Kenji Fujimori: lo que viene en el proceso penal tras su suspensión

La suspensión del cargo de congresista que acaba de ser aprobada en el pleno y que alcanza a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez no solo aleja de sus curules a los tres parlamentarios, sino que va a generar una reacción inmediata a nivel judicial.

Por mayoría simple, el Congreso aprobó que los tres ex integrantes de Fuerza Popular sean suspendidos y que sean investigados en el Ministerio Público por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Sin embargo, en la fiscalía ya se había iniciado una indagación por el presunto delito de cohecho pasivo que consideraba a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Ahora este proceso tendrá que ser absorbido por la investigación preliminar que se abrirá en respuesta a la decisión del Congreso.

"Una vez que la acusación sea trasladada al Ministerio Público, se producirá un proceso contra altos funcionarios del Estado que lleva adelante el fiscal de la Nación, es decir, Pedro Chávarry", dijo a El Comercio el abogado penalista Carlos Caro.

Específicamente, será el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales que asumirá el proceso, encabezada por la fiscal María Cabello Arce.

- Bajo condiciones del Congreso -

Tal y como indica la Constitución, la nueva investigación que abrirá la fiscalía deberá enmarcarse en los delitos que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tipificó. Con esto, la actual indagación por cohecho pasivo se paralizaría, al menos en el extremo que incluía a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

"En el artículo 100 de la Constitución se señala que lo resuelto por el Congreso no puede ser variado por el fiscal de la Nación ni por el Poder Judicial. Hemos tenido casos anteriores en los cuales la acusación del Parlamento ha restringido la labor fiscal y se ha archivado porque no cuadra en los dispositivos legales", manifestó el penalista Mario Amoretti.

En este punto, Carlos Caro precisó que la investigación preliminar deberá abrirse por los dos delitos considerados por el Congreso, pero a lo largo de proceso se podría descartar uno de ellos o, en su defecto, podría archivar el caso.

"El artículo solo se aplica en la formalización de la investigación preparatoria. Por eso en la apertura el fiscal debe indicar que investigará los delitos de la calificación del Congreso. No puede ampliar ni reducir lo que indican, pero luego para efecto de acusarlos, puede quedarse con uno de los dos presuntos crímenes o pedir el sobreseimiento a falta de indicios", añadió.

- El camino de la defensa -

A través de su cuenta de Twitter, Kenji Fujimori aseguró que no se sometería a la decisión del Congreso. "Iniciaré acciones legales, defenderé mis derechos", escribió el congresista no agrupado.

El Comercio trató de contactar al abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, después de la segunda votación para conocer qué clase de acción efectiva tomarían para combatir la suspensión en el Congreso, pero hasta la publicación de esta nota no respondió. Horas antes, había adelantado que presentaría una acción de amparo por considerar que se violó la Constitución para suspender a su cliente.

Los constitucionalistas consultados coincidieron en que esta acción de amparo es el camino para anular la medida aplicada contra los tres congresistas no agrupados, la cual puede estar acompañada por una medida cautelar que buscaría que regresen a sus respectivos cargos en cuestión de semanas.

"La acción de amparo se aplica cuando uno considera que se ha violado cualquier derecho constitucional que una persona tenga. No aplica hábeas corpus porque no hay una vulneración de la libertad", precisó el constitucionalista Raúl Ferrero.

Aunque la primera votación que fue acusada de haber sido inconstitucional por considerar votos de miembros de la Comisión Permanente fue anulada y reemplazada por una segunda votación que contó con el visto bueno de todas las bancadas del Congreso, la acción de amparo se mantendría bajo el argumento de una posible violación del debido proceso al aplicar sanciones sin una sentencia judicial firme.

"A eso se le podría sumar una medida cautelar que se puede plantear cuando se admita a trámite la acción de amparo. Para que prospere, solo necesitarían que su acusación sea verosímil y convencer a un tribunal de que es necesario adoptar una medida inmediata para resguardar su derecho a ser congresistas y evitar que ingresen los accesitarios", comentó Víctor García Toma.