“[Ley Mulder] será un mecanismo de censura indirecta”

Edison Lanza responde al congresista Mauricio Mulder, quien lo tildó de “burócrata” por pedirle información sobre su proyecto que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados. El funcionario de la CIDH subraya que no lo hizo a título personal. Señaló que su relatoría tiene un mandato de los estados para solicitar información. Explicó que hizo el requerimiento tras recibir denuncias del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Sociedad Interamericana de Prensa.

—¿Por qué preocupa el proyecto del legislador Mulder?
Este proyecto se aparta de los estándares para manejar estos temas, que tienen que ver con el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13. El Perú forma parte de esa convención y tiene que cumplir de buena fe.

—¿Qué se pone en riesgo cuando se prohíbe a un Estado contratar publicidad en un medio privado?
La convención americana prohíbe a los estados tomar medidas indirectas de restricción de la libertad de expresión. No solo la censura previa, sino también mecanismos discriminatorios. [Y el proyecto Mulder lo es] porque solo le prohíbe al Estado anunciar en medios privados y sí podrá hacerlo en medios públicos y redes sociales. Es evidente que será un mecanismo de censura indirecta.

—¿Cuál será su impacto?
Se quitará una pata de financiamiento a los medios privados sin excepción. Los medios más chicos tendrán más afectación, los más grandes tal vez lo puedan soportar. Un segundo efecto es la disminución del pluralismo porque solo van a sobrevivir los medios grandes y no los medianos o pequeños, como las plataformas de periodismo de investigación que cumplen un rol fundamental.

—¿Es válido argumentar que se busca evitar el despilfarro en publicidad estatal?
Es un mandato del sistema interamericano de derechos humanos fortalecer la democracia a través de un gobierno que rinda cuentas. Pero no es contradictorio regular la publicidad oficial, sin suprimirla, y cuidar los fondos del Estado.

—También ha advertido un riesgo en favorecer solo a los medios públicos con la publicidad estatal...
Irónicamente, el proyecto no tiene ninguna medida de racionalidad para los medios gubernamentales. Podrían poner en infinito recursos en los medios gubernamentales y esa puede ser la finalidad que está escondida. O sea, eliminar a los medios privados y crear un discurso hegemónico con unos pocos medios gubernamentales financiados con la plata de todos, pero al servicio del gobierno o de la mayoría parlamentaria de turno.

—El proyecto original de Mulder se ha modificado y ahora establece excepciones para casos de emergencia y educación electoral. ¿Sigue siendo preocupante?
Es un parche a algo que está mal hecho y no cumple los estándares internacionales de la libertad de expresión. No le veo mayor cambio. En ninguna democracia desarrollada y consolidada en el mundo, se ha hecho algo semejante.

—¿Qué países de la región se han preocupado por administrar mejor la inversión en publicidad estatal?
Muchos países han racionalizado el uso de la publicidad oficial y con una afectación menor a la sustentabilidad de los medios. En Argentina, el actual gobierno estableció criterios de asignación y de rendición de cuentas y bajó sustantivamente el gasto, que era excesivo. En Uruguay, también se acaba de reducir en 30% el gasto en publicidad oficial.

— Es decir, optaron por una mejor regulación.
Y sin suprimir la asignación de publicidad oficial, que tiene un objetivo y no es un subsidio a los medios. El Estado tiene que comunicar cómo cumple sus obligaciones, qué servicios brinda, cuáles son los derechos de las personas.

—Además del fondo, ¿le preocupa la celeridad con la que se aprobó la iniciativa de Mulder?
Ojalá que, con todos estos llamados de atención que se han hecho y la intervención de la relatoría de la OEA y eventualmente de Naciones Unidas, el Congreso del Perú cambie el sentido de este proyecto y abra un espacio de participación. En una democracia, es inconcebible que se legisle afectando la libertad de expresión y no hayan podido opinar los medios de comunicación, los organismos internacionales, etc. A mí se me estigmatizó como un burócrata internacional cuando estoy cumpliendo mi trabajo.

— Mulder dice que no buscó aportes ni consenso para su proyecto porque no era necesario hacerlo para plantear la prohibición en cuestión.
En sus propias palabras, está hablando de una concepción que no respeta los derechos humanos y el derecho internacional del que forma parte el Perú. Volveríamos a la época previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando ningún Estado se sometía a ningún tipo de norma internacional sobre derechos fundamentales.

—La primera ministra Mercedes Aráoz, quien ya dijo que el proyecto será observado, ha comparado la Ley Mulder con las iniciativas del presidente Maduro.
No quiero ingresar en la discusión política interna. Sí es importante decir que un principio básico de interpretación de cualquier legislación que afecta la libertad de expresión es que cuando hay varios intereses por proteger, se tiene que elegir un mecanismo transparente que afecte en menor medida la libertad de expresión.

—El proyecto de Mulder se aprobó gracias al apoyo de la bancada del partido de Keiko Fujimori. ¿Preocupa que una persona que aspira a ser presidenta del Perú apoye este tipo de medidas?
En definitiva, hay un desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos y por los tratados y convenciones que han construido los estados. Si esta estructura es totalmente no observada por el Congreso actual y esa mayoría, que pese al pedido de información hace caso omiso, lo considero una señal muy preocupante.

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