de su defensa legal, el partido Fuerza Popular suma un revés en medio de cuestionamientos al accionar de la bancada en el Congreso, de su afán de reorganización con el comité de emergencia liderado por el legislador Miguel Torres y del llamado que la propia lideresa hizo al presidente Martín Vizcarra para construir una “agenda de reencuentro nacional”.

¿Cómo podría impactar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho a la una organización política y su accionar próximo?

—El partido—
Para el politólogo Arturo Maldonado, Fuerza Popular ha tenido tiempo para prever este escenario, pero todos modos significa un golpe duro. Aún así, el politólogo consideró que no hay que dar por descontado al fujimorismo, pues ha sobrevivido a otras crisis como la caída del régimen del líder histórico, Alberto Fujimori. “Fuerza Popular tiene un núcleo duro, un núcleo fiel al fujimorismo que puede sobrevivir a este tipo de crisis”, aseveró.

Por su parte, el analista político José Carlos Requena sostuvo que Fuerza Popular ya se encontraba en una posición complicada antes de la decisión judicial, pero esto suma ahora a que vaya “muy disminuido” rumbo a las elecciones generales del 2021.

“El solo hecho de estas largas sesiones en que su lideresa es confrontada con diversos hechos que podrían configurar delitos, el hecho de cómo se están movimiento las cosas al interior de la bancada —gente que se grita públicamente y algunas disidencias— hacen que pueda llegar al 2021 con una bancada más reducida, con menos fuerza, sin mucho trabajo partidario o político que mostrar. Entonces, su situación no va a ser lo ventajosa que fue el 2011 o 2016”, sentenció.

En la misma línea, el politólogo Paolo Sosa indicó que todo se ha dado en un contexto en el que la ex candidata presidencial y el partido venían perdiendo credibilidad. Sin embargo, coincidió con Maldonado en que el fujimorismo, como identidad política, no va a desaparecer con la potencial caída de Fuerza Popular. Apuntó, en tanto, que sí se afectará a la fuerza política en términos electorales.

“No es solamente el fallo lo que afecta su popularidad y credibilidad, sino, sobre todo, su comportamiento irresponsable frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, los chats de La Botica son la principal fuente de desprestigio. Esto es importante porque impide que Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular pueda responsabilizar a terceros, son ellos mismos quienes han facilitado el desgaste de su organización”, aseveró Sosa.

—El Congreso—
Maldonado estimó que en el Congreso la bancada partidaria estará más arrinconada y las otras fuerzas políticas pedirán ofrendas que demuestren su anunciado cambio proactivo, quizá empezando porque “dejen de blindar” al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien mantiene tres denuncias constitucionales pendientes de resolver.

Incluso, consideró que la decisión judicial podría generar más incentivos para eventuales disidencias. “Esto es como una represa que está haciendo agua por muchos lados. Pero la presión no es tanta para romper el dique y esto puede ser el elemento que lo rompa y que haya una suerte de desbande en Fuerza Popular”, manifestó.

A juicio de Sosa, se avecina un “comportamiento más errático” en la bancada, con lo cual podría seguir la confrontación, aunque en menos intensidad. “Me parece claro que vamos a seguir observando renuncias y 'traiciones' en los próximos días. La estructura organizacional de Fuerza Popular se va a ver reducida a su núcleo duro", enfatizó. 

Al referirse a momentos en los que antiguos miembros del fujimorismo se alejaron del partido ante los nuevos “jales”, apuntó que “la famosa ‘renovación’ de liderazgos terminó de ser un factor negativo para el partido en este contexto”.

Al respecto, Requena consideró que seguramente algunos legisladores “ya están pensando qué hacer” respecto de su futuro. “Sé que formalmente Salaverry está de licencia, pero en términos prácticos ya hace mucho que se comporta como una fuerza disidente y que tiene un juego propio al interior de la bancada [...] Seguramente su aporte será mucho menos entusiasta de lo que fue en la campaña del 2016, donde fue vocero", advirtió sobre el rol del titular del Legislativo.

—El escenario del diálogo—
El pasado martes 23, a horas de que el juez Concepción Carhuancho inicie la audiencia de evaluación del pedido de prisión preventiva, Keiko Fujimori dio un pronunciamiento invocando al presidente Martín Vizcarra y a las organizaciones políticas a construir juntos una “agenda de reencuentro nacional”, que priorice coincidencias y deje atrás las diferencias.

Maldonado considera que ese llamado es calculado y no sincero. “Y ese cálculo puede ser debido a varias motivaciones: uno, una estrategia de victimización, otra de control de daños”.

De similar manera, Paolo Sosa dijo no ver una voluntad de diálogo que vaya más allá de la actual coyuntura.

Podría darse, entonces, una ronda de diálogo con la lideresa del principal partido de oposición en prisión. Requena vislumbra un escenario raro e inédito en la política peruana. “Hay una cosa real, que el fujimorismo sigue siendo numéricamente la principal fuerza parlamentaria. Se debe dialogar no solo con el fujimorismo, sino con todas las fuerzas políticas sobre la base de acuerdos mínimos, como la remoción de [Pedro] Chávarry”, agregó.

DATO
De acuerdo a la fiscalía, se habría constituido al interior de Fuerza Popular una organización criminal —encabezada por Keiko Fujimori— que tenía entre sus fines "obtener el poder político recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odrebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras, sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal".