En Ecuador, país donde tiene un acuerdo de colaboración eficaz, la firma solicita el pago de US$185 millones por la resolución unilateral en el 2018 del contrato de la obra Pascuales-Cuenca, valorizada en US$369,9 millones. (El Comercio)
En Ecuador, país donde tiene un acuerdo de colaboración eficaz, la firma solicita el pago de US$185 millones por la resolución unilateral en el 2018 del contrato de la obra Pascuales-Cuenca, valorizada en US$369,9 millones. (El Comercio)
Rodrigo Cruz

El Perú no es el único país de la región que ha sido demandado por . Consultada por este Diario, la constructora respondió que tiene “arbitrajes en curso en prácticamente todos los países de América Latina” donde actuaron recientemente. La empresa brasileña evitó decir cuáles eran. Sin embargo, por información pública se sabe que algunos de ellos son Ecuador, República Dominicana, Colombia, Argentina y Brasil. Es decir, países donde la multinacional reconoció en el 2016 que pagó sobornos para ganar o retener contratos.

“En algunos de estos casos, la decisión de la compañía en el 2016 de colaborar con el sistema de justicia generó medidas arbitrarias por parte de agentes públicos o políticos, como una forma clara de represalia”, dijo Odebrecht en un breve comunicado.

En el caso de Ecuador, país donde tiene un acuerdo de colaboración eficaz, la firma solicita el pago de US$185 millones por la resolución unilateral en el 2018 del contrato de la obra Pascuales-Cuenca, valorizada en US$369,9 millones. De acuerdo al Estado Ecuatoriano, fue por incumplimiento de obligaciones en la construcción. El proceso arbitral actualmente se lleva en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil.

Con República Dominicana, país donde también la constructora ha suscrito un acuerdo de colaboración, la demanda es llevada en la Corte de Arbitraje de Nueva York. En este caso, la demandada es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, obra que supera los US$1.945 millones. Inicialmente, la firma solicita un pago de US$500 millones.

“Para resolver las controversias resultantes y recuperar los medios para pagar las deudas con los acreedores, la empresa tuvo que buscar centros de arbitraje internacionales, como es el caso del Ciadi”, se añade en el escrito dirigido a este Diario.

En Colombia, en tanto, Odebrecht presentó inicialmente una demanda de arbitraje contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la Cámara de Comercio de Bogotá por la obra Ruta del Sol 2. Esta instancia decidió, el año pasado, darle la razón a la entidad colombiana y declaró nulo el contrato en cuestión e impuso un pago menor a lo que pretendía la brasileña (US$61,6 millones, a diferencia de los US$787,5 millones que solicitaba el conglomerado brasileño).

Sin embargo, la multinacional llevó en paralelo el caso a la Cámara de Comercio Internacional en París antes de que se emitiera el fallo en el tribunal arbitral de Bogotá. Con Colombia, cabe precisar, aún no se tiene un acuerdo de colaboración con las autoridades.

En el caso argentino, la demanda fue presentada ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por la resolución del contrato del plan de ampliación de gasoductos. En ella, se solicitaba una indemnización de más de US$50 millones. Sin embargo, una medida cautelar de la justicia común suspendió este proceso mientras se investiguen los casos de corrupción. Argentina tampoco cuenta con acuerdo de colaboración.

Mientras tanto en Brasil un ejecutivo de la compañía dijo que tienen decenas de procesos arbitrales con Petrobras y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).

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