El Ministerio Público allana este domingo otro inmueble del empresario Gonzalo Monteverde, investigado por presuntamente haber colaborado con la empresa Odebrecht para el pago de sobornos a ex funcionarios peruanos.
Miembros del equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato realizan esta diligencia en un inmueble ubicado en Cerros de Camacho, en el distrito de Surco.
► ¿Quién es Gonzalo Monteverde, el empresario implicado en el Caso Odebrecht?
►Editorial: Ensamblaje brasileño
Este allanamiento se suma a los que se realizaron el último sábado a siete inmuebles vinculados a Gonzalo Monteverde y otros involucrados.
Además de los allanamientos, el Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de María Álvarez Camacho, dictó 10 días de detención preliminar contra cinco personas.
Junto a Gonzalo Monteverde, esta medida alcanzó a María Isabel Carmona Bernasconi, Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, Carlos Javier Ángeles Figueroa y Marcionila Cardoso Pardo. De estas cinco personas, la fiscalía solo logró ubicar a los dos últimos en sus domicilios ubicados en Surco y Barranco, respectivamente.
El Ministerio Público también ha obtenido una medida judicial de vigilancia a un inmueble ubicado en el Malecón Santa María, en Santa María del Mar, el cual también estaría vinculado a Gonzalo Monteverde.
Todas estas diligencias fueron solicitadas por el fiscal José Domingo Pérez luego del interrogatorio al cual fue sometido el ex tesorero internacional de Odebrecht, Luis da Rocha Soares.
Él aseguró el último jueves que la firma brasileña utilizó las empresas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Monteverde, para introducir dinero al Perú destinado al pago de coimas.
Según fuentes de El Comercio, Da Rocha Soares explicó a los fiscales que lo interrogaron en Curitiba, Brasil, que Odebrecht transfirió dinero a las cuentas de Monteverde por medio de Olivio Rodrigues Júnior, operador financiero externo de la caja 2. Esto, con la finalidad de que la constructora dispusiera de efectivo en el Perú para pagar sobornos.