Luis Galarreta
Luis Galarreta
Redacción EC

Primero fueron los televisores, luego las computadoras para diseño gráfico avanzado, las tablets, y ahí nada más los arreglos florales… Ahora, en medio de protestas contra el despilfarro de dinero en el Parlamento y marchas pidiendo que lo cierren, sale a luz otra perla: el Congreso contrató a más de cuatrocientos nuevos trabajadores durante la presidencia de Luz Salgado, según información periodística. Tres de los nuevos empleados –cuyos contratos son por tiempo indefinido y perciben salarios mayores a 14 mil soles– desempeñan funciones imposibles de precisar. Uno es especialista parlamentario, otro especialista administrativo y el tercero apoyo de la oficina de asesoría jurídica. Lo más grave: los tres figuran como aportantes a la campaña electoral del fujimorismo, según registros de la ONPE, y uno de ellos hasta fue personero legal de Fuerza Popular.

¿Coincidencia?

Para que estos nombramientos fueran “legales”, la Mesa Directiva dispuso la suspensión del Estatuto del Servicio Parlamentario, que establece que para que un colaborador pase a ser estable debe cumplir con requisitos que los susodichos no cumplían.

La denuncia fue hecha el domingo por “Cuarto poder” y a primera hora del lunes, luego de una andanada de críticas, Luis Galarreta no tardó en justificar lo que claramente es un acto de favoritismo político con argumentos pueriles. De acuerdo con el presidente del Congreso, “cualquiera puede haber sido aportante en cualquier lado, eso no tiene nada que ver”. Olvida el más entusiasta promotor de la ley “antimermelada” que el financiamiento de las campañas electorales de su partido es todavía materia de investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos (casos Odebrecht y cocteles). Y que hace apenas una semana quedó claro el motivo por el cual la bancada naranja se opuso a la aprobación de una ley para que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, permitiendo que siguieran en el limbo regulatorio del que hoy gozan muchas pequeñas, medianas y grandes lavanderías de dinero, producto del narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas.

No fue uno sino varios los congresistas fujimoristas que cubrieron sus gastos de campaña con préstamos cooperativistas. Dinero de origen sospechoso, siempre según data del Ministerio Público. El propio Joaquín Ramírez, ex secretario general de FP, está ligado a la megacooperativa que administra la Universidad Alas Peruanas.

Es que el favor con favor se paga. Y para FP las finanzas del partido están por encima de cualquier pedido de austeridad del Gobierno Central y muy lejos de la agenda país o la lucha contra la corrupción. ¿Qué hubiese sucedido si en la segunda vuelta del 2016 no era PPK sino Keiko Fujimori quien ganaba las elecciones? ¿Quiénes hubiesen sido designados ministros? ¿O procuradores? ¿O jefe o jefa de la Sunat? Si el paso de Kuczynski por la presidencia fue una pérdida de tiempo, peor hubiese sido tener al fujimorismo en los dos palacios. Dios es peruano, no cabe duda.

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