Lava Jato: un balance de los hitos del caso en el 2019

El 2019 comenzó entre protestas por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato y terminó entre audiencias por un reiterado pedido de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El año que pasó estuvo, sin duda, marcado por las consecuencias de este caso. Yvan Montoya, Luis Pásara y Erick Sablich hacen un balance de los hitos del caso.

Yvan Montoya: “Nos ha permitido conocer muchísima información”

Exjefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción

El balance global del avance de las investigaciones es positivo. Ha sido muy importante para la lucha anticorrupción, a pesar de tener algunos contratiempos. Más allá del éxito o no de las investigaciones en el futuro, nos han permitido conocer muchísima información sobre los aportes que han hecho Odebrecht y otras empresas; sobre el proceso de captura del Estado por intereses particulares en el financiamiento de campañas electorales; detalles de 4 o 5 grandes casos de corrupción que han atravesado a todos los gobiernos democráticos del país; la forma usada para pagar un porcentaje específico –coima– para la concesión de una obra.

No creo que haya que medir el éxito de las investigaciones solo y únicamente sobre la base de cuántas condenas obtengamos, que por supuesto son importantes, sino también por lo que nos permiten conocer sobre la corrupción en la política y en las grandes licitaciones.

Si bien el acuerdo de colaboración con Odebrecht pudo ser perfectible, creo que este es un hito positivo, un instrumento valiosísimo. El costo de no haber llegado a esa homologación hubiera sido devastador para las investigaciones y el éxito eventual de estos casos.

Ha permitido conocer elementos importantes para que el ciudadano tome conciencia del daño enorme que la corrupción le ha hecho al país. A pesar de que ha supuesto muchos beneficios a los imputados y a la empresa, este acuerdo permite ratificar los testimonios y aportar documentación que le den consistencia a esas declaraciones.

El Caso Lava Jato, para los que hemos hecho este tipo de investigación, es sumamente complejo por el número de personas, el modus operandi y por la envergadura de los altos funcionarios y estructuras involucrados. Tiene una complejidad que, a mi juicio, es mayor que la que vimos en el régimen de Alberto Fujimori. Este es un caso novedoso, complejo, corporativo y esto lo hace un equipo pequeño, probablemente con insuficiencias de presupuesto y de personal, enfrentándose a estos procesados y abogados bien remunerados, con capacidades y que trabajan corporativamente. Cuando uno valora el trabajo tiene que hacerlo en ese esquema.

Luis Pásara: “No tienen preparación como investigadores”

Doctor en Derecho

En las últimas semanas se ha hecho evidente que los casos a cargo del llamado equipo especial tienen un avance insuficiente. El procesamiento ha estado sujeto básicamente a la información llegada desde Brasil y a lo declarado por otros colaboradores eficaces. Los hechos demuestran que, hasta ahora, esos elementos no han dado base adecuada para producir acusaciones respecto de personas que tienen muchos meses en prisión preventiva.

A mi modo de ver, la explicación de esa situación reside en que nuestros fiscales, formados como abogados, no tienen preparación como investigadores. Por eso dependen tanto de lo que les dicen, en Brasil o en el Perú, quienes estén dispuestos a contar su propia versión de los hechos bajo investigación, sabiendo que así pueden disminuir su propia responsabilidad y la sanción que les toca.

A eso se debe añadir que no se cuenta con recursos para examinar si en la montaña de documentos facilitados por Barata y otros hay pruebas verdaderamente sólidas para acusar y condenar a los “presuntos” responsables. Corremos el riesgo de que, al final, una serie de personajes resulten condenados por la opinión pública, creada a veces irresponsablemente por los medios de comunicación, y no por los tribunales.

La condena mediática, fundada o no, ha resultado útil para dar paso a las prisiones preventivas, que entusiasman a la opinión pública pero no hacen justicia. O son injustas cuando se ordenan sin haber circunstancias que las justifiquen según la ley o se prolongan excesivamente sin dar paso a un juicio. Es una aberración que alguien esté tres años en prisión sin ser juzgado. En eso estamos y no es para estar satisfechos.

Estamos a tiempo para corregir y mejorar el desenvolvimiento de estos casos, de modo que quienes hayan cometido delitos sean sancionados. Ojalá así ocurra.

Erick Sablich: “El afán de protagonismo resta legitimidad”

Analista político

Lo bueno: El 2018 terminó con la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato (EELJ), decisión que el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry tuvo que revocar ante la presión pública. Si bien la mayoría de integrantes de la Junta de Fiscales Supremos aún busca torpedear su trabajo, es positivo que el EELJ ganara la batalla al interior de su institución. Esta consolidación permitió la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht que, con todas sus imperfecciones, da más luces sobres los casos de corrupción protagonizados por la constructora en el Perú. Los avances en el Caso Toledo y el impulso a la investigación por el ‘club de la construcción’ son también destacables.

Lo malo: El EELJ ha priorizado investigaciones por financiamiento ilegal de campañas (sin duda, de interés público), equiparando este supuesto con lavado de activos y sumado el delito de organización criminal a la ecuación. Que estos delitos se hayan configurado desde un punto de vista jurídico, sin embargo, es bastante cuestionable, lo que deja cierta sensación de abuso y supone un riesgo no menor de que las imputaciones no prosperen. Asimismo, es negativo el uso desproporcionado de figuras excepcionales como la prisión preventiva y de medidas que parecen haber respondido más a criterios efectistas (allanamientos e incautaciones) que legales. Este año el EELJ debería pasar a la etapa de las acusaciones: el llamado ‘pitufeo’ está suficientemente probado, corresponde testear si calza con lavado de activos.

Lo feo: El descarado blindaje a cuestionados fiscales supremos por parte de la disuelta mayoría parlamentaria no debe olvidarse y sigue generando inestabilidad en la fiscalía. Desde el lado del EELJ, el excesivo afán de protagonismo y comportamiento errático por parte del fiscal Pérez resta legitimidad al trabajo del grupo. Su reacción ante el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva de Keiko Fujimori no puede justificarse de modo alguno.