La verdad de Galarreta, por María Alejandra Campos

Luego de 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre el conflicto armado interno, poco se ha hecho en el país para ayudarnos a procesar esa etapa traumática de nuestra historia.

Por el contrario, lo que encontramos es una inmensa polarización de personas alérgicas al diálogo: aquellos que sí consideran válidas las conclusiones de la CVR y quienes niegan su validez tajantemente.

En ese segundo grupo parece encontrarse el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien en recientes declaraciones a este Diario dijo que cerraría su gestión inaugurando un parque temático para la memoria de los caídos por el terrorismo que representaría “la verdadera historia de la nación”.

Ningún sector niega que, como dice la CVR, “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCPSL) de iniciar una ‘guerra popular’ contra el Estado Peruano”; que “fue el principal grupo subversivo, el PCP-SL, quien provocó el mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil”.

Y que “la estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos”.Sin embargo, cada vez que la participación de los militares en el conflicto entra en el debate, se acaban los argumentos y empieza la pelea campal entre “fachos / DBA / conservas” y “proterrucos / rojos / caviares”. ¿Por qué es que nunca nos pusimos de acuerdo sobre ese lado de la historia?

Hubo un tiempo en el que había mucho más respaldo que ahora a la seriedad técnica de la comisión. En el 2003, el teniente general Arias Graziani, comisionado de la CVR, firmaba con reservas el informe final, pero dirigía una carta al presidente de la comisión, Salomón Lerner Febres, en la que decía que “la comisión que Ud. dignamente preside ha cumplido con seriedad y esmero encomiable su cometido, pues consta a todos la esforzada tarea que ha realizado con el propósito de buscar la verdad de lo que sucedió en los 20 años de violencia que azotó a nuestro país”.

Arias Graziani cuestionaba, en ese entonces, ciertos aspectos del informe, pero no lo rechazaba tajantemente.

En los años subsiguientes, los gobiernos optaron por no pagar el costo político que significaba continuar con el proceso de socialización y discusión del informe. Más pronto que tarde sus tomos quedaron enterrados en las bibliotecas, cada vez más lejos de la discusión pública.

Hoy, en lugar de un discurso nacional articulado, tenemos al presidente del Congreso queriendo difundir una verdad alternativa: la suya. “Es una idea que nace de mí hacia un alcalde y no es con plata del Congreso. No tiene nada que ver con el Parlamento”, afirmó Galarreta ayer.

Luis Galarreta está en todo su derecho de dudar del informe de la CVR si no lo encuentra convincente. Pero una cosa es que cuestione su contenido y que genere un debate valioso y alturado, y otra que quiera instaurar una versión hecha a la medida de sus percepciones.

¿No es más eficiente partir de lo avanzado? ¿Realmente no valieron para nada más de dos años de trabajo, 17 mil testimonios y nueve tomos de información?

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