El juez supremo asegura que esta es la primera vez que un sentenciado lo acusa por la vía civil. (Foto: Rolly Reyna/ El Comercio)
El juez supremo asegura que esta es la primera vez que un sentenciado lo acusa por la vía civil. (Foto: Rolly Reyna/ El Comercio)
Redacción EC

La Asociación Distrital de Magistrados de Lima, entidad que representa a jueces y fiscales del distrito judicial y fiscal de Lima, ha manifestado su respaldo a los jueces Iván Sequeiros y José Neyra, quienes han sido demandados por el ex gobernador del Callao por haberlo condenado por corrupción.

El ex alcalde del Callao interpuso la demanda contra los dos jueces supremos y ha solicitado una indemnización de S/50 millones por "daños y perjuicios y daño moral” a raíz de que fue condenado a cinco años de cárcel por el Caso Convial.

​La asociación dice, a través de un comunicado, que la  demanda es "manifiestamente maliciosa y malintencionada" porque cada uno de los demandados actuaron dentro de dos tribunales diferentes integrados por varios jueces, pero solo ellos fueron denunciados.

Sequeiros formó parte de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, integrada por tres jueces, que en junio del 2016 
condenó a Álex Kouri por colusión desleal. En tanto que Neyra integró la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema conformada por cinco magistrados que en junio del 2017 confirmó la sentencia de la sala de Sequeiros.

Igualmente, la asociación dice que resulta sorprendente que se demande en la vía civil una indemnización por presunto daños y perjuicios "como consecuencia de una sentencia que goza de la autoridad de cosa juzgada y tiene validez plena".

La asociación de jueces y fiscales de Lima señala que es un deber moral y legal rechazar toda maniobra y acción que tenga como propósito usar el proceso judicial como instrumento de presión o intimidación contra los jueces que se limitan a impartir justicia a personas procesadas por actos de corrupción.

La entidad presidida por Rómulo Torres rechaza en el comunicado todo acto de amedrentamiento no solo contra los dos jueces demandados, sino contra todo magistrado que cumple con su función jurisdiccional.

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