Los efectos del 30 de setiembre, la columna de Diana Seminario

Hace una semana, en este espacio, hablábamos del golpe de Estado que venía tramando Martín Vizcarra, luego de que en entrevista en “Cuarto poder” anunciara que si el Congreso cumplía con elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, él asumiría que se trataba de una negación de confianza, por tanto se encontraría facultado a disolver el Congreso. Desgraciadamente para el país, cumplió su amenaza.

“Negación fáctica de la confianza” fueron los términos usados por Vizcarra Cornejo para justificar una acción que a todas luces dista mucho de la legalidad. Desde el martes venimos buscando en la Constitución la “negación fáctica” como causal de cierre del Parlamento, y seguimos sin encontrarla.

“A la negación de confianza no se llega por vía interpretativa, como ha sido sustentado por el señor Martín Vizcarra, sino que necesita una manifestación expresa denegatoria por parte del Consejo de Ministros”. Así se expresaron un grupo de constitucionalistas, quienes precisan además que la decisión de Vizcarra no se ajusta a la previsión constitucional, por tanto, “nos coloca fuera del Estado de derecho”.

La ilegalidad y los vicios de fondo y forma que han sustentado la decisión del exgobernador de Moquegua nos colocan en una situación de desconcierto, que –a priori– solo podría ser dirimida por el Tribunal Constitucional.

Con la convicción de saber que “nada le va a pasar”, Martín Vizcarra admite en una entrevista a este Diario que la decisión la tomó personalmente él y no el Consejo de Ministros. El mandatario hizo el anuncio de disolución del Parlamento, para luego nombrar como primer ministro a Vicente Zeballos, quien fue quien refrendó la norma. Ergo, una decisión no avalada por el Gabinete.

Ahora Vizcarra Cornejo tiene que dedicarse a gobernar, pues ya no tiene a quien tildar de “obstruccionista”. Por cierto, llama la atención que recién esté elaborando un plan de acción a futuro, que Zeballos tendrá que presentarle en tres semanas. Sin rumbo y sin planeamiento.

Las consecuencias de esta decisión ya se están dejando sentir en la práctica, con un gobierno sin control parlamentario y sin el tan necesario equilibrio de poderes.

Con una fiscalización ausente, Edmer Trujillo regresa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Algunos se preguntan: ¿cómo se explica el retorno de este personaje al Gabinete? La respuesta es sencilla: en un gobierno de facto y sin control, todo es posible.

Entre tanto, la izquierda continúa celebrando la disolución del Parlamento y frotándose las manos con la posibilidad de que un Congreso del 2020 promueva una Asamblea Constituyente. ¡Cuanta razón tiene Enrique Ghersi cuando afirma que “la elección del 2020 es más importante que la del 2021, porque quien controle el Congreso decidirá si hay elecciones el 2021, si van a cambiar la Constitución o el régimen económico”!

Así, en medio de la polarización generada por una “decisión personal” –como lo ha admitido el propio Vizcarra–, el país sigue exigiendo resultados en seguridad ciudadana, los jueces reciben bonificaciones de 8 mil soles, el Estado tiene que devolverle a Odebrecht más de 500 millones de soles, y es un país en medio de dos fuegos, con un futuro impredecible.