La lucha contra la corrupción intelectual, por Jaime de Althaus

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, confirmó lo que ya venía implícito en la Política Nacional de Competitividad aprobada el 31 de diciembre: que no habrá reforma laboral. El domingo pasado declaró en “La República” que los regímenes laborales especiales, cuyos costos no salariales ya están reducidos, no han dado resultados. “Definitivamente [la reforma] no pasa por la reducción [de dichos costos]”, concluyó.

El argumento es una falacia completa. Es obvio que si algo es más caro, menos gente podrá comprarlo. Si la formalidad es costosa, pocos accederán a ella. Se vuelve excluyente. Si los regímenes especiales para la microempresa y pequeña empresa no han tenido todo el resultado que se esperaba, es por la misma razón: porque tampoco reducen otros costos del marco legal peruano, que lo vuelven prohibitivo para la mayor parte.

Uno es el salario mínimo (930 soles), que, aunque parezca mentira, es superior al salario promedio en el sector informal (908 soles) (IPE). La mitad de la población ocupada peruana gana por debajo del salario mínimo (Plades). Entonces, reducir los costos no salariales del trabajo en los pequeños no funciona si el piso mismo ya es prohibitivo.

Un segundo costo, infinito, es la sentencia del TC del 2001 que permite al Poder Judicial reponer a un trabajador aunque haya recibido indemnización por despido. Es la estabilidad laboral absoluta. Las empresas no querrán contratar a trabajadores si ante dificultades, caída en los mercados o cambio tecnológico (algo cada vez más frecuente), no podrán desvincularse de ellos. La informalidad es la respuesta.

Y hay un tercer costo, también inabordable: la ley que crea los regímenes especiales establece que al incorporar a trabajadores a la formalidad se debe pagar retroactivamente los derechos laborales correspondientes a los años anteriores. Imposible.

Si, pese a todo ello, los regímenes especiales han formalizado a 400.000 trabajadores, eso significa que sí funcionan. En lugar de analizar las razones por las cuales no han formalizado aún más trabajadores, se salta a la conclusión de que el problema no son los costos no salariales y que por allí no va la reforma. ¿Por dónde va? Por ninguna parte. La “Política de Competitividad…” incluso borra el cuadro comparativo, que sí estaba en el documento prepublicado, que muestra cómo los costos no salariales del Perú son más del doble que los de nuestros pares de la Alianza del Pacífico.

En lugar de negar los problemas, la ministra podría reconocer su existencia y decir que para resolverlos se requiere consenso, y que ella o el presidente harán un esfuerzo para lograrlo. Pero ni eso. Se niega la realidad. Deberían saber que la lucha contra la corrupción incluye también la lucha contra la deshonestidad intelectual.

Nuestro marco regulatorio laboral está hecho para las grandes empresas. Y para proteger cada vez más a los que ya están protegidos, a costa de construir muros cada vez más altos que nadie puede escalar. Si queremos más trabajo y salarios más altos para todos, necesitamos un marco legal menos oneroso y más inclusivo, y que proteja al trabajador, no al puesto de trabajo. A la propia CGTP le convendría, porque ampliaría significativamente su base sindical.