“Llegó el dinero, pero no alcanza”, la columna de Fernando Tuesta

Hace unos días se hizo efectiva, por primera vez en la historia, la transferencia de dinero del MEF para los partidos políticos, pese a que la ley establecía que eso debía ocurrir desde hace una década. Medida impopular, aun cuando necesaria.

Históricamente, el dinero que sostenía a los partidos políticos provenía del financiamiento privado. En concreto, de los recursos propios: aportes de los militantes, así como en actividades y negocios de cada partido. Esto ahora ha cambiado drásticamente, las campañas electorales son cada vez más costosas y los partidos ya no generan ingresos, por lo que carecen de dinero.

El mecanismo del financiamiento público a los partidos –que en nuestra región se encuentra normado, salvo los casos de Venezuela y Bolivia– opera en la dirección de reducir la vulnerabilidad de las mencionadas organizaciones frente al dinero de origen privado, cuya supervisión es difícil de conseguir a plenitud, tal como lo muestran ejemplos en todo el mundo.

El problema de casi todas las propuestas que se han presentado en el marco de la reforma electoral es que concentran su atención en medidas de transparencia y sancionadoras para los partidos, sin contemplar que, si estos necesitan dinero, van a intentar conseguirlo a como dé lugar para enfrentar estas campañas costosas, en las que cerca de las dos terceras partes se gasta en televisión; más aun si el dinero que se está transfiriendo ahora a los partidos no puede ser usado para una campaña electoral, pese a ser la actividad partidaria que demanda más gasto. En otras palabras, no se resuelve el problema de la vulnerabilidad que aqueja a los partidos, de la misma manera que no se resuelva el problema de la delincuencia solo elevando las penas contra los criminales.

El informe del grupo de trabajo de reforma electoral del Congreso de la República avanza en la solución, pero debe ser completado con medidas como: a) incrementar al doble el financiamiento público en año electoral, además del subsidio permanente, b) duplicar el tiempo de la franja electoral para uso exclusivo de los partidos nacionales, pero prohibiendo la contratación de espacios fuera de este mecanismo, como ocurre en Chile, México y Brasil, c) mantener el tope de aportaciones de personas naturales de 60 UIT, pero elevar el tope para aportaciones de personas jurídicas, a por lo menos 200 UIT, d) crear sanciones políticas, como el retiro de la inscripción del partido en caso de faltas graves y reiterativas. Si no se añaden medidas como estas, la reforma tendrá efectos menores.

Lo anterior debe ir acompañado con medidas como la eliminación del voto preferencial, agujero por donde el origen del dinero se sumerge en la oscuridad. También elecciones internas de los partidos políticos que se desarrollen de manera simultánea y sean, en todas sus fases, llevadas por los organismos electorales, pues estos ofrecen garantía de legitimidad. Esto se convierte, además, en una de las modalidades de financiamiento público indirecto. Se trata, pues, de un núcleo de reformas acotadas pero urgentes, para lo que se requiere acuerdo político previo; de lo contrario, seguiremos lamentándonos mañana más tarde cuando aparezcan candidatos financiados por dinero siempre interesado y nunca filantrópico.

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