Desde que en octubre del 2018 asumió como ministro del Interior, Carlos Morán ha tomado más de una decisión controvertida.  (Foto: Hugo Curotto / GEC)
Desde que en octubre del 2018 asumió como ministro del Interior, Carlos Morán ha tomado más de una decisión controvertida. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
Ariana Lira Delcore

Desde que en octubre del 2018 asumió como ministro del Interior, el exjefe de la Dirandro ha tomado más de una decisión controvertida. Si bien la más reciente es el retiro del resguardo policial para congresistas (pero se mantiene el de ministros de Estado y otros altos funcionarios), otras medidas anunciadas por el ministro han sido blanco de críticas por considerarse que, pese a ser populares, no tendrían efectos reales en la lucha contra el crimen.

1. Expulsión televisada

En junio del 2019, el Gobierno realizó la tercera expulsión del país de venezolanos que ocultaron sus antecedentes policiales. Lo llamativo de aquella vez, sin embargo, fue la convocatoria a la prensa y la presencia del presidente de la República. Frente a las cámaras, Morán y Martín Vizcarra supervisaron el desfile de 140 extranjeros, que subían a un avión en el Grupo Aéreo N° 8.

La medida, sin embargo, no tenía respaldo en las cifras: del total de denuncias por delitos en el país, solo el 1,8% corresponde a venezolanos.

El mes siguiente, Morán aseguró que la presencia de venezolanos había “disparado” los indicadores de incidencia delictiva en Lima. El ministro fue blanco de críticas por no presentar evidencia que respaldara sus afirmaciones y, al día siguiente, el presidente Vizcarra reconoció que “no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana” en el país.

2. Brigada para venezolanos

El 21 de enero, el ministro del Interior sorprendió con un anuncio insólito, pero que sintonizaba con sus decisiones del año pasado: una brigada especial de la policía había sido creada para combatir la criminalidad de ciudadanos extranjeros.

La medida –que algunas voces calificaron como populista por no tener respaldo estadístico- generó controversia, ya que conllevaría a acentuar la xenofobia contra los inmigrantes, en un contexto en el que los venezolanos eran menos del 1% de la población penitenciaria.

3. Decisión apresurada

En diciembre del año pasado, los agentes de una comisaría de El Agustino no atendieron la emergencia de una mujer que era agredida por su pareja. La inacción de la PNP permitió el asesinato de la mujer y sus hijos. Dos días después de la tragedia, Morán anunció que, en Navidad y en Año Nuevo, él mismo corroboraría que los comisarios estuvieran en sus puestos de trabajo. “La policía hoy no disfruta ni goza, va a tener que trabajar porque para eso han sido formados. Toda la noche patrullaje y atención al ciudadano”, dijo en rueda de prensa.

El 31 de diciembre, el ministro llegó a la comisaría de San Pedro, en Carabayllo y, al no encontrar al comisario Noé Núñez en su oficina, informó a través de su cuenta de Twitter que este sería “destituido de manera inmediata”. Sin embargo, la Inspectoría de la Policía Nacional concluyó que Núñez se encontraba patrullando su jurisdicción.

El comandante no fue destituido –como informó el Mininter–, pero sí trasladado a un área administrativa de la PNP. Los vecinos pidieron la permanencia de Núñez y, antes de que fuera trasladado, le obsequiaron una placa recordatoria en la que se leía: “Por su alta calidad humana, destacada labor, esfuerzo, constancia y compromiso”.

4. Resguardo insuficiente

En diciembre del 2018, una bomba molotov fue arrojada sobre la casa de Katherine Carbajal, en Villa El Salvador.

La agraviada denunció que su expareja Ilidio Rodríguez –quien cumplía prisión preventiva por desfigurarla brutalmente meses antes– sería el autor intelectual del ataque. El caso resonó en los medios de comunicación y Morán ordenó que se le colocara resguardo permanente a la mujer.

El mismo día en que se envió el resguardo para Carbajal, Julia Rayme Valenzuela –cuyo caso, a diferencia del de Katherine Carbajal, no había sido conocido por la prensa– fue asesinada a balazos por su exesposo Julio César Ganoza. El Poder Judicial había ordenado medidas de protección para Rayme, pero no se habían ejecutado.

Tras el escándalo, Morán terminó por reconocer que existían 42 mil órdenes de protección para víctimas de violencia emitidas por el Poder Judicial, pero que, para el sector Interior, era “humanamente imposible atender todos esos casos”.

—Decisiones sin impacto real—

Para Mabel Huertas, analista política, con este tipo de medidas tomadas desde el Ministerio del Interior el Gobierno busca mantener el respaldo popular. “Al no tener grandes obras o políticas públicas exitosas que lo mantengan con popularidad tras la disolución del Congreso, lo que el presidente Martín Vizcarra quiere es generar un impacto en la sociedad. Es una medida populista”, señaló.

Nataly Ponce, exviceministra de Seguridad Pública, considera que estas decisiones, si bien atienden una coyuntura, no solucionan los problemas de fondo. “Son medidas que tienden a paliar el problema, pero como país necesitamos políticas de mediano y largo plazo”, indicó.

Entre mayo y octubre del 2019, el índice de victimización fue de 26,08%, 0,4 puntos porcentuales por encima que el mismo semestre del año anterior.

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