Mark Villanella, esposo de Keiko Fujimori, indicó que existe una persecución política contra él y su familia. Aseguró que se quedará en el país porque es peruano. (Foto: Fernando Sangama)
Mark Villanella, esposo de Keiko Fujimori, indicó que existe una persecución política contra él y su familia. Aseguró que se quedará en el país porque es peruano. (Foto: Fernando Sangama)
Karem Barboza Quiroz

, esposo de la lideresa de Fuerza Popular (FP), , ya no cuenta con una medida restrictiva que le impida salir del país.

Ayer, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios anuló la decisión que adoptó el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó una orden de impedimento de salida del país por 36 meses contra Vito Villanella.



Vito es investigado por presunto delito de lavado de activos junto a Fujimori Higuchi y otros en el denominado caso Cocteles.

-Las razones de su investigación-

Según la fiscalía, Mark Vito habría lavado dinero a través de la conversión y ocultamiento al adquirir tres terrenos. Dos de ellos ubicados en Chilca (Cañete), adquiridos en el 2015 y que estaban valorizados en USD$ 178.937.

El otro, adquirido en el 2013, está ubicado en la urbanización La Quebrada de Cieneguilla y cuyo valor asciende a USD$144.946.20.

-Parte de una organización criminal-

De acuerdo al Ministerio Público, Mark Vito forma parte de la organización criminal que lideraría Keiko Fujimori.

Su papel habría consistido en colaborar con el ocultamiento de parte de los aportes que habría recibido Keiko Fujimori para las campañas electorales del 2011 y 2016 a través de la compra de inmuebles, cuyo origen ilícito se investiga. 

-Juez dictó impedimento de salida del país-

El 27 de noviembre del 2018, en el marco de la investigación que se le sigue a Mark Vito por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado por el caso Cocteles, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el impedimento de salida del país por 36 meses.

En su resolución, el juez sostuvo que Vito Villanella no había podido sustentar económicamente la compra de los tres terrenos. Indicó que su empresa MVV Bienes Raíces, cuyo patrimonio asciende a S/.1.000, no podría sustentar la inversión.

Que la fuente del dinero habría provenido, en parte, de los actos de corrupción del ex presidente Alberto Fujimori y otros en los años ’90.

Que dicho dinero habría tenido ganancias ilícitas. Además, que este presunto dinero ilícito por sí solo tampoco habría sido la fuente total de la compra por lo que habría otros ingresos ilícitos que no se habían determinado.

-Sala anuló la orden de impedimento-

El último lunes, la Segunda Sala de Apelaciones anuló el impedimento de salida del país de Mark Vito, desestimando parte de la resolución emitida por el juez Richard Concepción.

Según el tribunal, el juez introdujo de oficio un argumento que no fue postulado por la fiscalía en su pedido de impedimento de salida del país. Esto, al sostener que la actividad previa del delito de lavado de activos “habría tenido lugar en los noventa, pero no señala cuáles son los años”.

Por tanto, no existe fundamentación sobre las ganancias ilícitas ni cómo se relacionan con el dinero dispuesto para la adquisición de los bienes inmuebles. Además, al sostener que se usaron ganancias ilícitas del dinero del ex presidente Alberto Fujimori, necesita mayor investigación por parte del Ministerio Público.

Por todo ello, la decisión judicial de ordenar el impedimento de salida del país contra Mark Vito, recae en una falta de imparcialidad.

-Nuevo juez debe pronunciarse-

El tribunal, presidido por el juez Octavio Sahuanay e integrado por los magistrados Jessica León e Iván Quispe, dispuso que un nuevo juez se pronuncie sobre el pedido de impedimento de salida del país solicitado por la fiscalía contra Mark Vito.

Cabe recordar que no es la primera vez que dicha Sala anula una decisión del mencionado juez. En octubre del 2018, anuló la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori y un grupo de personajes vinculados a Fuerza Popular, que permanecían retenidos por diez días en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.