Milko Ruiz (Foto: Nancy Chappell/El Comercio)
Milko Ruiz (Foto: Nancy Chappell/El Comercio)

El procurador antiterrorismo informó que hasta la fecha se ha recaudado más de S/700.000 en efectivo por reparaciones civiles pagadas por subversivos. Además, proyecta que la cifra llegará a S/1 millón a fin de año.

Ruiz indica también que el proceso de cobro a sentenciados por terrorismo es difícil, por lo que se necesita trabajar de forma conjunta con el Poder Judicial, donde –advierte– hay retrasos.

—¿Cuántos sentenciados por terrorismo están registrados por la procuraduría?
Nosotros tenemos en nuestra data registrados 930 sentenciados por delitos de terrorismo.

—¿La mayoría son de Sendero Luminoso o del MRTA?
De Sendero Luminoso vendrían a ser un 80% del total. Y del MRTA tenemos un 20%.

—¿Quién es el encargado del cobro de las reparaciones civiles a los sentenciados por terrorismo?
Somos nosotros, la Procuraduría Pública Especializada en Terrorismo del Ministerio del Interior, no hay otra oficina o institución en terrorismo, pero no trabajamos solos, somos los encargados de ejecutar ese cobro a través del Poder Judicial. No tenemos ningún problema en el Poder Judicial solo que hay retrasos.

—¿Cómo es el proceso que se realiza en la procuraduría para los cobros?
Cuando una persona está sentenciada le fijan un monto de reparación civil, la procuraduría asume el procedimiento de cobro. Primero se verifica si va a pagar antes de hacer otro mecanismo, se le requiere. Si paga, terminó el tema. Si a ese requerimiento se hace caso omiso, entonces se efectúa el embargo de los bienes.

—¿Conviene el cobro en efectivo o el embargo para cubrir las reparaciones civiles?
A la procuraduría lo que le importa es, como cualquier organismo de cobro, no tanto el tema de una fianza o algo, sino en efectivo. El embargo ya es la medida por la cual no quieres pagar en efectivo, te embargo y luego remato. Pero nosotros apelamos a presionar a la persona para que pague en efectivo.

—¿Qué dificultades encuentran en el proceso?
El problema es que estas personas no tienen bienes y tienen trabajos muy efímeros. Apelamos más al secuestro conservativo, que es ir al lugar donde vive. También hay muchos que evaden su responsabilidad con mañas, varían de domicilio o dicen que no vive ahí. Lo otro es que, de los pocos bienes que tienen registrados o que heredan, lo transfieren, es la clásica.

—¿A quiénes de la cúpula terrorista se les ha hecho embargos?
Dentro de los cabecillas de Sendero Luminoso se les ha detectado bienes y se les ha embargado a [Osmán] Morote Barrionuevo, cuatro bienes; Margie Clavo Peralta, un bien; Martha Huatay, un bien. Del MRTA Víctor Polay cuatro bienes y Alberto Gálvez Olaychea, un bien. Los demás, hasta el momento, no tienen ningún bien.

—¿Maritza Garrido Lecca pagó la reparación civil impuesta por el Estado?
No, ella no ha pagado ni un sol. Hemos hecho un registro de sus bienes. Desde el momento que ella ha estado en la cárcel no tiene ningún bien a su nombre que pueda ser materia de embargo. Tiene una reparación civil vigente, cuando ella salga libre la procuraduría, no te puedo detallar los mecanismos, hará las acciones que correspondan para ejecutar el cobro.

—¿Qué otras medidas se pueden tomar para hacer efectivo el cobro si es que el subversivo no tiene ningún bien?
El secuestro conservativo: ir al inmueble donde vive y ver qué es de ella y cobrar. Estas personas tienen que vivir en algún lado, no viven bajo un puente, y lo que se pueda cobrar es de eso. Cuando tienen un bien, se embarga ese bien.

—¿Y si no es posible?
Cubrimos el máximo que se pueda. Sucede muchas veces que cuando se les embarga vienen a pagarnos voluntariamente. Si ya pagó, se levanta el embargo. Por ejemplo, Nancy Madrid, ella debía S/10 mil, se le detectó un bien, pero ella no era la propietaria exclusiva, lo era con su esposo. Se le embargó su derecho y acciones del 50%. Cuando se le embarga, ella va al juzgado y deposita los S/10 mil y solicita que se anule ese embargo. Pero el objetivo se cumplió porque pagó.

—¿Qué se implementó desde que ingresó a la procuraduría para lograr efectuar el cobro?
Fortalecer el área de reparación civil, actualmente tenemos una coordinadora y un grupo de cuatro abogados. Existía antes, pero eran muy pocos, ahora yo he concentrado a esa área y la repotencié. Hicimos convenio con la Sunarp para detectar los bienes, [algo] que no había antes, pedidos a la Sunat, Reniec, todas esas cosas se han implementado en esta gestión.

—El Consejo de Defensa Jurídica va a plantear una norma para que las reparaciones civiles en casos de terrorismo y otros sean imprescriptibles…
La directiva que he dado es que se evite la prescripción y que se cobre, que se actúe inmediatamente. Las reparaciones civiles, entre los 80 y 90, que están en intis algunas, ese es un tema que ya, por el tiempo, muchas tal vez hayan prescrito.

—¿Algún caso durante su gestión?
Yo cuando llegué acá ya estaban prescritas, porque estamos hablando de hace más de 20 años. Es un tema que sería importante para inclusive esas, tan antiguas, evitar que prescriban.

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