Maritza Garrido Lecca: ¿tiene algún impedimento luego de salir de la cárcel?

La terrorista Maritza Garrido Lecca dejó hoy el penal de Ancón II, donde terminó de cumplir la condena de 25 años que recibió por pertenecer a Sendero Luminoso y ocultar en su casa al cabecilla de esta organización terrorista, Abimael Guzmán.

Desde distintos sectores de la política, tanto del Gobierno como de bancadas de oposición, han demostrado su desazón frente a la liberación de la terrorista y han planteado que se establezca una política de vigilancia, tanto para el caso de Maritza Garrido Lecca como el de otros condenados por terrorismo que saldrán el libertad.

En este punto, cabe preguntarse sobre cuáles son las medidas que el Estado Peruano ha adoptado frente a los sentenciados por terrorismo que cumplen sus condenas.

Este Diario revisó las normas vigentes y halló el Decreto Supremo 19-2010-ED, que establece la prohibición para los condenados por terrorismo para ejercer la docencia en instituciones educativas públicas o privadas.

Además de ello, el penalista Luis Lamas Puccio y el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo Marcos Ibazeta coincidieron en diálogo con El Comercio en que no existe otra prohibición para los condenados por terrorismo en la sociedad.

Lamas Puccio explica que no existen más prohibiciones porque "una persona que ya cumplió su condena no puede ser objeto de cualquier tipo de restricción, a no ser que vuelva a cometer un delito".

"El derecho a la libertad se justifica a través de una sentencia que ha sido ya cumplida y permite que la persona se reincorpore a la sociedad con igualdad de derechos frente a cualquier ciudadano", añade.

Como alternativa, Lamas Puccio plantea que "el sistema de inteligencia tendría que hacer un seguimiento para ver si esta persona sigue o no dentro de su actividad terrorista o en grupos como el Movadef".

En la misma línea, Marcos Ibazeta propuso que "se podría incidir en declarar una muerte civil en plano económico para los condenados por terrorismo que no paguen su reparaciones civiles", ya que ellos adeudan grandes montos de dinero al Estado.

"La regla ya existía, pero no sé por qué la han dejado sin efecto. [...]  Habría que convertirla en una norma general para que todo moroso sea declarado insolvente", detalló.

-La vía del Congreso-
Hacia finales del año pasado, la bancada de Fuerza Popular presentó dos proyectos de ley, elaborados por el congresista Héctor Becerril, en esta materia. Uno planteaba la "muerte civil" para condenados por terrorismo y otro, la prohibición para que ellos participen en procesos de elección popular.

En diálogo con El Comercio, Héctor Becerril cuestionó que el segundo proyecto, que presentó en noviembre del 2016, aún no entre a debate en la Comisión de Constitución del Congreso, hoy presidida por su colega de bancada Úrsula Letona.

Sobre el proyecto de "muerte civil", el fujimorista indicó que retiró el primero y lo reingresó la semana pasada con unas correcciones. Entre estas, la principal es incorporar la prohibición para que el Estado contrate a sentenciados por terrorismo.

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