Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) se consorciaron con Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. (Foto: Archivo El Comercio)
Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) se consorciaron con Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

La Procuraduría Ad Hoc para las investigaciones que involucran a la empresa y otras informó que ha solicitado al Poder Judicial incluir como terceros civiles responsables a las compañías que se asociaron a la constructora brasileña para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

La solicitud fue plantada al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho.

Se refiere a las empresas peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), a las que se involucra en los presuntos daños causados al Estado peruano con el otorgamiento de la buena pro y construcción de la citada obra.

De acuerdo a la procuraduría, dichas empresas obtuvieron un beneficio económico a raíz del presunto soborno de US$20 millones que recibió el prófugo ex presidente Alejandro Toledo para beneficiar a Odebrecht, cabeza del consorcio por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.

Con este pedido, la procuraduría ad hoc espera que Odebrecht y las citadas constructoras peruanas asuman el pago de la reparación civil al Estado de manera solidaria.

En este caso se ha solicitado la suma de S/ 200 millones por reparación civil de manera preliminar, señaló también la procuraduría en un comunicado. Apuntó, sin embargo, que el monto podrá variar de acuerdo a los daños civiles que se identifiquen en el transcurso del proceso.

Cabe apuntar que, al respecto, el Poder Judicial realizará este domingo una audiencia para resolver el pedido de 18 meses de prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público para cinco representantes de las empresas Graña y Montero, JJC e ICCGSA.