OCMA intervino despacho de juez que coordinó liquidación de Hinostroza

Un equipo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) intervino este viernes el despacho del juez Hugo Velásquez Zavaleta, titular del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La medida se da un día después de la difusión de audios entre dicho magistrado y el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Según informó la OCMA, un equipo contralor acudió a la sede del referido juzgado para acopiar mayores elementos de juicio a la investigación disciplinaria iniciada contra Velásquez Zavaleta.

“La OCMA exhorta a todos los magistrados y auxiliares de este poder del Estado a observar en sus actuaciones el principio de neutralidad, así como una conducta ética y con apego a la normatividad legal y reglamentaria vigente, a fin de no empañar la imagen del Poder Judicial”, señala el ente en un comunicado.

Previamente, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, oficializó este viernes su solicitud a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, para que inicie una investigación al juez Zavaleta.

El pedido de Prado se da luego de que IDL-Reporteros difundiera ayer las cuatro grabaciones de fines del año pasado e inicios de este que dan cuenta de que Velásquez coordina una resolución con Hinostroza sobre una liquidación que favorece a este último.

Según el informe, Velásquez tuvo a su cargo la ejecución de la sentencia que ordenó el pago de remuneraciones homologadas a más de 3 mil jueces. Entre esos magistrados había 13 jueces supremos, a quienes debían pagarles S/18 millones en total. A César Hinostroza le correspondía S/ 1’961.004. La liquidación también favorecería a Prado Saldarriaga, quien precisó que el pago está en suspenso a causa de un recurso interpuesto por la procuraduría del Poder Judicial.

—La posición de juez Velásquez—
El juez Velásquez comentó brevemente a El Comercio que durante la diligencia se tomó su declaración y el personal de la OCMA sacó copias del expediente del caso. 

El magistrado recordó que el caso se remonta a un proceso iniciado en el 2009 por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el Poder Judiciaĺ, reclamando la ampliación de una ley para homologar la remuneración de sus asociados (jueces). Precisó que el tomó el caso en el 2013, para ejecutar lo resuelto por otra sala anteriormente.

"Cuando se efectúa la liquidación individual, dispongo no solo notificar a las partes procesales, sino a todos los jueces para que conozcan del caso. La neutralidad la mantení porque yo no resolví nada a favor de Hinostroza, fueron otros jueces que declararon fundada la demanda", apuntó.

"De repente cometí un error, cuando debí indicarles que se informen con el presidente [del Poder Judicial]. Pero no fue con mala fe o con ánimo de beneficio alguno", manifestó también consultado por si hacía un mea culpa.

En tanto, sostuvo que la única manera de dejar sin efecto una sentencia de cosa juzgada "es que el interesado renuncie. Si no, se tiene que ejecutar en sus propios términos".