El procurador Jorge Ramírez y el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, firmaron el convenio con la constructora. (Foto: GEC)
El procurador Jorge Ramírez y el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, firmaron el convenio con la constructora. (Foto: GEC)
María Isabel Álvarez

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho evaluó hoy -durante unas tres horas- el pedido que planteó la constructora para que aclare una cláusula que condiciona la devolución a la empresa de S/524 millones por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla.

La magistrada, quien antes validó el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora, escuchó a las partes en una audiencia reservada, en la sede del sistema anticorrupción, en el edificio Carlos Zavala, junto a Palacio de Justicia.

Luego de esta audiencia, la jueza Álvarez se pronunciará en las próximas semanas sobre el pedido de la constructora, y notificará su decisión a las partes que firmaron el acuerdo.

En la audiencia participó el fiscal , integrante del equipo especial del Caso Lava Jato.

Además, estuvo presente el procurador ad hoc Jorge Ramírez. Se había previsto igualmente la participación de los abogados de la empresa y los representantes legales de los cuatro colaboradores eficaces: Jorge Barata, Ricardo Boleira, Carlos Nostre y Renato Ribeiro Bortoletti.

—La solicitud—

En medio de la controversia por la devolución del dinero, Odebrecht pidió hace algunas semanas a la jueza que aclare la sentencia con la que validó el acuerdo de colaboración eficaz.

Álvarez Camacho será la encargada de dilucidar la cláusula que impuso en la sentencia, con la que condiciona la devolución del dinero excedente de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. La jueza establecía que no deben existir pesquisas, investigaciones o procesos abiertos sobre la empresa.

En audiencia, escuchará los argumentos de la fiscalía, la procuraduría y la empresa.

El fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo Lava Jato, y el procurador Jorge Ramírez se han mostrado a favor de que el dinero retorne a la empresa, con el objetivo de que se cumpla el convenio firmado en febrero de este año.

La constructora necesita el dinero para continuar con sus operaciones en el país y no entrar en insolvencia, explicaron.

Además, el monto que se ha solicitado es necesario para pagar la búsqueda de información en los servidores, que sirven como soporte para las declaraciones que Jorge Barata ofrece a la fiscalía peruana.

Justamente, un mes después de la audiencia –del 12 al 14 de noviembre– Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, será nuevamente interrogado por el fiscal Pérez.

Según la información de la procuraduría a la que accedió este Diario, en diciembre del 2018 Odebrecht tenía una caja libre de US$6,9 millones, para una deuda que asciende a US$1.348,9 millones.

La constructora tiene activos líquidos por US$279 millones.