Keiko Fujimori: revelaciones sobre aportes en el 2011 abren posible nueva ruta de investigación

A mediados del 2011, tras una convulsionada carrera por el sillón presidencial, el partido de Keiko Fujimori –en ese entonces Fuerza 2011– presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un detallado informe que, a través de documentados aportes y cocteles, justificaba cómo se había financiado su campaña.

Ocho años después, sabemos que esa información no era cierta. A lo dicho por Jorge Barata –quien reconoció que Odebrecht entregó US$1 millón para la campaña del 2011– le siguieron las declaraciones de Dionisio Romero Paoletti (Credicorp) y Vito Rodríguez (grupo Gloria), quienes revelaron que aportaron US$3,65 millones y US$200.000, respectivamente.

En repetidas ocasiones, Keiko Fujimori negó que hubiera falseado el reporte de ingresos del partido. Luego, en noviembre del 2018, Jaime Yoshiyama aseguró que el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar le entregó –en reserva y en efectivo– “varios cientos de miles de dólares” para la campaña del 2011.

Pero tras las recientes revelaciones, la lideresa de Fuerza Popular ha terminado por reconocer que hubo aportantes no declarados, que se hicieron en efectivo y en reserva. “La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”, escribió el último lunes, aunque negó los de Odebrecht.

Según el informe técnico 043 de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Fuerza 2011 declaró que percibió ingresos de campaña por S/17’450.753,93. El gasto se justificó en base a tres conceptos: aportes individuales, ingresos por actividades proselitistas –los cocteles– y otros (venta de artículos como llaveros, gorras, etc.).

Las recientes declaraciones de los empresarios, sin embargo, sugieren un nuevo esquema de financiamiento: si a los aportes de Romero y Rodríguez se le suman el declarado por Jorge Barata y el de Rassmuss Echecopar –señalado por Yoshiyama–, el total de ingresos a la campaña fujimorista del 2011 alcanzaría, por lo pronto, los S/15’820.000.

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—La ruta tributaria—

Aunque queda poco más de S/1’600.000 para alcanzar la cifra declarada por el partido, en los próximos días la fiscalía interrogará a otros 10 empresarios para conocer si aportaron a la campaña. Esto abriría la posibilidad de que el monto de los aportes supere lo declarado por Fuerza 2011 ante la ONPE. Y ello dibujaría una nueva ruta para el Ministerio Público.

El abogado penalista Carlos Caro recuerda que, según la legislación vigente al momento de los hechos, los empresarios no incurrieron en un delito al realizar los aportes. Y si bien con el ocultamiento el partido habría incurrido en el delito de falsa declaración en proceso administrativo, este ya habría prescrito.

Pero aunque la prescripción cierra una puerta de investigación, otra se abre. El abogado penalista César Azabache considera que la fiscalía podría tomar un nuevo rumbo –distinto del Caso Odebrecht– a partir de las últimas revelaciones. Según el especialista, de comprobarse que los aportes no declarados superan el monto señalado ante la ONPE, podríamos encontrarnos ante un presunto caso de defraudación tributaria y lavado de activos por la lideresa de Fuerza Popular. Ello debido a que Keiko Fujimori podría haber hecho suyo el excedente, el cual no habría sido declarado y, por lo tanto, sujeto a impuestos.

“Todos los ingresos que una persona percibe tributan. La excepción son las donaciones, pero la entrega de dinero deja de ser donación si han violado las reglas electorales, porque es ilícita. Y las fortunas que se acumulan por fraude tributario se convierten en lavado de activos si son insertadas en la economía mediante, por ejemplo, la compra de terrenos”, indica Azabache.

Caro coincide, pero precisa que la fiscalía tendría que comprobar que el excedente ingresó al patrimonio personal de Fujimori. “Si el dinero que ingresó al partido fue a parar a bolsillos personales y se puede probar eso, podríamos hablar de delito tributario”, sostiene.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, niega que la recepción de los aportes configure un hecho ilícito. "Aquí no existe el delito de lavado de activos. Aquí lo que existe es un aporte lícito, documentado”, dijo a RPP el último martes.