Redacción EC

Durante esta semana se han registrado diversos hechos que marcaron la agenda política del país como la juramentación del nuevo gabinete ministerial, presidido esta vez por , entre otras noticias que repasamos a continuación.

Pedro Cateriano asume la PCM en el último año de Martín Vizcarra

El abogado retornó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en lugar de Vicente Zeballos después de cuatro años. Había sido primer ministro en el cierre de la administración de Ollanta Humala (2011-2016).

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Tras juramentar al cargo, el último miércoles 15, Cateriano se reunió con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y dijo esperar que la presentación del Gabinete ante el pleno se realice antes del 28 de julio.

Asimismo, promovió una reunión con los nueve partidos con representación en el Congreso: Acción Popular, Podemos Perú, Partido Morado, Alianza para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular y Somos Perú. Está pendiente la respuesta del Frente Amplio y Unión por el Perú (UPP).

Pedro Cateriano juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

El ingreso de Cateriano Bellido a la PCM también marcó la renovación de más de la mitad del equipo ministerial de Zeballos.

Por ejemplo, se sumaron Mario López Chávarry (Relaciones Exteriores), Jorge Montoya Pérez (Interior), Ana Neyra Zegarra (Justicia y Derechos Humanos), Pilar Mazzetti (Salud), Martín Ruggiero Garzón (Trabajo y Promoción del Empleo), José Antonio Salardi Rodríguez (Producción), Rafael Belaunde Llosa (Energía y Minas), Carlos Estremadoyro Mori (Transportes y Comunicaciones), Kirla Echegaray Alfaro (Ambiente) y Patricia Donayre (Desarrollo e Inclusión Social).

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En tanto, los ministros Walter Martos (Defensa), María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Carlos Benavides (Educación), Jorge Montenegro (Agricultura y Riego), Gloria Montenegro (Mujer) y Alejandro Neyra (Cultura) fueron ratificados.

Se posterga decisión sobre impedimentos para postular

El lunes 13 el pleno del Congreso 2020-2021 no pudo ratificar, en segunda votación, la reforma constitucional que impide a las personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos. Esto debido a que las bancadas de Podemos Perú y Unión por el Perú cambiaron sus posturas respecto a la primera votación.

Al cierre del debate, no se tenían los 87 votos requeridos, por lo que el presidente Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) suspendió la sesión hasta “una próxima oportunidad”. “Tenemos una responsabilidad histórica y tenemos que marcar la diferencia de otros Parlamentos”, dijo.

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En la polémica sesión del pasado 5 de julio, la referida reforma constitucional obtuvo 111 votos a favor y 14 en contra. Para que se convierta en ley y entre en vigencia en el proceso electoral 2021, se necesita que el Parlamento lleve a cabo una segunda votación con mayoría calificada de 87 votos.

En el dictamen original, que la Comisión de Constitución presentó ante el pleno, la fórmula planteaba que el impedimento solo para las personas condenadas, en primera instancia, por delitos dolosos con penas superiores a los cuatro años. En el pleno del domingo 5, esta barrera de los cuatro años fue retirada a pedido de la bancada de Somos Perú y otras que la secundaron.

JNJ suspende a Tomás Gálvez como fiscal supremo

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por unanimidad, suspendió por seis meses en sus funciones al fiscal supremo ; y en consecuencia ordenó que se aparte de su cargo en el Ministerio Público de manera preventiva, mientras concluye su proceso disciplinario debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto'.

La decisión se adoptó el jueves 16, luego de que los seis integrantes de dicha institución escucharan los alegatos de Gálvez Villegas frente un pedido de suspensión preventiva que había realizado el vocal instructor de la JNJ, cuyo nombre se maneja en reserva.

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Según las pesquisas del Ministerio Público, Gálvez Villegas, desempeñaba el rol de ‘hombre clave’ en la estructura de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y, en su condición de fiscal supremo, era un ‘punto nodal’ de la mencionada red criminal.

A inicios de julio, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra altos funcionarios por sus vínculos con dicha organización criminal, entre ellos, Gálvez Villegas por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

En el 2018, se revelaron diversos audios en los que se escuchaba a Gálvez Villegas, solicitar favores al exjuez supremo César Hinostroza, quien es investigado también por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Denuncias constitucionales contra excongresistas

La fiscal de la Nación, , presentó el martes 14 ante el Congreso una denuncia constitucional contra los exparlamentarios Javier Velásquez Quesquén (APRA) y Marvin Palma (Cambio 21), por el presunto delito de tráfico de influencias agravado; así como contra el actual congresista y excontralor , por cohecho pasivo propio.

Según consta en el documento, los excongresistas habrían “hecho prometer para sí diversos beneficios económicos” al exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de promover una reunión con el entonces contralor de la República, Edgar Alarcón.

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El encuentro tenía como finalidad abordar el tema del levantamiento de una medida de suspensión temporal de operaciones a las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo cual es una facultad de la Contraloría.

Ávalos, además, sostiene que Alarcón habría aceptado o recibido un beneficio económico de aproximadamente S/30 mil de parte de Cornejo Chinguel a cambio de levantar el congelamiento de cuentas del municipio.

De otro lado, Ávalos también presentó -ante el Congreso- una denuncia constitucional contra el expresidente del Parlamento por peculado doloso y falsedad ideológica. El exlegislador es investigado por presuntas irregularidades en sus informes de gastos de representación.

Graña y Montero aportó a campaña de Susana Villarán

La empresa peruana también aportó US$200.000, según el testimonio que dio José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, a la fiscalía, al que tuvo acceso El Comercio. José Antonio y Hernando Graña han confirmado dicho aporte ante el equipo especial Lava Jato.

Entre el 15 y 22 de junio pasado, un mes después de su excarcelación, Castro decidió colaborar con el fiscal Carlos Puma y brindó detalles sobre los aportes que recibió de algunas empresas constructoras, entre ellas Graña y Montero.

Es la primera vez que el responsable económico de la campaña por el No y ex hombre de confianza de Susana Villarán, menciona a Graña. Castro es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado.

“Los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones. De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero”, precisó Castro en su declaración a la que accedió El Comercio. Además mencionó que Óscar Vidaurreta Yzaga, de la agencia Ogilvy, era el encargado de la publicidad de la campaña.

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