Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña en manos del pleno del TC tras denuncia en su contra

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará este jueves la denuncia que interpuso la secretaria técnica de dicha institución, Susana Távara Espinoza, contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, por violencia psicológica.

Távara Espinoza, quien tiene 16 años como funcionaria de la institución, presentó el caso ante el pleno del TC el pasado 5 de diciembre, pero fue su debate fue postergado debido a que el magistrado denunciado no asistió por estar de descanso médico.

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En la denuncia escrita, se relata que el martes 3 de diciembre, la secretaria general acudió ante el magistrado para que firme el acta de elección de la magistrada Marianella Ledesma como presidenta del TC.

Espinosa-Saldaña, lejos de colocar su rúbrica, recibió con improperios a Távara y la acusó de “confabular” en su contra.

La funcionaria, ante la impresión se desvaneció y fue auxiliada por Ledesma. Luego, se le trasladó a una clínica local donde fue sometida a un examen tomográfico y psicológico.

Al día siguiente, Távara acudió a la Defensoría del Pueblo para poder asesorarse respecto a lo sucedido.

“Sabía que el señor había sido violento, pero no sabía que conducta constituía”, dijo Távara en diálogo con El Comercio.

La funcionaria lamentó que el magistrado haya usado una entrevista pública para decir que su “trabajo es una porquería” puesto que eso abona en el maltrato antes recibido.

“Ahora la mujer tiene que probar que es víctima y si lloras eres menos. El señor se paró enfrente y me empezó a decir una serie de improperios. Entonces, si no es violencia o maltrato que te digan ‘eres menos que yo, eres una mentirosa, has complotado’ ¿entonces? Esa no es una conversación áspera, exclamó.

Távara sostiene que como funcionaria pública en el TC tiene “el triple de tiempo que el señor Espinosa-Saldaña. Soy la representante de los trabajadores en siete presidencias”, y él pudo haber cuestionado su trabajo si no le parecía correcto, pero no lo hizo.

Sostuvo que aún evalúa llevar el caso fuera del TC, por lo pronto busca que “se solucione en el ámbito del tribunal”.

-¿Procede sanción?-

El Comercio trató de recibir la versión de Espinosa-Saldaña, pero no respondió nuestras llamadas.

En días anteriores, el magistrado sostuvo en diversas entrevistas que, “jamás” insultó a Távara.

“No la descalifiqué. Solo señalé que consideraba que su trabajo no estaba al nivel de lo que correspondía. Entiendo que se sintió ofendida por algunos términos, pero si es así le pido disculpas”, dijo.

Fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que el pleno está en toda la libertad de emitir una sanción contra Espinosa-Saldaña si así lo consideran pertinente.

“Pero esta no es la primera vez, no solo a ella; sino a varias mujeres dentro del Tribunal”, han relatado.

Antes de tomar cualquier decisión, aún deben recibir oficialmente los descargos del magistrado, quien tiene hasta mañana para rendirlas.

Espinosa-Saldaña, quien se encuentra con licencia médica desde la semana pasada, ya anunció que sus descargos los entregaría por escrito.

Por tanto, en al sesión solo estarán presentes seis magistrados: Ernesto Blume (presidente del TC), Manuel Miranda (vicepresidente), Carlos Ramos, Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

Las mismas fuentes explicaron que, probablemente, el caso se extienda hasta los primeros días de enero. Esto, debido a que si Espinosa-Saldala espera el último día de plazo para entregar sus descargos, todavía deben analizar y debatir el caso en el Pleno.

Recordaron que las funciones del Pleno del TC serán solo hasta este viernes 13 de enero y de allí volverán a entrar en sesiones el 2 de enero. Por tanto, recién en esa semana se volvería a tocar el caso.

La Ley Orgánica del TC, recordaron las fuentes de dicha institución, prevé hasta la vacancia de los magistrados por actuaciones que no se condicen con la investidura de los mismos, pero que todo depende de la gravedad de los hechos.

Cabe precisar que, según la Ley Orgánica, bastan cuatro votos para aprobar una sanción para los integrantes del Pleno del TC.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento exigiendo “una diligente investigación que respete el debido proceso y que posibilite el esclarecimiento de los hechos”.

“Recordamos que, tanto en el Tribunal Constitucional, como en las demás instituciones públicas, las y los funcionarios tienen el deber de garantizar y promover el respeto de todas las personas, especialmente hacia sus trabajadores/as por tener una relación de jerarquía”, anotaron.